La chispa del agua
El asunto del incremento de servicios básicos es de riesgo y según como se aplique sobre el agua, la población lo puede llegar a interpretar como un gasolinazo
El incremento de los servicios básicos parece ser “la batalla que viene”. La semana pasada la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) determinó autorizar el incremento de tarifas hasta en un 30% en el servicio más básico que existe, el del agua, protegido constitucionalmente y protagonista de las primeras grandes guerras populares contra la privatización en Bolivia. Apenas cinco días después la misma AAPS se ha visto obligada a derogar la resolución.
En el revuelo inicial, los responsables del ente público ya se vieron obligados a salir al frente para matizar la propuesta asegurando que se trataba de algo “temporal” y “sólo para los derrochadores”, alineándolo así a los problemas coyunturales de la sequía y a quienes cometen una falta cívica como malgastar el agua. La realidad sin embargo era un tanto más complejo, puesto que se trataba de una autorización a terceros que lo iban a ajustar a sus propias realidades territoriales y necesidades bajo el paraguas abierto por la autoridad nacional.
“Desde el 7 de noviembre, todos los operadores tienen la posibilidad de sobre su propio estudio tarifario ajustar esta tarifa; demostrando que tiene poco volumen de agua para abastecer a la población y que el consumo se está disparando más de la cuenta”, afirmaba la directora de la AAPS, Karina Ordoñez, quien además dio unos parámetros sobre el volumen que se podía considerar excesivo “Un habitante, en la ciudad de La Paz, tiene que consumir, de acuerdo con la normativa OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud), 80 litros habitante/día y en este momento, durante todo este año, hemos tenido consumos superiores a los 200 litros/habitante; entonces en la facturación, en la estructura tarifaria estos usuarios se encuentran en una categoría alta, donde los consumos superan el promedio”.
De cómo se iba a trasladar esta nueva normativa a un departamento como Tarija era una incógnita y lo seguirá siendo. En Tarija hace tiempo que la Cooperativa de Aguas y Alcantarillados (Cosaalt) no asume la inversión directa en la provisión de agua y se nutre de lo que los municipios y gobernaciones desarrollan con fines casi siempre muy electorales y los problemas de la Cooperativa son los propios de un monopolio gestionado en esas condiciones de multipropiedad electoralizada: los sueldos y el personal crecen como la espuma en un ambiente de discrecionalidad amenazando los balances. Afortunadamente, y a diferencia de Cosett, no tiene competencia y los usuarios se siguen multiplicando a medida que la ciudad se expande, lo que le permite cierta viabilidad siempre y cuando, no tenga que hacer inversiones.
Al final, el gobierno se ha dado cuenta del riesgo de la medida. Subir el agua, aunque sea indirectamente, se interpreta casi automáticamente como un gasolinazo o un nuevo impuesto del nivel central y para muestra un botón: En Bermejo hay un creciente descontento por el incremento de tarifas eléctricas luego de la conexión al SIN y la culpa esta vez no recae en Setar, sino del Gobierno.
El gobierno sostiene que la economía tiene un buen desempeño en tanto los datos macroeconómicos resisten, principalmente la inflación; la oposición sostiene todo lo contrario. Lo cierto es que cualquier cambio puede ser la chispa que provoque un incendio popular.
Destacado.- El gobierno sostiene que no hay crisis; las oposiciones advierten que cualquier chispa provocara un incendio
