Diversidad y pluralismo económico estancados ¿qué es lo que falló?

Las políticas estatales en Bolivia se concentraron en el fortalecimiento de la economía estatal creando empresas públicas “en un amplio espectro de sectores, subordinando y manteniendo en statu quo la economía sociocomunitaria, la privada y la cooperativa”.
Es la afirmación de la investigadora y Subdirectora de Investigación del Posgrado de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Fernanda Wanderley.

Su análisis parte desde la primera gestión del gobierno de Evo Morales (2006 en adelante), y muestra que “las empresas públicas fueron el principal instrumento de política de promoción productiva, mientras los otros instrumentos de intervención indirecta del Estado, como los servicios y las agencias de desarrollo, o el sistema boliviano de innovación, entre otros, fueron relegados a segundo plano”.

En este sentido, no existe un “planteamiento estratégico para el fortalecimiento de las cadenas productivas con gran potencial”, como la agricultura, industria, turismo, servicios y comercio, y evidencia una falta de coordinación con políticas dirigidas a la consolidación de los sectores energéticos.

“El resultado es la acumulación de esfuerzos descoordinados, insuficientes y de bajo alcance”, que ha generado el estancamiento de la diversificación económica y el pluralismo económico.

Para las empresas estatales, todo
La investigadora reveló que en las gestiones 2008 y 2009 se asignó a las empresas públicas el 87,3% y el 79,8% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), respectivamente.

Y dentro del total de las empresas públicas, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) recibió alrededor de 85% del presupuesto en los dos años, con una capacidad de ejecución del 26% en 2008 y 52% en 2009.

Para Insumos Bolivia se asignó el 6,6% en 2008 y el 9,6% en 2009. El restante 6,1% de los recursos presupuestados en 2008 y 10,6% en 2009 fueron destinados a la administración central, los ministerios de Comercio y Exportaciones, Turismo, Micro y Pequeña Empresa, Mediana y Gran Empresa e Industria, proyectos específicos y servicios y agencias de desarrollo.

“Pese al incremento de los recursos dirigidos a las agencias de desarrollo en 2009, la capacidad de ejecución, tanto del gasto como de la inversión, fue baja. El 33% de los recursos de inversión y el 24% de gasto fueron ejecutados. Los servicios de desarrollo muestran niveles de ejecución más altos en la gestión 2009, por encima del 90%, aunque es importante reconocer que el incremento de recursos en estos servicios fue menor”, observa Wanderley.

Respecto a las empresas públicas, la investigadora nota que se ha ejecutado el 30,3% de los recursos para inversión y 52% de los recursos de gasto en 2009, algo que “no varió significativamente” con relación a 2008.

Para la experta, la baja ejecución presupuestaria “refleja la brecha entre la ampliación de las funciones del Estado y sus limitaciones institucionales”.

Inversiones sin estudios
ni evaluaciones
Por detrás de estos problemas “está la constitución de las primeras empresas públicas sin un plan estratégico y un plan de negocios”, advierte la investigadora.

Estas empresas públicas y programas implementados por el gobierno no contaban, hasta fines de 2010, con estudios de seguimiento y evaluación internos o externos. Según Wanderley, esos estudios y evaluaciones no existían.

Y en caso de existir, la investigación de la experta comprobó que “éstos no están disponibles para la ciudadanía, limitando así la capacidad de monitoreo, control e incidencia de la sociedad sobre las políticas públicas”.

Un ejemplo de este tipo de falencia “es que recién en 2009 se ha realizado estudios de mercado, un plan maestro de producción y de gestión administrativa para la empresa LACTEOSBOL, dos años después de su creación”.

De la misma manera, “recién en 2009 se logra avanzar en los requerimientos administrativos legales (por ejemplo en la licencia de funcionamiento y registro ambiental), así como en los requisitos de recursos humanos, físicos y materiales para el funcionamiento de la empresa”.

Si bien para algunos proyectos como el ingenio azucarero de San Buenaventura (La Paz) las autoridades reportaron haber realizado estudios con el apoyo de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y del Ministerio de Azúcar de Cuba, su reciente fracaso -ante la falta de caña y otros aspectos técnicos y de localización- refuerza los hallazgos de Wanderley.

Creando oferta
sin demanda
La investigadora observa que “la decisión de crear empresas públicas en un amplio espectro de sectores no se fundó sobre la inexistencia de empresas privadas cumpliendo ciertas funciones en las cadenas productivas o la falta de interés de la inversión privada en la provisión de productos o servicios claves en las cadenas”. Sino que la creación de las empresas públicas “respondió a criterios políticos, muchas veces de forma reactiva frente a conflictos sociales; otras, como respuesta al pedido de actores sociales, y en otros casos por disputas políticas con empresarios con alto perfil político”.

Es más. Wanderley advierte que “frente a los negativos resultados de estas empresas en el sector no tradicional”, el gobierno declaró en 2010 que éstas tienen carácter social y que, por lo tanto, no tienen que responder a los criterios de eficiencia y rentabilidad. “Esta declaración no exime al Estado de rendir cuentas sobre los resultados financieros de las empresas públicas. Tampoco indica una adecuada orientación política para la gestión eficiente de aquellas”, sentencia.