Arturo Murillo, el Procurador y los intereses del Estado
José María Cabrera ha sido fulminado del cargo que vela por los intereses del Estado luego de indagar sobre la compra de armamento y rechazar la privatización de ENDE anunciada por el Ministro de Gobierno
Bolivia vive un tiempo excepcional que no se repite desde 2005. Después de 15 años, los bolivianos acudiremos a las ánforas con un Gobierno que solo es Gobierno, y no candidato. Esto es así porque la propia Presidenta Jeanine Áñez decidió abandonar la carrera en la que se venía descolgando dramáticamente, aflorando las discrepancias entre lo que planteaba y lo que realmente estaba sucediendo.
La mayoría de los políticos reconocieron el gesto y la sociedad civil saludó el retorno a la institucionalidad, con un Gobierno transitorio que asumió en noviembre con dos misiones: pacificar y garantizar elecciones transparentes mientras se impedía que el Estado se detuviera administrativamente.
Un Gobierno fuera de campaña tiene sus ventajas y sus riesgos. Se pueden hacer las cosas mirando solo en el interés de la nación, que no son los del candidato, pero también se pueden hacer mirando otros intereses
Un Gobierno fuera de campaña tiene sus ventajas y sus riesgos. Se pueden hacer las cosas mirando solo en el interés de la nación, que no siempre coinciden con los intereses del partido o del candidato, pero también se pueden hacer las cosas mirando los intereses de otros sectores o grupos de poder.
La primera señal que ha mandado el Gobierno de Jeanine Áñez y Arturo Murillo ha sido destituir por decreto y con malas formas al Procurador General del Estado, José María Cabrera, justo cuando empezaba a ejercer su rol: defender los intereses del Estado.
Cabrera no se ha mordido la lengua y ha apuntado directamente al ministro de Gobierno Arturo Murillo como el articulador que ha pedido su cabeza. Las razones, dos: Haber empezado a indagar en las denuncias de sobreprecio por la compra de gases lacrimógenos y, sobre todo, haber evidenciado la inconstitucionalidad y perjuicio inminente para el Estado que se iba a producir de aprobarse el decreto con el que se pretendía devolver las acciones a Elfec en Cochabamba.
Cabrera estima un daño de dos mil millones de dólares al revertir la nacionalización de los activos que pasaron a ser de Ende y sobre los que se han realizado ingentes inversiones. Va más allá, pues advierte que en el decreto se incurre en numerosos eufemismos para tratar de ocultar el término real de lo que se pretende: privatizar una empresa del Estado a precio regalado. En ese sentido, Cabrera no señala que la privatización sea imposible, pero sí que no se puede hacer en contra de las leyes, y esa es pues la función de la Procuraduría.
En su despacho hay docenas de casos referidos solo a estos meses. Litigios con Shell que se estaban dejando caer afectando a los intereses del Estado, contrataciones en hidrocarburos más que dudosas, la adenda 8 del contrato de exportación de gas, modificada entre gallos de media noche, y con varios artículos que han perjudicado al país – y beneficiado al otro país -, así como otros pulsos internacionales que deben enfocarse desde la rigidez del Estado de Derecho y no desde la flexibilidad de la diplomacia.
Quedan menos de cuatro meses para que haya un Gobierno electo y legítimo. Vivimos unos meses de crisis profunda y desconcierto sanitario. No conviene bajar la guardia. Sacar al Procurador es, sin duda, una muy mala señal.
