Apelarán fallo que mantiene proyecto petrolero en Tariquía

Luego de que el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos rechazara paralizar el proyecto hidrocarburífero impulsado por Petrobras y dispusiera como principal medida la socialización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), legisladores nacionales preparan un recurso de casación para revertir la decisión, mientras organizaciones defensoras de la reserva ratificaron su rechazo al ingreso de las petroleras y exigieron al Gobierno la anulación de los contratos y decretos que habilitan actividades extractivas dentro del área protegida.

La diputada por Tarija, Adriana Aguirre, confirmó que los parlamentarios tienen plazo hasta el 21 de julio para presentar el recurso de casación en el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos que luego deberá remitirlo ante la instancia agroambiental de Sucre, en donde se agota esa vía antes de acudir a la jurisdicción constitucional.

La legisladora cuestionó que el fallo haya levantado la protección cautelar que mantenía resguardada la reserva durante los últimos meses y lamentó que el Defensor del Pueblo, quien promovió inicialmente la acción, ya no esté acompañando el proceso judicial.

"Los únicos que hemos continuado con esta causa somos un grupo de parlamentarios junto a algunos defensores de Tariquía. Nos llama la atención que el Defensor del Pueblo ya no esté acompañando este proceso", manifestó.

Observaciones al fallo

Aguirre sostuvo que durante la tramitación de la causa se identificaron una serie de irregularidades procesales y observó que el juez dejó sin efecto la medida cautelar tres meses antes de emitir el fallo definitivo, dejando —a su criterio— a la reserva "en indefensión".

Asimismo, aseguró que el principal aspecto de fondo radica en la categoría ambiental asignada al proyecto hidrocarburífero. Según explicó, la documentación presentada por Petrobras y obtenida por los demandantes demostraría que originalmente el proyecto correspondía a una Categoría ambiental 1, lo que obligaría al Estado a desarrollar un proceso mucho más amplio de consulta y participación con las comunidades potencialmente afectadas.

La parlamentaria afirmó que el cambio posterior a Categoría 2 redujo las exigencias ambientales y sociales, limitando la participación de las comunidades y la evaluación integral de los impactos socioambientales.

Entre las observaciones también mencionó presuntas irregularidades relacionadas con el saneamiento de predios donde se emplazaría el proyecto, la existencia de sobreposiciones de derechos propietarios y la ausencia de estudios hidrogeológicos suficientes para evaluar el impacto sobre las fuentes de agua de la reserva.

"Nosotros no nos oponemos al desarrollo energético, pero no se pueden vulnerar normas ambientales ni los derechos de las comunidades. También se están comprometiendo derechos de la naturaleza al no realizar una evaluación ambiental integral", sostuvo.

Socialización ordenada por el juez

El fallo emitido por el Juzgado Agroambiental dispone que Petrobras continúe con la socialización del Estudio de Impacto Ambiental, poniendo especial énfasis en la información relacionada con los recursos hídricos.

Sin embargo, para los impulsores de la demanda esta medida resulta insuficiente al considerar que no corrige las observaciones de fondo planteadas durante el proceso.

Aguirre afirma que el hecho de conminar a Petrobras a socializar el EIA, puede reducirse a tres reuniones, y dar por concluida esta etapa, más aún cuando el fallo no especifica a una instancia a que pueda acompañar este proceso.

Defensores mantienen rechazo

Desde el Comité de Defensa de Tariquía, su representante Juan Mendoza reiteró que las organizaciones sociales continuarán movilizadas en defensa del área protegida.

Asimismo, pidió al Gobierno nacional dejar sin efecto los contratos petroleros y los decretos que autorizan el ingreso de empresas hidrocarburíferas a la reserva, argumentando que la protección ambiental debe prevalecer sobre cualquier actividad extractiva.

Con el recurso de casación en preparación y la posibilidad de que el caso llegue posteriormente a la jurisdicción constitucional, el conflicto por Tariquía permanece abierto y mantiene enfrentadas dos visiones: quienes consideran estratégica la exploración hidrocarburífera para el abastecimiento energético del país y quienes advierten que cualquier intervención podría generar daños irreversibles en uno de los principales reservorios de biodiversidad y agua del departamento de Tarija.

Preocupación
Tariquía en vilo, el recurso de casación será la última carta judicial antes de la vía constitucional

Denuncian "violaciones" al Acuerdo de Escazú

La diputada Adriana Aguirre ha denunciado una presunta obstrucción a la transparencia y un "atropello" a las normas socioambientales en el marco de la Acción Ambiental Precautoria sobre el proyecto exploratorio Domo Oso-X3 en la región de Tariquía .

La legisladora cuestionó la presentación de un informe por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, solicitado por el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos. Según Aguirre, existe una irregularidad en la numeración de la documentación remitida, lo que impide verificar la integridad del contenido. "Aquí se anuncia la presentación del informe que no sabemos si efectivamente lo han presentado o no. Porque pasa de la foja 7476 a la 77. Y es vital ese informe. Eso es muchas violaciones. Obstrucción, no respeto al Acuerdo de Escazú", manifestó.