Defensoría advierte que falta de recursos y especialización debilita la aplicación de la Ley 348

La Defensoría del Pueblo presentó un informe de evaluación sobre la aplicación de la Ley 348, que protege a las mujeres contra la violencia, en el que se identifican diversas falencias estructurales en el sistema de atención y justicia a once años de su vigencia en Bolivia.

El estudio, elaborado por la Defensoría del Pueblo y presentado por el defensor Pedro Callisaya, fue socializado en Tarija por la responsable departamental Cecilia Bolívar, quien explicó que el objetivo del informe es analizar los avances, dificultades y desafíos en la implementación de esta normativa.

Según explicó, el documento busca sistematizar los estándares internacionales y nacionales relacionados con la violencia de género, evaluar las políticas públicas implementadas y analizar el funcionamiento del sistema de persecución penal, además de identificar posibles vulneraciones a la tutela judicial efectiva dentro de los procesos penales vinculados a la Ley 348.

Entre los principales hallazgos, la Defensoría señala que los problemas no radican necesariamente en la normativa en sí, sino en las limitaciones estructurales del sistema estatal para garantizar su aplicación efectiva. Entre estas dificultades se encuentran la falta de presupuesto, escasez de recursos humanos, insuficiente capacitación y debilidades en el fortalecimiento institucional.

Bolívar indicó que, a partir de esta evaluación, la Defensoría emitió diversas recomendaciones dirigidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, así como a los gobiernos departamentales y municipales.

El informe también advierte que, si bien la Ley 348 ha permitido visibilizar los distintos tipos de violencia contra las mujeres, aún es necesario consolidarla como una política pública efectiva que contribuya a la prevención de estos hechos.

Otro aspecto observado es la necesidad de mejorar la atención a las víctimas y garantizar una persecución penal oportuna, ya que la prevención de la violencia, el respeto a los derechos de las víctimas y las garantías procesales para las personas acusadas deben ser abordados de manera complementaria dentro del sistema judicial.

Asimismo, el informe identifica deficiencias en la especialización de los operadores de justicia. En muchas provincias, por ejemplo, un mismo juzgado atiende simultáneamente diferentes materias como laboral, civil, penal, familiar o de niñez, lo que limita la especialización necesaria para tratar casos de violencia de género.

Situaciones similares se presentan en los gobiernos municipales, donde equipos técnicos deben atender diversas áreas sociales, como los servicios legales integrales municipales, defensorías de la niñez, programas para personas con discapacidad y adultos mayores, además de enfrentar contratos temporales que afectan la continuidad del servicio.

Según la Defensoría del Pueblo, estas limitaciones repercuten en procesos judiciales que no llegan a concluir con sanciones o en personas que permanecen privadas de libertad durante largos periodos sin resolución definitiva.

Frente a este panorama, la institución reiteró la necesidad de fortalecer las capacidades del sistema judicial y de las instituciones encargadas de la atención a víctimas, con el fin de mejorar la aplicación de la Ley 348 y garantizar una respuesta efectiva frente a la violencia de género en el país.