El plan del dólar flotante, la “unión” de gobernadores y otros fantasmas

La posibilidad de que la Unión de Gobernadores se consolide como verdadera plataforma de oposición “constructiva” se va consolidando. A ello contribuyen varias coyunturas políticas que siguen haciendo mella en un gobierno que sigue más concentrado en titular sus reels que en darle estabilidad al país. Por partes.

En poco más de tres semanas el dólar se ha apreciado más de un boliviano – de 9,70 a 10,85 - y el gobierno apenas ha acertado a anunciar una congelación de un año en el precio del combustible, que tiene efectos concretos en la inflación, la especulación y el gasto público – el barril de petróleo WTI vuelve a estar por encima de los 82 dólares -, pero además el presidente se da el lujo de burlarse de quienes advierten los efectos inmediatos sobre las familias diciendo que se trata apenas de “80 centavos o un bolivianos”.

El cálculo es sencillo: un salario de 5.000 hace dos meses eran hipotéticamente 718 dólares; el día de la instauración del “cambio flexible” eran 515 y ayer 460 dólares. Alguien que se bajó el sueldo a la mitad debería ser consciente de este impacto.

A esta situación se une que las dos bancadas mayoritarias de la Asamblea, Unidos de Samuel Doria Medina y Libre de Tuto Quiroga, más allá de ciertos aires críticos y algunos momentos grandilocuentes, que tienen que ver con el oportunismo, no son capaces de generar ninguna alternativa popular al plan más o menos improvisado del Gobierno, porque esencialmente era el mismo.

Devaluación Un salario de 5.000 bolivianos ha pasado de significar 718 dólares a 515 en junio y 460 hoy

Por otro lado, y de la misma manera, el Gobierno ha apostado por mantener viva la figura de Evo Morales y tratar de capitalizar de alguna forma el pulso con las organizaciones que se movilizaron durante cincuenta días. El plan es el clásico: buenos y malos, conmigo o contra mí. Pero cada vez que se verbaliza, chirría, sobre todo en las cabezas de los paceños y paceñas, que resistieron el bloqueo a pesar de la inacción del gobierno y no gracias.

 Es en medio de esa dinámica polarizante por un lado y de pensamiento único por el otro, donde la emergencia de la Unión de Gobernadores aparece como una alternativa capaz de agarrarse de los flecos de las mismas promesas hechas por el candidato Rodrigo Paz para sacarle de sus casillas: esencialmente exigen cumplir con el 50-50 para que no sea una promesa pasajera más, y meten en la discusión los asuntos concretos de la financiación, incluyendo mecanismos de redistribución de impuestos, dejando a Rodrigo y su equipo, acostumbrados a la brocha gorda sin detalle, en claro fuera de lugar.

En menos de un mes se cumplirá el primer año de las elecciones generales y ya se cumplen nueve meses de gobierno, pero el tono proselitista sigue figurando: esta semana se recuperó la promesa de liquidar empresas públicas no rentables como gran novedad mientras siguen las filas por combustible.

Mientras, siguen sumando pequeñas denuncias de microcorrupción, tráfico de influencias, nepotismo y otros escandaletes que dañan la credibilidad de la gestión pública.

La buena noticia para el gobierno es que sigue sin tener una alternativa, pero tanto la presencia constante de Jaime Dunn en redes como los enfrentamientos con JP Velasco le recuerdan que no está solo en el universo político boliviano. El 6 de agosto será sin duda una nueva oportunidad para medir fuerzas y orientar el proyecto. O tal vez no.

El objetivo de la “flexibilidad”

Los economistas discuten si realmente hay o no hay plan detrás de la medida de liberar el tipo de cambios. Tres semanas después es evidente que no hay masa de dólares detrás para sostenerlo, y que la medida parece solo allanar el camino hacia un pacto con el FMI y otros organismos internacionales que liberen crédito con el que cubrir el déficit fiscal que sigue presupuestado en dos dígitos. En la práctica, dice Gonzalo Colque, es un proyecto similar al de Luis Arce pero con los ciudadanos sosteniendo el tipo flotante.