Plantean modificar la Ley 348 para penar las denuncias falsas
El proyecto ha sido presentado por el diputado Rodrigo Fuenzalida. Dijo que el objetivo es fortalecer la seguridad jurídica y establecer mecanismos que permitan castigar el uso indebido de la Ley
El diputado por Tarija Rodrigo Fuenzalida Cardona informó que presentó un proyecto de ley que busca sancionar, con penas de entre dos y seis años de prisión, a las personas que formulen denuncias falsas en casos de violencia de género, reabriendo el debate sobre posibles modificaciones a la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Según explicó, la iniciativa pretende fortalecer la seguridad jurídica y establecer mecanismos que permitan castigar el uso indebido de la normativa, especialmente en situaciones donde se demuestre que una denuncia fue presentada sin sustento y ocasionó perjuicios personales, familiares, laborales o judiciales a personas posteriormente declaradas inocentes.
Fuenzalida sostuvo que la propuesta no busca eliminar ni debilitar las garantías de protección para las mujeres víctimas de violencia, sino evitar que la ley sea utilizada con fines ajenos a la justicia. En ese sentido, afirmó que existen casos en los que denuncias falsas habrían sido empleadas en procesos de divorcio, disputas económicas o conflictos familiares.
El legislador detalló que el proyecto contempla modificaciones al artículo 100 de la Ley 348, que establece: Quien hubiere sido falsamente denunciado o acusado como autor y/o participe en la comisión de un delito contemplado en la presente Ley, podrá iniciar la acción correspondiente, con la resolución fiscal de rechazo de la denuncia o de sobreseimiento, o concluido el proceso con sentencia absolutoria ejecutoriada.
Según el diputado, el objetivo es incorpora sanciones penales más severas cuando se compruebe la falsedad de una denuncia presentada bajo esta normativa. Asimismo, plantea responsabilidades para otros actores que pudieran participar en procesos irregulares, entre ellos abogados, jueces o funcionarios que contribuyan a vulnerar el debido proceso.
Fuenzalida argumentó que actualmente la aplicación de medidas restrictivas suele producirse con base en la denuncia inicial, lo que, a su criterio, afecta el principio de presunción de inocencia. Por ello, la propuesta también busca exigir mayores elementos probatorios antes de adoptar determinadas medidas cautelares.
El diputado afirmó que la iniciativa pretende evitar que denuncias falsas queden impunes y garantizar que quienes recurran a este tipo de acciones enfrenten consecuencias penales efectivas. El proyecto abre nuevamente el debate nacional sobre el alcance de la Ley 348, una norma creada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y sobre la necesidad de introducir ajustes que refuercen tanto la protección de las víctimas como las garantías del debido proceso.
El proyecto de ley fue presentado oficialmente el 28 de mayo y ahora deberá ser remitido a las comisiones correspondientes para su análisis. Posteriormente, el impulsor iniciará un proceso de socialización.








