Por qué Trump no será inhabilitado para las elecciones aunque haya sido condenado

Donald Trump ha sido declarado culpable en su primer juicio penal. En este caso, el expresidente de Estados Unidos estaba acusado de falsificar documentos para ocultar un presunto pago a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016, donde Trump terminó ganando. La finalidad de este pago habría sido evitar que aireara un encuentro sexual entre ambos años antes.

La decisión unánime del jurado ha convertido a Trump en el primer presidente estadounidense condenado en un juicio penal. Por si esto fuera poco, el candidato republicano tiene abiertos otros tres procesos penales. Está acusado de retener documentos clasificados en su mansión de Florida y obstruir a la justicia, de intentar subvertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia y de conspiración por su implicación en el asalto al Capitolio de 2021.

Sin embargo, ninguna de estas tres causas se resolverá antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Además, el Tribunal Supremo estadounidense ha dictaminado este 1 de julio que los presidentes tienen inmunidad por sus actos oficiales en el ejercicio de su cargo. Ahora, los tribunales que llevan estos casos tendrán que dirimir qué actos son oficiales y cuáles no, lo que podría dilatar o liquidar estos procedimientos. La defensa de Trump ha pedido que se desestimen los cargos apelando a esa inmunidad presidencial. Del mismo modo, el juicio de Stormy Daniels tampoco finalizará antes de los comicios, ya que Trump recurrirá la sentencia, y es improbable que estas apelaciones se resuelvan con anterioridad.

En ningún caso, estos juicios impedirán a Trump presentarse a las elecciones. La Constitución estadounidense no prohíbe la candidatura de una persona imputada o condenada. Incluso ha habido aspirantes que se han postulado desde prisión. La única opción de que Trump sea inhabilitado por la vía penal es que lo condenaran por rebelión o insurrección. Sin embargo, el magnate neoyorquino no está acusado de estos delitos en sus procesos judiciales.

El ‘impeachment’: un escenario al que Trump ya sobrevivió

No obstante, la Constitución estadounidense prevé dos posibilidades para inhabilitar a un candidato por la vía política. La más viable es un juicio político o impeachment. El artículo 2 de la Constitución permite al Congreso estadounidense destituir e inhabilitar a un funcionario público que ha cometido un delito, incluido el presidente. Para ello, se necesita mayoría simple en la Cámara de Representantes y dos tercios del Senado.

Trump ya fue sometido a dos procesos de impeachment en 2020 y 2021, siendo el único presidente estadounidense que ha afrontado dos juicios políticos. En el primero, cuando aún era presidente, fue imputado por abuso de poder tras presionar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para que investigara a Joe Biden y a su hijo Hunter por los negocios del segundo y así beneficiarse electoralmente. En el segundo juicio político, se le acusó de incitar a la insurrección durante el asalto al Capitolio. De haber prosperado este último impeachment, Trump no podría presentarse a las elecciones de este año. Sin embargo, en ambos procesos salió absuelto gracias a los votos de los republicanos en el Senado.

La Decimocuarta Enmienda, una alternativa llena de incógnitas

La Constitución también permite vetar a un candidato que haya incurrido en rebelión o insurrección, según establece la sección 3 de la Decimocuarta Enmienda. La Corte Suprema de Colorado usó esta vía en diciembre del año pasado para excluir a Trump de las primarias de su estado. Sin embargo, el expresidente recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo estadounidense, que anuló la decisión por unanimidad en marzo. El tribunal resolvió que los estados no tienen competencia para determinar la elegibilidad de un cargo federal conforme a lo estipulado en la Decimocuarta Enmienda. Además, declaró que esa potestad le corresponde en exclusiva al Congreso estadounidense.

Sin embargo, el dictamen del Tribunal Supremo no aclara de qué manera puede el Congreso hacer cumplir el contenido de esa enmienda. La ambigüedad de la sentencia sobre esta cuestión ha generado dos interpretaciones. Una de ellas defiende que el Congreso debe promulgar primero una legislación que recoja el proceso para inhabilitar a un candidato por rebelión o insurrección. Esta tesis haría imposible la inhabilitación de Trump antes de las elecciones, ya que el Congreso no ha impulsado ninguna ley que regule este tema y no tiene ni tiempo ni voluntad política para hacerlo de aquí a noviembre.

La otra interpretación es que el Congreso tiene la facultad constitucional de hacer cumplir la Decimocuarta Enmienda sin tener que aprobar una legislación previa. Varios precedentes avalan esta idea. La Decimocuarta Enmienda fue ratificada en 1868 para evitar que los rebeldes confederados regresaran a sus cargos públicos tras el final de la guerra de Secesión en 1865. La entrada en vigor de esta disposición inhabilitó a los funcionarios secesionistas sin necesidad de un juicio penal. Entre ellos estaban el presidente de la Confederación, Jefferson Davis, o su vicepresidente, Alexander Stephens, que habían sido congresistas. Siguiendo estos ejemplos, el Congreso podría inhabilitar a Trump sin aprobar antes una ley.

La duda que plantea esta interpretación es cuándo debería pronunciarse el Congreso sobre la elegibilidad de Trump. La Duodécima Enmienda establece que la elección del presidente de Estados Unidos se certifica en una sesión conjunta del Congreso (Cámara y Senado) entrante, que se celebra semanas después de las elecciones y tras conocerse los resultados. En esta sesión, se cuentan los votos del Colegio Electoral y se revisa que el candidato cumple con los requisitos de elegibilidad antes de su investidura.

Este acto, que históricamente ha sido una formalidad, podría provocar que Trump sea inhabilitado como candidato después de presentarse y ganar las elecciones. Sin embargo, aunque el Tribunal Supremo no especifica en su sentencia cuándo ha de producirse esa inhabilitación, sí sostiene que no debería suceder en la sesión conjunta posterior a los comicios por la perturbación política que generaría: si Trump fuera inhabilitado después de ganar en las urnas, estallaría una crisis constitucional. Por tanto, Trump podrá presentarse a las elecciones y, si las gana, será investido de nuevo como presidente.