Caso ECOBOL: ¿Busca el Estado preservar el sistema?

Para la socióloga, economista e investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) – Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Tania Ayllón, el proceso de liquidación de la empresa de servicios postales ECOBOL “saca a la luz el carácter de clase del Estado capitalista, encargado de preservar la reproducción del sistema”.

Y es que, “en medio de la debacle económica de las empresas, sean estas privadas o estatales”, el Estado garantiza la “recuperación de fondos para la patronal (privada o estatal), a nombre de una supuesta racionalidad técnica y a costa de los trabajadores involucrados”.

Al mismo tiempo, afirma la experta, “se pone en evidencia la función del Estado de neutralizar la lucha de clases, que en estos procesos de liquidación de empresas se exacerba”.

Racionalización productiva y relocalización
A decir de Ayllón, el cierre de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) decretado por el gobierno, “puede enmarcarse en el proceso de racionalización de la producción de bienes y/o servicios, implementado desde el Estado en distintas coyunturas políticas, de acuerdo con las cuales este proceso de racionalización asume diversas formas”.

Un ejemplo de este es la relocalización de trabajadores del sector de la minería estatal en la era neoliberal, en un accionar estatal que buscaba terminar con estructuras productivas que se consideran deficitarias y cuyo “lastre económico” en términos de costos se asocia generalmente con la existencia de “una amplia masa de trabajadores que, en el marco de las nuevas exigencias tecnológicas, resultan superfluos”.

Otro ejemplo, mucho más reciente, es el de la Empresa Nacional de Textiles (ENATEX), cuya liquidación fue ejecutada también bajo el argumento principal del carácter deficitario de estas empresas.

Déficit y deuda
Según información oficial, ECOBOL ha estado funcionando con un déficit aproximado de 2,3 millones de dólares al año. A ello se suma la ampulosa deuda que tiene con el propio Estado (impuestos internos).

Según Ayllón, sólo en Cochabamba, desde1997, la deuda al fisco alcanzaría a 7,8 millones de bolivianos.

Además del déficit y deuda, otro argumento para la liquidación de ECOBOL ha sido el de la ineficiencia e ineficacia productiva, atribuidas a la obsolescencia tecnológica.

Ya el año 2011, el entonces ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, notaba la urgencia de una reingeniería de la empresa de correos, y anunciaba la necesidad de la elaboración de un plan de ajuste “para potenciar el rendimiento de ECOBOL”. Algo que, finalmente, no llegó a ocurrir.

Procedimientos varían para un mismo fin
La investigadora identifica que los procedimientos que utiliza el Estado para la liquidación de empresas “dependen de la correlación de fuerzas entre patrones y trabajadores o entre éstos y el gobierno”.

Estos métodos pueden ir desde la persuasión, para que los trabajadores acepten la pérdida de su puesto de trabajo, hasta el uso de la fuerza pública, en la medida en que están en juego intereses contradictorios: el interés de la patronal (privada o estatal) de no seguir funcionando a pérdida y el interés de los trabajadores de mantener sus fuentes de trabajo.
“Los procedimientos pueden ser violentos como en el caso de la relocalización de 27.000 mineros en el inicio de la era neoliberal, o pueden tomar mucho tiempo, como en el caso de ECOBOL, cuya quiebra fue anunciada años atrás (julio de 2014), pero cuyo proceso de cierre duró un tiempo relativamente largo, el mismo que culminó justamente cuando la Central Obrera Boliviana (COB), ente matriz al que se afiliaban los trabajadores de ECOBOL, mostró con mayor claridad su alineamiento con el gobierno”.

¿Reformismo
y lucha de clases?
Para Ayllón, esta racionalización productiva hace evidente “una de las contradicciones a las que se enfrenta el Estado capitalista”, entre las reformas sociales con las que quiere promover el empleo y la protección a los trabajadores (principalmente en fases de gobiernos reformistas como el del MAS) y las exigencias del mercado y de la competencia.
En el caso de ECOBOL, “el MAS lleva adelante un proceso de reestructuración que niega las mismas reformas sociales que su régimen sostuvo en tiempos de auge”, por lo que “su función de legitimación como redistribuidor del producto social entra en contradicción con su función de acumulación, la de garantizar las condiciones de reproducción ampliada del capital”.

Por las acciones tomadas, afirma la experta, “se hace evidente que prevalece su función de preservar los intereses del capital privado y los intereses del propio Estado como patrón; por esto, en el caso de ECOBOL, se procedió a la venta de su más importantes activos, principalmente terrenos”, con el fin de que se paguen las deudas pendientes con el propio Estado (impuestos) y con las AFPs.

Ayllón afirma que el gobierno distrajo a los trabajadores con la promesa de que el dinero de la venta de estos activos serviría también para capitalizar a ECOBOL y volverla más competitiva, lo que no ocurrió: “ni se capitalizó ECOBOL, ni se modernizó, porque la finalidad del Estado era aplicar una racionalización productiva que responda a los preceptos competitivos que guían la economía capitalista”.

En ese sentido, “al priorizar el pago de las deudas con el propio Estado y/o con entidades privadas, se pone en evidente riesgo la posibilidad del pago a los trabajadores de sus beneficios sociales, toda vez que se adeudan 10 años de aportes a las AFPs, unos 67 millones de bolivianos”.