El trabajo eventual permite la acumulación capitalista actual

En sus palabras, “una política laboral ambigua, que en los hechos favorece la acumulación capitalista asentada en la sobreexplotación de los obreros eventuales, es la que durante todos estos años sustentó el régimen del MAS”.Para Aillón, el hecho de que representantes del gobierno hablen de un contrato con el sector privado para promover el empleo (como el reciente programa de empleo urgente), que señala a la eventualidad como algo excepcional, “solo nos puede sonar a una retórica que lo que busca es continuar ocultando que la condición laboral de la clase obrera en la era del MAS no se diferencia mucho de la era neoliberal”.Esto se debe a que el principal objetivo del gobierno de Evo Morales “no fue liberar a los trabajadores de su condición de explotados, sino todo lo contrario, asentar sobre sus espaldas el desarrollo del mentado ‘capitalismo andino amazónico’”, agrega la académica.Más allá de esa valoración, lo concreto es que la condición de eventualidad deja a una importante proporción de obreros fuera de la cobertura de beneficios sociales estipulados por ley, algo que además “limita la posibilidad de promoción laboral de los obreros dentro de los mercados internos de trabajo de cada empresa”.Este análisis se da días después de que el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Trabajo firmaran un convenio denominado de cooperación interinstitucional, para oficializar la creación de trabajos eventuales, con el fin de facilitar la ejecución del Programa de Inserción Laboral. Esta oficialización se la realiza bajo el rotulo de “Contrato de Trabajo Eventual Excepcional”, con el argumento de que estos lineamientos darán más seguridad a los beneficiarios, algo que el análisis de Aillón contradice completamente.

Trabajo excepcional, continuación neoliberalUno de los aspectos centrales de la era neoliberal en materia laboral fue la liberalización de los mercados de trabajo, bajo el entendido de que su rigidez frenaba la posibilidad de alcanzar el pleno empleo. En los hechos, esta liberalización generalizó la subcontratación e incrementó la eventualidad en Bolivia.Con la idea de revertir esta situación, el 1ro de mayo del año 2006 el gobierno promulgó el Decreto Supremo (DS) 28699, que derogó del artículo 55 del DS 21060 (que legalizó la libre contratación, en la era neoliberal). Con la misma finalidad, en diciembre del año 2012 se promulga la Ley 321, que incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo (LGT) a los asalariados permanentes que desempeñan funciones en servicios manuales, técnicos y administrativos, en los gobiernos autónomos municipales de capitales de departamento y de “El Alto” de La Paz.Aillón observa sin embargo que luego de sus primeros 4 años de gobierno, “la presión de la patronal sobre el gobierno del MAS se expresó en el retroceso de la postura inicial de erradicación de la eventualidad en el trabajo”. Esto porque “con el DS 107 de 1ro de mayo de 2009, que legalizan la subcontratación y la tercerización, ya no se exige la estabilidad laboral, sólo se exige que a los obreros eventuales se les garantice los beneficios laborales y el trabajo por el tiempo que dure el contrato temporal.Esta legalización de la eventualidad abre a la patronal el espacio para que la utilice como importante recurso de reducción de costos laborales”.Por otra parte, Aillón denuncia que es habitual que las empresas públicas completen su plantilla de trabajadores a través de distintas formas de terciarización y subcontratación, con lo que “un importante contingente de trabajadores de la construcción en el sector público, en distintas categorías ocupacionales, trabajan como eventuales”. Así, el Estado es también uno de los generadores directos del empleo temporal.

¿Quién debería ser el principal empleador?Tampoco se trata de que el Estado sea quien asuma el grueso de la responsabilidad de generar empleo, sino que se debe fortalecer al empresariado privado para que lo haga. Algunos analistas han advertido que medidas gubernamentales como el Plan Nacional de Empleo (PNE), que incluye componentes de generación de empleo temporal, puede incentivar también a una producción temporal, sin demanda, artificial, lo que hace que el empleo generado sea precisamente temporal y artificial.Por tanto, dichas medidas no son una solución estructural al problema de la falta de empleo en Bolivia. El propio exministro Luis Arce Catacora, antes de renunciar por problemas de salud y a tiempo de criticar en abril-mayo el pedido de algunos empresarios de devaluar la moneda para estimular las exportaciones, afirmó que esa medida provocaría producir algo que el mundo no está demandando.Es la misma lógica, y el peligro del PNE es justamente que se siga incentivando a producir (y emplear gente en producir) algo que no se necesita o que no se demanda realmente. No se trata entonces de retroceder hacia el neoliberalismo (recortar todos los gastos, flexibilización laboral, privatización), pero se debe evitar seguir destruyendo el capital privado. En ese sentido, es importante el equilibrio entre el impulso estatal –que debe ser siempre estratégico y no saturar- y la pujanza del sector privado, para crear empleo sostenible y no temporal, en base a una demanda real y sostenible.