Áreas protegidas: Asedio a lo sagrado

En octubre de 2025, un tribunal boliviano emitió una sentencia sin precedentes al ordenar la protección legal del jaguar, su hábitat y sus defensores. La decisión, celebrada por ambientalistas como un rayo de luz en un panorama gris, representó la primera vez que un tribunal boliviano reconoció explícitamente la necesidad de proteger a quienes defienden la biodiversidad. Pero el jaguar, el felino más grande de América, sigue siendo una especie amenazada. Y las áreas protegidas donde habita, lejos de estar a salvo, enfrentan un asedio multisectorial que las leyes vigentes no logran contener.

Bolivia cuenta con 22 áreas protegidas nacionales que cubren aproximadamente el 22% del territorio. Entre ellas destacan el Parque Nacional Madidi, considerado el área protegida con mayor biodiversidad del planeta por unidad de superficie, con 1.895.750 hectáreas; el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure, con 1.225.347 hectáreas que albergan el 40% del patrimonio biológico del país; y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, con 1.523.446 hectáreas de Chiquitanía y Amazonía, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Juntos, estos tres ecosistemas concentran especies endémicas, sumideros de carbono y los territorios ancestrales de pueblos indígenas.

El TIPNIS es el símbolo del conflicto. En 2011, el gobierno de Evo Morales promovió una carretera que atravesaría el corazón del parque. Dos marchas indígenas, la VIII Marcha en defensa del TIPNIS, terminaron con la represión policial de Chaparina el 25 de septiembre de 2011, donde más de 500 personas fueron golpeadas y esposadas. El escándalo forzó la promulgación de la Ley 180, que declaró al TIPNIS “intangible”. Pero en 2017, el mismo gobierno derogó la intangibilidad mediante la Ley 969. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sentenció en 2019 que Bolivia violó los derechos de la naturaleza y los pueblos indígenas. La carretera sigue en suspenso, pero la colonización cocalera avanza por trochas paralelas.

La minería ilegal es otra amenaza persistente. Alex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), afirma que en 2025 la minería aurífera se expandió “al interior de áreas protegidas y territorios indígenas con consecuencias y daños irreversibles”. En el Parque Nacional Madidi, YPFB solicitó en 2011 la exploración de 690.000 hectáreas. En el TIPNIS, otras 723.000. Doce territorios indígenas están afectados por explotación hidrocarburífera y minera. Los guardaparques, con salarios mínimos y sin respaldo legal suficiente, enfrentan amenazas y agresiones físicas.

Los incendios de 2024 y 2025 golpearon directamente a las áreas protegidas. El Parque Nacional Noel Kempff Mercado perdió más de 50.000 hectáreas en agosto de 2025. El Parque Nacional Carrasco fue igualmente afectado. En 2024, el fuego llegó a zonas de amortiguamiento del TIPNIS. La mayoría de estos incendios no son naturales: provienen de chaqueos que se descontrolan, o de quemas intencionales para abrir frentes de colonización. Las “leyes incendiarias” que permiten desmontes sin autorización previa son el detonante legal de un proceso que termina en la destrucción de patrimonio de toda la humanidad.

El caso de Colombia ofrece una comparación útil. Allí, el programa “Guardianes de la Amazonía” dota a comunidades indígenas de tecnología de monitoreo satelital y recursos para patrullar sus territorios. La deforestación en territorios indígenas colombianos es significativamente menor que en tierras privadas. En Bolivia, las Tierras Comunitarias de Origen presentan tasas de deforestación menores que las propiedades privadas, pero los pueblos indígenas carecen de los recursos técnicos y financieros para monitorear extensiones tan vastas. Las comunidades del TIPNIS, por ejemplo, no cuentan con acceso permanente a imágenes satelitales de alta resolución.

La eliminación del Ministerio de Medio Ambiente por el gobierno de Paz Pereira agrava la situación. Las áreas protegidas dependían ya de un presupuesto insuficiente y de un cuerpo de guardaparques subfinanciado. La reducción a viceministerio, subordinado a un ministerio con objetivos productivos, implica menos autonomía presupuestaria y menor capacidad de fiscalización. El Parque Nacional Madidi, que debería ser un laboratorio vivo de conservación, se enfrenta a una situación en la que sus defensores tienen cada vez menos herramientas para hacer cumplir la ley.

La victoria del jaguar en los tribunales es importante, pero insuficiente. Los ambientalistas celebran el precedente, pero advierten que, sin una institucionalidad robusta, sin guardaparques bien equipados y sin voluntad política para enfrentar a los poderes económicos que presionan por la extracción, los decretos judiciales quedan en papel. El jaguar necesita selva para cazar, agua limpia para beber y presas que no estén envenenadas con mercurio. Bolivia necesita áreas protegidas que estén verdaderamente protegidas. Ninguna de las dos cosas parece garantizada.

