El Gobierno y el plan post golpe

Nadie esperaba que David Choquehuanca actuara en el Gobierno de Luis Arce como Álvaro García Linera en el Gobierno de Evo Morales, pero sin duda, todos los analistas le advertían un papel más activo que el que viene desempeñando. Otros, sin embargo, advierten que es la estrategia en sí misma.

Los analistas coinciden en señalar que los acontecimientos de la semana pasada han tirado por tierra todo su discurso de investidura, donde con una meridiana claridad, tal vez pretendiendo agradar más de la cuenta al sector “derrotado”, habló de un cóndor equilibrado para volar – usando metáforas de alas izquierda y derecha – y textualmente habló de “no politizar la justicia” “nunca más”, lo que se entendió como una crítica abierta al pasado y un claro compromiso de futuro.

En la gestión de Evo Morales, Álvaro García Linera actuaba como el “gran gerente del país”, como lo calificó su amigo el empresario venezolano Carlos Gill, y, además, había un experto en confrontación en primera línea: Juan Ramón Quintana, el todopoderoso exministro de la Presidencia que con su discurso cada vez más agresivo trata de huir hacia delante de sus dos grandes fracasos: el 21F y la respuesta a la crisis de “los pititas”.

En la gestión de Luis Arce – que no es Evo Morales ni en la última palabra ni en la relación con los movimientos sociales -, el Vicepresidente David Choquehuanca pasa inadvertido salvo en las fechas de discurso señalado, y no hay un “malo oficial” que responda a Arce, pues los dos protagonistas de la pulseada de los últimos días: Iván Lima como Ministro de Justicia y Eduardo del Castillo como Ministro de Gobierno, responden al viejo tándem Morales – García Linera.

Desde la sala de máquinas del oficialismo se recuerda que “así era el acuerdo”, lo político quedaba en manos de la vieja guardia, lo económico de Luis Arce y lo social – identitario de David Choquehuanca. A la hora de la verdad, sin embargo, los ciudadanos han buscado respuestas en la Presidencia. No hay acuerdos para eso.

¿Quién manda? ¿Quién opera?

La detención de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus ministros cinco días después de que concluyeran las elecciones subnacionales han despertado críticas desde la oposición interna – como era esperable -, desde círculos internacionales – y no solo la OEA, sino la UE y la propia ONU – y, también, desde los círculos más izquierdistas pro derechos humanos del proyecto nacional popular que encarna el MAS.

La estrategia en sí parece mal pensada a propósito. El desencadenante es una denuncia de una exdiputada que, llegado el momento, le servirá al ejecutivo para descargar la responsabilidad.  Además, notoriamente se han cebado con los más débiles: Una Áñez derrotada también con escarnio en su Beni natal y dos de sus ministros más jóvenes y menos conectados, acusados de participar en la conspiración para el golpe de Estado, siendo que no se les vio jamás en esos días de alta intensidad entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre de 2019, mientras que los protagonistas principales: Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, “miran de palco” el apriete.

Después del desconcierto inicial que causó en sus propias filas, los operadores han tratado de reconducir el asunto hacia Senkata y Sacaba, las dos masacres de la represión que sin duda requieren de un esclarecimiento y para lo que sí hay cierto consenso.

Algunos movimientos y agrupaciones afines al MAS han empezado un calendario de movilizaciones en respaldo a las actuaciones judiciales mientras que el Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en otro calculado gesto, ha pedido no movilizarse. Los analistas valoran esta acción de dos maneras: señalan que han sido agrupaciones urbanas y en número son muy inferiores a las concentraciones de los grupos opositores, pero destacan que en esta ocasión sí haya habido alguna respuesta popular que no se dio en octubre de 2019 y que “desprotegió el proceso”.

El ajuste

De esta forma es que se ha configurado el nuevo escenario en la política nacional en general y en el Movimiento Al Socialismo en particular, que tiene pocas opciones:

-          En el núcleo duro del partido no se plantean liberar a Jeanine Áñez ni retroceder en la causa general por el “Golpe de Estado”, aunque en la medida de lo posible se dará prioridad a la causa de Senkata y Sacaba, que requiere abrir un juicio de responsabilidades apoyado por los dos tercios de “los presentes” en la sesión de la Asamblea en la que se trate.

-          Otro grupo plantea la opción de que Áñez se vaya a una embajada a través de un descuido o una huida pactada. El régimen queda mal, pero huir siempre es sinónimo de debilidad.

-          Unos no quieren y otros no se atreven a actuar ya sobre Luis Fernando Camacho, ya Gobernador electo de Santa Cruz y que no podría quedar al margen de ningún proceso que investigue un supuesto “golpe de Estado”. Hay “pánico” a cómo se va a responder desde Santa Cruz tanto si lo aprehenden como si no, pues lo ridiculizaría.

-          Meter preso a Carlos Mesa le va a generar también serios problemas en el tablero internacional. Luis Arce y su canciller hicieron guiños a Joe Biden tras su elección, pero quedarían en nada si se posiciona la idea de la violación de derechos humanos. Áñez no se significó tanto con la ultraderecha a nivel internacional como para que los poderosos hagan la vista gorda-

-          El MAS debe definir dónde quiere colocar la oposición para los próximos años luego de que 14 años de oposición blanda, no identificada programática ni discursivamente con la derecha, haya acabado en la rebelión de 2019.

-          En esas, varios sectores dentro del MAS apuestan por resignificar el proceso de cambio y dar una mayor lucha ideológica- filosófica, que la izquierda nacional sea izquierda y la derecha, extrema derecha.