El negocio de la salud
En la edición de hoy, publicamos un extenso reportaje de investigación del periodista Daniel Rivera auspiciado con los fondos Spotlight de la Fundación para el Periodismo que indaga en los hilos de uno de los negocios más opacos y discrecionales del país, el de las adjudicaciones de equipos...
En la edición de hoy, publicamos un extenso reportaje de investigación del periodista Daniel Rivera auspiciado con los fondos Spotlight de la Fundación para el Periodismo que indaga en los hilos de uno de los negocios más opacos y discrecionales del país, el de las adjudicaciones de equipos médicos. Un reportaje que deja al descubierto demasiadas prácticas corruptas y los riesgos de la cohabitación de la sanidad pública y la privada.
El reportaje parte de la sanción impuesta por los tribunales de Estados Unidos contra la empresa Olympus de acuerdo a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. La empresa llegó a un Acuerdo para evitar la vía penal en la que pagó 22,8 millones de dólares y se comprometía a mejorar sus procesos.
Entre los países detallados está Bolivia, donde se citan licitaciones direccionadas y condicionadas a regalos, así como pagos en metálico y en dádivas que realizó Olympus para ganar licitaciones públicas en el país. El periodo sancionado por los tribunales de Estados Unidos va de 2006 a 2011 y se firmó el acuerdo en 2016. Olympus siguió vendiendo abiertamente y a través de terceros durante todo ese tiempo y hasta hoy sin que nadie en la administración de Justicia boliviana se haya interesado por esas prácticas.
Resulta cuando menos indignante que la Justicia de Estados Unidos se haya embolsado 22,8 millones de dólares por las prácticas corruptas en países latinoamericanos, es decir, dinero de la corrupción, y que aquí ni siquiera nos hayamos preocupado en preguntar para tratar de recuperar.
Reportajes como el de Daniel Rivera ayudan a esclarecer el pasado, pero sobre todo alertan sobre el futuro: Una agencia del SUS tiene más de 30 millones de dólares para adjudicaciones directas; en Tarija se construyen cuatro hospitales y media docena de centros de salud
El sistema de Salud en Bolivia sigue siendo uno de las peores del mundo, concretamente el segundo peor del continente según el reporte del BID, y tal las cosas, nada parece que vaya a cambiar demasiado. En un país donde cinco millones de personas no tenían cobertura de salud, el sistema universal se improvisó en vísperas de la campaña electoral de 2019, y hasta la fecha no ha logrado resolver los problemas fundamentales, los gestores parecen estar más preocupados en construir y equipar centros de salud y hospitales de todo nivel que en velar por una atención idónea y digna para sus ciudadanos.
Reportajes como el de Daniel Rivera ayudan a esclarecer el pasado, pero sobre todo ayudan y alertan sobre el futuro. El propio SUS tiene más de 200 millones en cartera a través de una Agencia “independiente” encargada de adquisiciones, mientras que los alcaldes tienen vía libre para contratar medicamentos, insumos y otros sin dar mayores explicaciones.
En Tarija, sin ir más lejos, hay dos hospitales esperando equipamiento: el Materno infantil y el Oncológico, además del hospital en Yacuiba, una promesa de un Instituto Cardiovascular y una docena de centros de salud en construcción.
En un país donde cinco millones de personas dependen del servicio público y el resto se somete a la tiranía del servicio privado, no es razonable que los llamados a dignificar el país anden más preocupados de licitaciones, dádivas y otros negocios.
El reportaje parte de la sanción impuesta por los tribunales de Estados Unidos contra la empresa Olympus de acuerdo a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. La empresa llegó a un Acuerdo para evitar la vía penal en la que pagó 22,8 millones de dólares y se comprometía a mejorar sus procesos.
Entre los países detallados está Bolivia, donde se citan licitaciones direccionadas y condicionadas a regalos, así como pagos en metálico y en dádivas que realizó Olympus para ganar licitaciones públicas en el país. El periodo sancionado por los tribunales de Estados Unidos va de 2006 a 2011 y se firmó el acuerdo en 2016. Olympus siguió vendiendo abiertamente y a través de terceros durante todo ese tiempo y hasta hoy sin que nadie en la administración de Justicia boliviana se haya interesado por esas prácticas.
Resulta cuando menos indignante que la Justicia de Estados Unidos se haya embolsado 22,8 millones de dólares por las prácticas corruptas en países latinoamericanos, es decir, dinero de la corrupción, y que aquí ni siquiera nos hayamos preocupado en preguntar para tratar de recuperar.
Reportajes como el de Daniel Rivera ayudan a esclarecer el pasado, pero sobre todo alertan sobre el futuro: Una agencia del SUS tiene más de 30 millones de dólares para adjudicaciones directas; en Tarija se construyen cuatro hospitales y media docena de centros de salud
El sistema de Salud en Bolivia sigue siendo uno de las peores del mundo, concretamente el segundo peor del continente según el reporte del BID, y tal las cosas, nada parece que vaya a cambiar demasiado. En un país donde cinco millones de personas no tenían cobertura de salud, el sistema universal se improvisó en vísperas de la campaña electoral de 2019, y hasta la fecha no ha logrado resolver los problemas fundamentales, los gestores parecen estar más preocupados en construir y equipar centros de salud y hospitales de todo nivel que en velar por una atención idónea y digna para sus ciudadanos.
Reportajes como el de Daniel Rivera ayudan a esclarecer el pasado, pero sobre todo ayudan y alertan sobre el futuro. El propio SUS tiene más de 200 millones en cartera a través de una Agencia “independiente” encargada de adquisiciones, mientras que los alcaldes tienen vía libre para contratar medicamentos, insumos y otros sin dar mayores explicaciones.
En Tarija, sin ir más lejos, hay dos hospitales esperando equipamiento: el Materno infantil y el Oncológico, además del hospital en Yacuiba, una promesa de un Instituto Cardiovascular y una docena de centros de salud en construcción.
En un país donde cinco millones de personas dependen del servicio público y el resto se somete a la tiranía del servicio privado, no es razonable que los llamados a dignificar el país anden más preocupados de licitaciones, dádivas y otros negocios.
