Transgénicos: el futuro de Bolivia en manos de un Comité acusado de político
En medio de los conflictos entre los pequeños productores de soya endeudados, los agroindustriales bien posicionados, y un gobierno cada vez más cercano a los intereses del capital transnacional, se libera la exportación del 60% de la producción soyera, mientras el Comité Nacional de...
En medio de los conflictos entre los pequeños productores de soya endeudados, los agroindustriales bien posicionados, y un gobierno cada vez más cercano a los intereses del capital transnacional, se libera la exportación del 60% de la producción soyera, mientras el Comité Nacional de Bioseguridad debe pronunciarse ya nomás sobre la apertura a nuevas variedades de soya transgénica en Bolivia.
Como antecedente se tiene que el pasado 17 de abril de 2019 se aprobó el Decreto Supremo N° 3874, que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer “procedimientos abreviados” para la evaluación de la Soya HB4 y la Soya Intacta, destinadas a la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel.
Este procedimiento abreviado consiste en omitir los procesos de evaluación y análisis de riesgos en los ecosistemas, la biodiversidad, la salud y en materia socioeconómica y pese a que en Bolivia no hay una ley que autorice el uso de transgénicos.
Con esta medida, el gobierno “le pasó la pelota” a este Comité, cuyo plazo venció el 18 de junio, por lo que expertos y activistas piensan que en cualquier momento saldrá la autorización para que estas nuevas variedades transgénicas ingresen al país.
¿Pero quiénes son los miembros del Comité Nacional de Bioseguridad y por qué tienen tamaña responsabilidad?
Originalmente, el Comité se creó a partir del Decreto Supremo N° 24676 “Reglamento sobre bioseguridad”, del 21 de junio de 1997, a finales del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Este mismo decreto es el que sirvió de base para el Decreto N° 3784 de Evo Morales que busca el ingreso de estas variedades transgénicas.
Ahora bien, en el DS 24676 se establece que el Comité Nacional de Bioseguridad estará compuesto por siete miembros del poder ejecutivo (es decir del gobierno, abiertamente alineado en favor del monocultivo y los transgénicos) y dos miembros de la academia (representantes del Sistema Universitario).
Sin embargo, miembros de distintas organizaciones y centros de investigación contrarios al proyecto transgénico, denuncian que, en realidad el Comité “es un ente político porque está conformado por dos delegados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, un delegado del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, un delegado del Ministerio de Salud, dos delegados del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, un delegado de la cancillería y un delegado del sistema universitario”.
El director de Probioma, Miguel Crespo, considera que por esta razón, “está mayoritariamente manejado por el poder ejecutivo y no por científicos independientes, salvo el delegado de la universidad”.
No haría mal el gobierno en publicar los nombres y cargos de cada uno de los miembros de dicho Comité. Pero sobre todo, nos parece fundamental elaborar un nuevo reglamento que establezca un comité mucho más representativo que el actual, que tiene un carácter estadocéntrico y con claros conflictos de interés. La Madre Tierra bien lo vale.
Como antecedente se tiene que el pasado 17 de abril de 2019 se aprobó el Decreto Supremo N° 3874, que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer “procedimientos abreviados” para la evaluación de la Soya HB4 y la Soya Intacta, destinadas a la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel.
Este procedimiento abreviado consiste en omitir los procesos de evaluación y análisis de riesgos en los ecosistemas, la biodiversidad, la salud y en materia socioeconómica y pese a que en Bolivia no hay una ley que autorice el uso de transgénicos.
Con esta medida, el gobierno “le pasó la pelota” a este Comité, cuyo plazo venció el 18 de junio, por lo que expertos y activistas piensan que en cualquier momento saldrá la autorización para que estas nuevas variedades transgénicas ingresen al país.
¿Pero quiénes son los miembros del Comité Nacional de Bioseguridad y por qué tienen tamaña responsabilidad?
Originalmente, el Comité se creó a partir del Decreto Supremo N° 24676 “Reglamento sobre bioseguridad”, del 21 de junio de 1997, a finales del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Este mismo decreto es el que sirvió de base para el Decreto N° 3784 de Evo Morales que busca el ingreso de estas variedades transgénicas.
Ahora bien, en el DS 24676 se establece que el Comité Nacional de Bioseguridad estará compuesto por siete miembros del poder ejecutivo (es decir del gobierno, abiertamente alineado en favor del monocultivo y los transgénicos) y dos miembros de la academia (representantes del Sistema Universitario).
Sin embargo, miembros de distintas organizaciones y centros de investigación contrarios al proyecto transgénico, denuncian que, en realidad el Comité “es un ente político porque está conformado por dos delegados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, un delegado del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, un delegado del Ministerio de Salud, dos delegados del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, un delegado de la cancillería y un delegado del sistema universitario”.
El director de Probioma, Miguel Crespo, considera que por esta razón, “está mayoritariamente manejado por el poder ejecutivo y no por científicos independientes, salvo el delegado de la universidad”.
No haría mal el gobierno en publicar los nombres y cargos de cada uno de los miembros de dicho Comité. Pero sobre todo, nos parece fundamental elaborar un nuevo reglamento que establezca un comité mucho más representativo que el actual, que tiene un carácter estadocéntrico y con claros conflictos de interés. La Madre Tierra bien lo vale.
