Arranca el juicio contra el expresidente Pérez Molina

Esta semana arrancó en Guatemala el juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), a poco más de seis años de verse obligado a dejar el cargo y ser detenido por acusaciones de corrupción.

El juicio, que se lleva a cabo en Tribunal de Mayor Riesgo B, es contra Pérez Molina, su exvicepresidenta Roxana Baldetti y una treintena de personas, dentro del caso que ha sido denominado como 'La Línea', por el que justamente dimitió.

Este caso fue destapado por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo que surgió tras la firma de un acuerdo entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para desmantelar estructuras criminales paralelas dentro del Estado; de la mano de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Estos órganos concluyeron que había una mega estructura que defraudaba en las aduanas del país y que presuntamente estaba liberada por Pérez Molina y Baldetti. A ambos se les señaló de enriquecerse mediante una estructura paralela en el ente recaudador de impuestos.

Luego de darse a conocer los resultados de la investigación, los altos funcionarios presentaron su dimisión. Primero lo hizo Baldetti y luego Pérez Molina.

El exmandatario renunció después de que el Congreso guatemalteco le retirara la inmunidad y la Fiscalía general del país solicitara su detención.

Ambos fueron detenidos y, por este caso, enfrentan los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera, enriquecimiento ilícito y cohecho.

"Entre las pruebas que los fiscales presentarán [están] miles de escuchas telefónicas y correos electrónicos. Además de testimonios de involucrados", informó la Red de Información del Combate a la Impunidad en Guatemala (RICIG).

Pérez Molina y Baldetti son señalados en al menos otros tres procesos judiciales por corrupción estatal.

En 2018, la exvicepresidenta fue condenada a 15 años y 6 meses de prisión tras declararla culpable de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, dentro del caso 'Lago de Amatitlán'.

Según la sentencia, Baldetti usó su poder para la adjudicación del proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán y autorizó un pago por 17,8 millones de dólares para comprar a una empresa israelí una fórmula química que resultó ser agua con sal.

Analistas locales señalan que el caso desató una grieta en la política de Guatemala que deberá ser saneada con la determinación de la justicia, bajo la convicción de basarse según dicta las leyes o sin intromisión de agentes políticos externos.