Dólar flexible: entre reactivación y el riesgo de una devaluación

Después de casi tres lustros de mantener un tipo de cambio prácticamente fijo, Bolivia inició un cambio de rumbo en su política económica. A partir de la aprobación de la Resolución Ministerial 245, el país ingresará a un régimen cambiario flexible, en el que el precio del dólar comenzará a responder a las condiciones del mercado y dejará de estar sujeto al esquema que el Estado sostuvo durante más de una década.

La decisión representa uno de los cambios económicos más profundos de los últimos años y surge en medio de un contexto complejo, reservas internacionales debilitadas, persistente escasez de dólares, caída de las exportaciones de gas natural, elevados costos para importar combustibles y medicamentos, además de una economía que aún intenta recuperarse tras más de 50 días de bloqueos que ocasionaron pérdidas multimillonarias al aparato productivo.

Frente a este panorama, el Gobierno sostiene que la flexibilización cambiaria es parte del proceso para normalizar el mercado de divisas y recuperar la confianza. Sin embargo, distintos sectores advierten que, si la medida no viene acompañada de disciplina fiscal, incentivos a la producción y estabilidad institucional, podría convertirse en el detonante de una mayor inflación y de una pérdida acelerada del valor del boliviano.

Advertencia de devaluación

Uno de los pronunciamientos más críticos provino del vicepresidente Edmand Lara, quien alertó que liberar el tipo de cambio sin contar con suficientes reservas internacionales, respaldo fiscal y confianza de los mercados puede derivar en una devaluación de la moneda nacional.

En un documento público, la autoridad sostuvo que Bolivia enfrenta "uno de los momentos económicos más delicados de las últimas tres décadas" y que la escasez de dólares debe afrontarse con responsabilidad y transparencia.

Lara explicó que un incremento en la cotización del dólar impactaría directamente sobre los precios de los alimentos, medicamentos, maquinaria, combustibles e insumos importados, elevando los costos de producción y reduciendo el poder adquisitivo de las familias.

Su preocupación se centra en que los salarios y las pensiones no crecen al mismo ritmo que los precios. Bajo ese escenario, cualquier depreciación del boliviano terminaría trasladándose a la canasta familiar.

Para respaldar su posición citó experiencias internacionales como Zimbabue, Argentina en 2018, Rusia en 1998 y Turquía entre 2021 y 2023, países donde la liberalización cambiaria estuvo acompañada por fuertes procesos inflacionarios debido a la falta de respaldo fiscal e institucional.

"Sin disciplina fiscal, sin más dólares genuinos y sin confianza, el tipo de cambio flexible deja de ser estabilizador y se vuelve un acelerador de inflación e incertidumbre", advirtió.

Además del análisis económico, Lara también cuestionó el aspecto jurídico de la medida, al considerar que la administración del régimen cambiario corresponde al Banco Central de Bolivia y no al Ministerio de Economía, planteando incluso que la resolución invade competencias establecidas por ley.

La apuesta del Gobierno

Desde el Ejecutivo la lectura es completamente distinta.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, defendió el nuevo régimen asegurando que permitirá ordenar definitivamente el mercado cambiario, facilitar el ingreso de divisas y fortalecer al sector exportador.

Según explicó, el país pasó de convivir con varios tipos de cambio —oficial, paralelo y otros mecanismos informales— a un sistema más transparente con dos referencias oficiales.

La autoridad afirmó que el nuevo esquema facilitará la llegada de remesas enviadas por bolivianos en el exterior, incentivará nuevas inversiones y devolverá competitividad a las exportaciones nacionales.

Espinoza también destacó que Bolivia registra cuatro meses consecutivos de superávit fiscal y aseguró que ello constituye una señal de estabilidad para enfrentar esta nueva etapa.

El Banco Central fijó como referencia inicial un tipo de cambio de Bs 9,73 por dólar, aunque, bajo el nuevo régimen, este valor podrá modificarse conforme evolucione el mercado.

Para el Gobierno, la flexibilización no representa una devaluación, sino un sinceramiento del mercado cambiario que permitirá eliminar distorsiones acumuladas durante los últimos años.

Empresarios: el cambio no basta por sí solo

Aunque el sector empresarial reconoce que el país necesitaba corregir el sistema cambiario, considera que la medida, por sí sola, será insuficiente.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, sostuvo que la flexibilización constituye el reconocimiento de una realidad económica que Bolivia viene enfrentando desde hace varios años.

Sin embargo, aclaró que ningún régimen cambiario resolverá la crisis si no forma parte de un programa nacional de recuperación económica.

Para la entidad empresarial, el nuevo escenario debe complementarse con seguridad jurídica, libre disponibilidad de divisas, incentivos a las exportaciones, atracción de inversiones privadas, reforma tributaria, simplificación del comercio exterior y reglas claras para quienes producen e invierten.

Olivo recordó además que el país llega a esta nueva etapa después de más de 53 días de conflictos sociales que dejaron pérdidas millonarias para todos los sectores productivos.

En ese contexto, insistió en que recuperar la confianza será tan importante como la propia política cambiaria.

Los desafíos que vienen

Especialistas coinciden en que un régimen cambiario flexible no es negativo por definición. De hecho, es el sistema utilizado por numerosas economías del mundo.

Sin embargo, también advierten que su éxito depende de la fortaleza de la economía que lo respalda.

Bolivia enfrenta actualmente importantes desafíos, reconstruir sus reservas internacionales, incrementar las exportaciones, reducir la dependencia de las importaciones de combustibles, diversificar su aparato productivo y generar mayores ingresos en divisas.

En el corto plazo, uno de los principales riesgos será evitar que el aumento del dólar se traslade rápidamente al precio de los alimentos, medicamentos y productos básicos, alimentando una inflación que termine afectando principalmente a los hogares de menores ingresos.

Al mismo tiempo, las empresas deberán adaptarse a un nuevo escenario donde los costos de importación, la planificación financiera y las inversiones estarán mucho más expuestos a las variaciones del mercado cambiario.