Volver a empezar
Es preciso dotarnos de los medios que garanticen que las diferencias se resuelvan por la vía democrática, que destierre la cultura del bloqueo para siempre y que no permita que gente inocente pague los platos rotos
Ni las amenazas del gobierno ni el pedido de Evo o la muy arraigada tradición de Todos Santos ha logrado despejar por completo las carreteras en el corazón del país, que se alista para otro noviembre decisivo por mucho que los pedidos no tengan sentido.
Sobre la mesa está la economía del país y eso no debería tener mayores contemplaciones. Aun así, habría que agotar las instancias de diálogo que hasta el momento no se ha dado por una sencilla razón: no hay argumentos políticos sobre los que acercar posturas.
De un lado está el bloqueo reforzado ahora por una huelga de hambre que le da vuelo internacional. Todos ya sabemos de la importancia estratégica de la región del Chapare y podemos reconocerla como un lugar inexpugnable, con todo el drama que eso supone, pero aún así no es posible que cientos de camiones con mercancía queden varados, que decenas de familias pierdan los frutos de su esfuerzo podrido en los caminos, y en un escalón más abajo, que todo el país sufra las consecuencias en su bolsillo. Un bloqueo de estas características, como explicó uno de los exministros más cercanos a Morales, solo busca generar un espiral de violencia para que corra la sangre y todo se descontrole, pero no es muy seguro que en esta Bolivia del siglo XXI muy consolidado eso siga siendo una herramienta de lucha.
Levantar los bloqueos suele ser la primera condición para sentarse a dialogar, pero rara vez se cumple. Menos si es el único punto sobre el que dialogar en serio, pues curiosamente, el pedido original de los movilizados tenía que ver con “salvar la economía”, aunque es obvio que no pivota.
Los otros dos puntos que sobrevuelan el pulso son la candidatura y las denuncias de Evo Morales, dos asuntos que van ligados en el imaginario colectivo pero que, en realidad, no tienen nada que ver.
Los delitos cometidos contra menores de edad y en el ámbito sexual son de orden público y por ende, deben ser investigados adecuadamente por el Ministerio Público por mucho interés político que el mismo despierte y que no haya duda de que se está utilizando con esos fines. Las acusaciones, por mucho “lawfare” que constituyan, se enfrentan, no se rehúyen. Menos si hablamos de temas que no tienen nada que ver con la política. Menos si tienen posibilidades tan sencillas de ser negadas. Ni este gobierno ni ninguno puede negociar un cierre en falso de una acusación, como se hizo en 2020, porque siempre le perseguirá.
En el otro punto, sin embargo, y aunque no es la forma, los principios más elementales del derecho le dan la razón a Evo Morales en su derecho a ser candidato en 2025, pues la Constitución no lo prohíbe expresamente y por ende, todo lo que no está prohibido está permitido. Negarle ese derecho, conscientes de su historia y de su presente, es posiblemente darle más relevancia de la que realmente puede llegar a tener electoralmente.
Es urgente encontrar las vías más pacíficas para resolver este conflicto sin sangre y sin violar la Constitución, pero más urgente es que esto no vuelva a suceder. Es preciso dotarnos de los medios que garanticen que las diferencias se resuelvan por la vía democrática, que destierre la cultura del bloqueo para siempre y que no permita que gente inocente pague los platos rotos de discusiones ajenas que nunca debieron salir del partido.
