Cumbre energética: Refundar YPFB y más regalías, las propuestas de Tarija

Cumbre Energética Nacional tiene en vilo a varias regiones del país —aunque aún sin fecha oficial—, Tarija y especialmente la Región Autónoma del Chaco afinan una propuesta que apunta a cambios profundos en la política hidrocarburífera del país. La refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), una nueva Ley de Hidrocarburos y el incremento de regalías para los departamentos productores se perfilan como los ejes del planteamiento regional.

El evento debía realizarse esta semana en Santa Cruz, sin embargo, dificultades logísticas han retrasado su instalación para la siguiente, aún sin confirmación.

El Chaco toma la delantera

El miércoles, Yacuiba fue sede de la Reunión Técnica Regional de Hidrocarburos, convocada por el Comité Cívico de Yacuiba para consolidar la posición chaqueña ante la Cumbre. De allí emergieron dos propuestas centrales.

La primera exige el reinicio inmediato de la perforación de tres pozos en el Chaco, donde —según expertos locales— existe certeza geológica de la presencia de hidrocarburos. Henry Medrano, presidente cívico de Yacuiba, lamentó que YPFB “no haya tenido capacidad operativa para ejecutar trabajos” en áreas como Ipaguazu y una segunda estructura cercana al campo Margarita.

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La segunda propuesta plantea reformar la Ley de Hidrocarburos para atraer inversión extranjera bajo reglas más claras y un esquema de seguridad jurídica. El planteamiento incluye la refundación de YPFB, ajustando su estructura y cambiando su lógica de operación.

Por otro lado, Medrano sostiene que en lugar de importar gasolina y diésel —un costo creciente para el Estado—, Bolivia debería importar crudo, más barato, para procesarlo en las refinerías existentes y cubrir la demanda interna de carburantes.

Un punto crítico es la redistribución de ingresos, los departamentos productores reciben solo el 11% de regalías, pese a cargar con pasivos ambientales y el desgaste de sus reservas. La propuesta chaqueña plantea elevar ese porcentaje a 22%, una medida que podría redibujar el mapa político de la renta petrolera en Bolivia.

Tarija busca una postura unificada

En el ámbito departamental, el coordinador del Comité Cívico de Tarija, Leopoldo López, informó que las comisiones de trabajo sobre el proyecto El Carrizal y el sector energético lograron acuerdos clave para consolidar una postura común rumbo a la Cumbre.

Uno de los consensos es priorizar la búsqueda de financiamiento privado, nacional, extranjero y multilateral para El Carrizal, un proyecto que permitiría sustituir la generación termoeléctrica —actualmente basada en gas— por energía limpia, liberando volúmenes significativos del energético.

A esto se suma la insistencia tarijeña en certificar las reservas de gas, un tema que lleva años en la penumbra. López recordó que los últimos estudios de certificación fueron manejados con hermetismo durante los gobiernos del MAS, lo que generó desconfianza y falta de planificación energética. También se plantea una auditoría a esos estudios.

Otro de los acuerdos es impulsar una nueva política de hidrocarburos que permita atraer inversión extranjera bajo un marco renovado y una nueva ley que reestructure YPFB. Tarija, además, exigirá que se evalúe el potencial del campo Tarija, tomando en cuenta aportes históricos del departamento desde 1924, así como los perjuicios sufridos por el gas subvencionado destinado a la Planta de Urea, que no generó beneficios directos.

Bolivia entre la urgencia y la estructura

El analista en hidrocarburos y exfuncionario de YPFB, Jaime Balanza, que ha participado en los encuentros preparatorios tanto en Tarija como en Santa Cruz. Desde su mirada técnica, advierte diferencias marcadas entre los intereses regionales.

Santa Cruz —que consume cerca del 50% del combustible del país— teme desabastecimientos inmediatos. Tarija, por su parte, enfrenta un drama estructural, su economía depende en un 90% de la renta petrolera, un ingreso que disminuye año tras año.

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Balanza considera que pensar que una nueva Ley de Hidrocarburos resolverá el problema es “una visión simplista”. Explica que Bolivia necesita más de 3.000 millones de dólares para ejecutar un plan serio de exploración, y que ningún ajuste legal producirá ese dinero por sí solo.

“Las soluciones deben partir de una nueva política de Estado, fruto de un diálogo social amplio”, afirma. A su criterio, esto implica incluso modificaciones parciales a la Constitución Política del Estado, que hoy desincentiva la llegada de capitales para hidrocarburos, litio, tierras raras y minería.

Balanza también recordó el referéndum del 2004, cuando Bolivia —al rechazar la exportación directa a Chile— cedió el mercado a Argentina. “Hoy Argentina expulsó al gas boliviano y se adueña del mercado chileno, y además usa los ductos bolivianos para mandar gas a Brasil”, señaló.

Para él, el país debe asumir un rediseño de largo plazo: “Primero se construye una política de Estado, luego se reforman normas como la CPE, después vienen las leyes y finalmente las políticas sectoriales. Ese es el camino para relanzar la política petrolera”.

La Paz define postura para la Cumbre

Desde el departamento de La Paz, también afinan postura en materia energética, entre los puntos que ponen en agenda, tienen que ver con la necesidad de una nueva Ley de Hidrocarburos; Hacer una producción autárquica de hidrocarburos en el país; Instalar y operar plantas de Tecnología de conversión de gas a líquidos GTL (gasolina y diésel); Promover una adecuada exploración y posterior producción de los campos de Mayaya.