Lo que el autogolpe en Corea revela de la crisis de su democracia
La fallida ley marcial del presidente surcoreano y la moción de censura de la oposición son parte de un largo historial de inestabilidad política. No es sólo una crisis en una de las principales economías del mundo, sino en un aliado clave de Estados Unidos frente a China, Rusia y Corea del Norte.
El mundo entero se sorprendió ayer al ver que el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, invocaba el artículo 77 de la Constitución que decreta la ley marcial. Mediante un mensaje televisado en directo acusó a la oposición, encabezada por el centroizquierdista Partido Demócrata de Corea, de entorpecer los procesos parlamentarios y de conspirar contra las instituciones del Estado y el sistema democrático en alianza con Corea del Norte. Un movimiento inesperado en el país asiático, que no se daba desde que en 1979 se implementara esta misma ley tras la muerte del dictador Park Chung-hee.
El texto del decreto prohibía la actividad política de la Asamblea Nacional, dejaba a los medios de comunicación bajo el control del Ejército y, curiosamente, instaba a los profesionales médicos a ocupar sus puestos de trabajo. Este último punto se explica porque el Gobierno de Yoon lleva desde febrero enfrentando huelgas en el sector sanitario ante la escasez de personal que sufren los hospitales surcoreanos.
Tras la declaración, la incertidumbre se apoderó de Corea del Sur y los militares se apresuraron a rodear la Asamblea Nacional para impedir que los parlamentarios se reunieran con el fin de tumbar la medida. Y es que el mismo artículo 77 recoge la posibilidad de que la cámara legislativa dé marcha atrás a esta ley por mayoría absoluta. Sin embargo, los efectivos destinados a blindar el edificio eran insuficientes y algunos vídeos que han circulado por la red social X muestran que sus armas ni siquiera contaban con cargadores. Todas estas cuestiones reforzaron desde el comienzo la teoría de un autogolpe de Estado.
El porqué de esta maniobra sigue siendo una incógnita. Puede deberse a los casos de corrupción que enfrentan el presidente Yoon y su mujer por tráfico de influencias en el proceso de selección de candidatos del conservador Partido del Poder Popular en las pasadas elecciones legislativas de abril. Este escándalo ha enterrado sus índices de popularidad en torno al 20%, el más bajo desde que asumió el poder en marzo de 2022. Pese a ello, sorprende pensar que Yoon haya lanzado semejante órdago con gran parte de la población en su contra y cuando su mandato se extendía hasta 2027.
La reacción de la oposición no se hizo esperar. El líder del Partido Demócrata, Lee Jae Myung, lanzó un mensaje a la nación desde su coche camino a la Asamblea Nacional, animando a la gente a salir a las calles para poner freno a lo que catalogaba como un “acto inválido” por la falta de razones de peso que justificaran su aprobación. En el Partido del Poder Popular también se alzaron voces disonantes con la decisión del presidente, como la del líder Han Dong-hoon.
Los legisladores finalmente pudieron acceder a la cámara y en un pleno de emergencia a altas horas de la madrugada aprobaron la suspensión de la ley marcial con 190 de los trescientos parlamentarios presentes. El empuje popular a las puertas de la Asamblea fue también decisivo en una jornada que quedará marcada para la historia de Corea del Sur.
Corea del Sur, ¿democracia consolidada?
Corea del Sur es considerada una democracia plena. El índice de The Economist situaba en 2023 al país asiático en el puesto veintidós de 167, por encima de España, Francia o Estados Unidos. De hecho, en la tensa jornada de ayer los mecanismos dispuestos para frenar la ley marcial funcionaron en el descuento y frustraron las pretensiones del presidente Yoon. Sin embargo, en el seno de la democracia surcoreana, que es más joven que la española, perviven dinámicas y posos de su pasado dictatorial.