PARA PROFUNDIZAR:

• Mongabay Latam: El Tipnis y el Madidi: las heridas que sangran (abril 2019)
• SERNAP: Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia
• EarthRights International: Criminalización de defensores ambientales en Bolivia
• El Tipnis y el Madidi: las heridas que sangran en el rostro indígena de Bolivia
• SERNAP: Servicio Nacional de Áreas Protegidas
• Criminalización de defensores y defensoras de la Tierra
• Concepción declara al Jaguar como parte de su patrimonio natural mediante una Ley que promueve su protección
• Amigos del Jaguar
• El TIPNIS bajo asedio y presión por intereses extractivos
• La minería en el río Beni enferma con mercurio a indígenas de Bolivia
• Entrevista: «Recibí amenaza de los mineros, ellos buscan disciplinarte para que no te resistas»
• Guardias indígenas: el escudo de la Amazonía de Colombia

Defensores en peligro

En 2025, el Estado boliviano judicializó a veintinueve dirigentes y bases comunitarias de Tariquía que se opusieron a la exploración petrolera. Doce continúan imputados.

El caso no es aislado. Según el Centro de Documentación e Información Bolivia, al menos trece defensores ambientales fueron criminalizados en el país entre 2020 y 2025. El modus operandi es similar: las empresas extractivistas, con la aquiescencia del Estado, presentan denuncias penales por “obstrucción de la producción” o “sabotaje económico”.

Los defensores enfrentan procesos largos, costosos y diseñados para desgastarlos. En paralelo, el asesinato del líder indígena Marupa en circunstancias vinculadas a su oposición a la minería ilegal evidencio que la violencia física es una herramienta también utilizada.

La situación se inscribe en un patrón continental: según Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para los defensores ambientales, con 196 asesinados en 2024. Colombia, Brasil y México encabezan la lista, pero Bolivia no es ajena a la tendencia.

La sentencia a favor del jaguar es una excepción que confirma la regla: la ley protege ocasionalmente a los animales, pero rara vez a quienes defienden el bosque.

Tierra arrasada: extractivismo, crisis y poder en Bolivia

En esta serie de reportajes, cada entrega aborda una dimensión de la crisis ambiental boliviana con datos, testimonios y el contexto de otros países que enfrentaron dilemas similares. El horizonte es 2050, pero las decisiones que lo determinan se toman hoy, en estos años, en estas legislaturas. El tiempo no es neutral.

1 | Bosques: La deforestación que consume el futuro | 12,6 millones de hectáreas ardieron en 2024. La compra de tierras por Erai Maggi, el “rey de la soya”, y las leyes que premian la quema. Un modelo agroindustrial que convierte bosques en mercancía.

2 | Minería: La herida metálica | Del Cerro Rico a los salares de litio: cinco siglos de extractivismo. La fiebre del oro envenena ríos y pueblos indígenas con mercurio. Los convenios con China y Rusia y la paralización judicial.

3 | Hidrocarburos: La reserva que se resiste a morir | Tariquía, el bosque tucumano-boliviano que Petrobras quiere perforar. La lucha de mujeres campesinas contra el crudo en una reserva nacional de flora y fauna.

4 | Agua: Glaciares fugaces y ríos agonizantes | El río Guadalquivir se contamina mientras los glaciares andinos desaparecen. Tarija sufre sequías extremas. Más de 2 millones de personas en La Paz y El Alto enfrentan una crisis hídrica estructural.

► 5 | Áreas protegidas: Asedio a lo sagrado | Madidi, TIPNIS y Noel Kempff: las joyas de la biodiversidad boliviana bajo asedio de mineros, petroleros y colonizadores. El jaguar ganó una batalla legal, pero la guerra continúa.

6 | Cambio climático: Bolivia paga una deuda que no contrajo (Próximamente) | Menos del 0,1% de las emisiones globales, pero entre los países más vulnerables. Los incendios convirtieron a Bolivia en emisor masivo de CO2. La diplomacia climática frente a la realidad doméstica.

7 | Dimensiones económicas, políticas y sociales (Próximamente) | Los bonos verdes, el endeudamiento climático y la geopolítica del litio. Por qué un país con las mayores reservas del “oro blanco” sigue sin producirlo.

8 | Prospectiva: Bolivia 2050, tres escenarios, una sola decisión (Próximamente) | La Deriva, el Reformismo y la Transformación Soberana: tres caminos plausibles para Bolivia entre 2026 y 2050. Las ventanas de tiempo que se cierran y las decisiones que determinan el futuro.

A continuación:

Por qué Bolivia, que genera menos del 0,1% de las emisiones globales, es uno de los países más vulnerables al cambio climático, y cómo los incendios la convirtieron en emisor masivo de CO2.

LEA AQUÍ (Proximamente)

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