Salvar las Judiciales
Comprometerse con la democracia hoy pasa por poner en vigencia la Ley que llena el vacío de poder creado en los altos tribunales y mandar a la Policía a desalojar a los usurpadores
Las fotografías de unidad, las declaraciones rimbombantes sobre la importancia de la democracia y sobre el papel de la Justicia en ella están muy bien, todo está muy bien y es una gran iniciativa política del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para tratar de blindar una elección clave en este preciso momento para el presente y futuro de Bolivia, pero no servirá de nada si quienes tienen la potestad de hacerlo no lo hacen.
La democracia en Bolivia está secuestrada desde hace meses y se dan situaciones tan paradójicas como que el poder electoral tenga que pedir respaldo para hacer su tarea, porque eso implica saltarse una sentencia del Tribunal Constitucional. El hecho de que lo reciba no quiere decir absolutamente nada si quienes tienen el monopolio de la violencia del Estado dicen que sí, pero demuestran que no.
Los vacíos de poder se llenan con leyes de la Asamblea, no con resoluciones judiciales que alargan mandatos
La cuestión es sencilla. En ningún lugar del mundo una resolución judicial puede sustituir a un precepto constitucional y en esto han operado con fuerza los interesados y con bastante negligencia el resto de las fuerzas de la cámara: El mandato de los jueces electos está limitado en la Constitución: seis años sin posibilidad de reelección, por lo que es responsabilidad del Legislativo primero, a través de la Ley de convocatoria, y del Tribunal Electoral en lo operativo, garantizar que esto sucede así.
Las autoridades judiciales debían haber sido posesionadas y empezar a ejercer en enero de este año, pero durante todo el 2023 el proceso estuvo atascado siendo precisamente los magistrados que debían ser reemplazados quienes han jugado un rol clave en ese boicot. Llegado el momento y sin que nadie hubiera articulado si quiera un principio de solución, los Magistrados decidieron publicar una resolución en la que ampliaban su mandato llenando “el vacío de poder”, ese concepto que ha dado tanto juego en la democracia boliviana.
El legislativo no había dado hasta entonces muestras de inquietud, ni en Diputados, presidido por el arcismo ni en el Senado, donde Andrónico Rodríguez solo lo incorporó a su agenda cuando se vio obligado a negociar su renovación en el cargo con Comunidad Ciudadana. El tiempo apremiaba y el presidente nato de la Asamblea, que es el vicepresidente David Choquehuanca, decretó el cierre por vacaciones.
Hubo pataleos y algunos intentos por aprobar una Ley de emergencia que cubriera ese vacío como corresponde, pero fue directamente ignorada. Lo mismo cuando meses después Andrónico Rodríguez forzó su aprobación en un pleno junto a otras exigencias del ejecutivo, por compensar, pero que ha sido directamente ignorado sin mayor explicación.
Hoy por hoy, comprometerse con la salud de la democracia boliviana pasa por poner en vigencia la Ley que llena el vacío de poder creado en los altos tribunales y mandar a la Policía a desalojar a los usurpadores de funciones. El resto son palabras y fotografías, que además son de riesgo. Alimentar a un monstruo solo lo hace más grande.