Desde su fundación en 1948 bajo la tutela de Estados Unidos, Corea del Sur estuvo gobernada por una serie de dictadores que impulsaron políticas nacionalistas y anticomunistas. Los cortos periodos en los que las fuerzas prodemocráticas intentaron impulsar una apertura se vieron truncados por golpes militares en 1961 y 1979. Las primeras elecciones consideradas libres no se dieron hasta 1987, lo que deja a Seúl con menos de cuarenta años de vida en democracia. Pese a ello, sólo un presidente (Moon Jae-in, predecesor del actual) ha cumplido su mandato con normalidad sin ser depuesto, encarcelado o asesinado, algo que deja entrever los equilibrios imperfectos propios de la democracia surcoreana.
Además de la alta judicialización de la vida política, los partidos políticos funcionan de manera muy jerarquizada, con facciones marcadas y controladas en su mayoría por clanes familiares. Y todo ello trufado con un sistema de grandes conglomerados empresariales (en coreano, chaebol) que controlan en torno al 65% del PIB del país y que mantienen estrechos vínculos con la política.
El ejemplo paradigmático más reciente es la expresidenta Park Geun-hye, hija del dictador Park Chung-hee. Gobernó el país desde 2013 hasta 2017, cuando se destapó una elaborada trama de corrupción en colaboración con un miembro de una secta y que incluía tráfico de influencias, abusos de poder, extorsión a chaebols y malversación de fondos públicos. Park acabó destituida y entre rejas.
Una crisis con impacto geopolítico
Aunque los acontecimientos de anoche sean cuestión de política interna, una Corea del Sur desestabilizada puede tener un serio impacto internacional. Se trata de la duodécima economía del mundo, según el Fondo Monetario Internacional, y con un peso importante en el sector tecnológico, especialmente en la fabricación de chips. El país posee el 17% de la cuota de producción mundial y es, junto a Taiwán, la mayor alternativa a China para los países occidentales a la hora de acceder a estos componentes.
Además, Corea del Sur es un aliado estrecho de Estados Unidos en Asia. Es una pieza fundamental en la estrategia de Washington para contener a China en colaboración con varios socios de la región. Ambos países mantienen un acuerdo de defensa desde el armisticio de la guerra de Corea en 1953, que hoy en día se traduce en 28.500 soldados estadounidenses desplegados en la zona sur de la península. Este punto es vital para Estados Unidos frente a la considerada triple amenaza de China, Rusia y Corea del Norte.
Sin embargo, un portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que no habían sido notificados de la decisión de Yoon, y el subsecretario de Estado, Kurt Campbell, “seguía con preocupación” los acontecimientos sobre el terreno. Es otra decisión desconcertante, ya que es lógico avisar por lo menos a tu mayor aliado de que vas a dar un autogolpe de Estado. Y es que a Corea del Sur le conviene no alterar mucho sus relaciones con Estados Unidos considerando que el regreso de Donald Trump está a la vuelta de la esquina.
¿Y ahora qué?
La noche en Seúl terminaba con el anuncio del levantamiento de la ley marcial por parte del Gobierno de Yoon, pero con el futuro del presidente todavía en el aire. Los manifestantes que se han acercado a la Asamblea Nacional han permanecido allí durante toda la noche para garantizar que no hubiera ningún titubeo en la retirada de la norma, pero convencidos de que nada volverá a ser igual después de este suceso.
Lo que parece claro es que el presidente queda herido de muerte y que la ruptura entre el Partido del Poder Popular y el Partido Demócrata de Corea es total. Esto conllevará una mayor polarización social y pone en cuestión algunos consensos políticos que se llevaban cultivando durante las últimas décadas de democracia, como la aceptación del rival político como interlocutor o la transición pacífica de poder.
La oposición surcoreana ya ha comenzado a promover una moción de censura para destituir a Yoon. Según el artículo 63 de la Constitución, el proceso requiere que un tercio de la cámara la presente y la aprueben la mayoría de los miembros. Si Yoon no se marcha por su propio pie en los próximos días, los números dan para sacarlo del poder.