Ministro Romero desiste de su denuncia en contra de cuatro internautas de RRSS
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, desistió de su denuncia en contra de cuatro usuarios de las redes sociales, que criticaron su desempeño durante las investigaciones de Pedro Montenegro, buscado por la justicia brasileña por el delito de narcotráfico. “Me han aconsejado nuestros...
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, desistió de su denuncia en contra de cuatro usuarios de las redes sociales, que criticaron su desempeño durante las investigaciones de Pedro Montenegro, buscado por la justicia brasileña por el delito de narcotráfico.
“Me han aconsejado nuestros asesores y personas particulares que no haga caso a las redes sociales, o sea, me voy a manejar en ese sentido. No voy a hacer caso a ese tema”, declaró el titular del Ministerio de Gobierno en una conferencia de prensa.
El fin de semana, el ministro Romero dijo que envió toda la documentación de las redes sociales para que el Ministerio Público inicie una “profunda investigación”, incluso explicó que remitieron información de un trabajo de peritaje de detección informática para dar con los anónimos.
Romero sostuvo que existió una actitud “perversamente deformada” de información en las redes sociales, por lo que decidió en su “condición de víctima” acudir a la justicia para que se indague sobre lo que se compartió en las redes sociales.
Varias críticas surgieron a su decisión de denunciar penalmente a los usuarios de cuentas en redes sociales, este martes, Romero salió al frente para sostener que en su calidad de autoridad pública está expuesta a las críticas, a la observación, a los insultos e incluso a la calumnia.
“Ese tema de redes sociales o medios de comunicación que expresan vocerías políticas, si nos critican, tenemos que asumir las críticas con humildad; si nos observan el trabajo, tenemos que asumir con reflexión y filosofía; si nos insultan tenemos que aceptarlo, lamentablemente es la condición de una persona pública”, afirmó.
Tras la denuncia de Romero, la Fiscalía de La Paz reaccionó de manera inmediata, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que cuatro personas eran investigadas por postear mensajes en redes sociales en contra del ministro Romero.
Anticipó que se los investigaba por los delitos de “delitos informáticos” y por “delitos contra la dignidad de las personas”.
“Me han aconsejado nuestros asesores y personas particulares que no haga caso a las redes sociales, o sea, me voy a manejar en ese sentido. No voy a hacer caso a ese tema”, declaró el titular del Ministerio de Gobierno en una conferencia de prensa.
El fin de semana, el ministro Romero dijo que envió toda la documentación de las redes sociales para que el Ministerio Público inicie una “profunda investigación”, incluso explicó que remitieron información de un trabajo de peritaje de detección informática para dar con los anónimos.
Romero sostuvo que existió una actitud “perversamente deformada” de información en las redes sociales, por lo que decidió en su “condición de víctima” acudir a la justicia para que se indague sobre lo que se compartió en las redes sociales.
Varias críticas surgieron a su decisión de denunciar penalmente a los usuarios de cuentas en redes sociales, este martes, Romero salió al frente para sostener que en su calidad de autoridad pública está expuesta a las críticas, a la observación, a los insultos e incluso a la calumnia.
“Ese tema de redes sociales o medios de comunicación que expresan vocerías políticas, si nos critican, tenemos que asumir las críticas con humildad; si nos observan el trabajo, tenemos que asumir con reflexión y filosofía; si nos insultan tenemos que aceptarlo, lamentablemente es la condición de una persona pública”, afirmó.
Tras la denuncia de Romero, la Fiscalía de La Paz reaccionó de manera inmediata, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que cuatro personas eran investigadas por postear mensajes en redes sociales en contra del ministro Romero.
Anticipó que se los investigaba por los delitos de “delitos informáticos” y por “delitos contra la dignidad de las personas”.