Daroca, el rastro de García Linera

Junior Arias prendió una luz: Sebastián Daroca, el contratista de la Asamblea Legislativa Plurinacional, fue el elegido de Rodrigo Paz Pereira para poner fin al escándalo de la “gasolina basura”, que desde enero ha destruido al menos 60.000 vehículos (única cifra oficial reconocida por el asesor del presidente, Fernando Cerimedo, en televisión argentina) y sobre todo, ha minado la confianza en el gobierno luego de que el litro, además, subiera de 3,74 a 6,96.

Daroca ya ejercía la Vicepresidencia Nacional de Operaciones con Akly, así que su designación como sustituto de Cronenbold, que se fue pateando la puerta antes de que todos empezaran a reconocer que Vitol era el problema, sonó más a ajuste interno que a apuesta de futuro. Cosas que hay que limpiar diría aquel.

Daroca no es ningún novato en el rubro. Entró en YPFB en 2006 y en 2007, luego de que Andrés Soliz Rada diera un paso al costado del ministerio de Hidrocarburos señalando al vicepresidente Álvaro García Linera como principal interesado en moderar el decreto de nacionalización, reponer contratos de prestación de servicios y mantener una estatal petrolera sometida a los intereses del gobierno, es que ascendió justamente a esa misma Vicepresidencia Nacional de Operaciones que presidía Guillermo Aruquipa Copa.

Daroca se replegó a la Prefectura de Tarija, justamente a Hidrocarburos, pero pronto volvió a desempeñarse en cargos gubernamentales, como la gerencia de ABC, donde es recordado por muchos. Para entonces el MAS ya había vencido las resistencias y con la economía a favor se disponía a desplegar la hegemonía total. El principal teórico de esa estrategia era precisamente García Linera, que ya había purgado cualquier disidencia al interior del partido y establecido sistemas pragmáticos para mantener la confianza de los movimientos sociales y se disponía a ampliar los límites.

“Derrotar e incorporar” decían sus principales discursos teóricos que normalmente generaban revuelo entre la alta burguesía y las élites aristocráticas, financieras y agroindustriales – “nos están destruyendo” – poco antes de hacer exactamente eso: llegar a acuerdos pragmáticos muy beneficiosos para todas las partes. Para nadie es un secreto que las élites cruceñas se acomodaron pronto a los nuevos tiempos.

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También pasó en Tarija, vinculados a negocios de construcción – donde Daroce también desplegaba actividad privada – y también en Hidrocarburos, donde sin mucha dificultad se encuentra una suerte de hilo conductor que ha trascendido gobiernos desde Juan José Sosa (ministro de 2011-2014), Luis Alberto Sánchez (vicepresidente de Contratos de YPFB 2013-2014 y ministro de 2014 a 2019), Víctor Hugo Zamora (ministro con Áñez), Alejandro Gallardo (ministro con Arce) y de vuelta a YPFB con Daroca. A todos ellos se les encuentran nexos con nombres comunes que se repiten, como el de Milciades Peñaloza, amigo de unos y de otros y cuya icónica foto al lado de un Evo Morales jugando al golf en Tarija amplió márgenes, pero sobre todo, supuso el inicio de su declive.

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Desde hace meses, el vicepresidente Edmand Lara y otros diputados del PDC, además de parte de la oposición, denuncian que quedan arraigadas en diferentes instancias – y sobre todo en YPFB – grupos revestidos de tecnocráticos que en realidad ya operaban durante los gobiernos del MAS, y que su simple persistencia desnuda los relatos de supuesto boicot de los que habla el presidente Paz.

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El contrato de la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional se gestionó bajo la supervisión de Álvaro García Linera. Daroca aparece como propietario de un 15% de la adjudicataria de un contrato que “sufrió” varias modificaciones al alza.

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El presidente Paz habló una semana después de su posesión de 15.000 millones de dólares “robados” de los que de momento se ha mostrado poco. Los vínculos del pasado y el presente en temas sensibles como el de las Ferroviarias Andina y Oriental; en Gravetal; en los grandes negocios de importación y exportación y otras actividades financiadas en gran parte por la Gestora Pública de Pensiones, usada a menudo como caja chica y otras, como caja de salvataje, deben ser investigados.

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Si Cerimedo no quiere volver a sufrir otro atropello conceptual, alguien en el gobierno debe blindar bien las bases.