Tras fallo del TCP, Sedeca reabre sin garantías de sostenibilidad

Aunque los 200 trabajadores del ex Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) ya habían sido admitidos en la Dirección Departamental de Administración de Vías (DAV) creada en 2022 por decreto de la Gobernación Autónoma de Tarija, el sindicato siguió reclamando la reapertura de la institución caminera y ayer el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictó sentencia al respecto, dejando más dudas que certezas y asestando, según varios expertos en derecho autonómico consultados, un nuevo golpe a la autonomía.

El TCP organizó un acto público para leer la sentencia al que invitó a la dirigencia sindical, pero no a la otra parte, según explicó el gobernador Óscar Montes. En él la magistrada tarijeña Elisabeth Cornejo explicó que se trata de la sentencia sobre una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta del Decreto Departamental 003/2022 de 10 de febrero, modificado por el Decreto Departamental 021/2022 de 31 de mayo emitidos por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. El mecanismo empleado implica que se reconoce la constitucionalidad de lo actuado hasta que el TCP se pronuncia en sentido contrario.

En la parte argumentativa, Cornejo explicó que “Se demandó a través de una acción de inconstitucionalidad abstracta, la inconstitucionalidad del Decreto Departamental 003/2022 de 10 de febrero -modificado parcialmente por su similar 021/2022 de 31 de mayo- que en su Disposición Adicional Primera dispuso el cese de operaciones, supresión y liquidación del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA), lo que habría ocasionado el despido de más de 200 trabajadores que se encontraban dentro del régimen de la Ley General del Trabajo (LGT) y gozando de fuero sindical; creando en su reemplazo la Dirección Departamental de Administración Vial”.

Además dijo que “la demanda denunció que los indicados Decretos Departamentales vulneran la jerarquía normativa al intentar modificar o derogar leyes y decretos supremos de mayor rango, además de invadir competencias exclusivas del nivel central del Estado en materia laboral. También cuestionó la falta de fiscalización de la Asamblea Legislativa Departamental en la aprobación de uno de los decretos y la inconsistencia en el régimen laboral de los ex-trabajadores del SEDECA”.

La sentencia consta de tres puntos que son textualmente los siguientes:

• Se declara la inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Primera del Decreto Departamental 003/2022 y del artículo 8 del Decreto Departamental 021/2022. La decisión fue fundada en la violación del principio de jerarquía normativa señalada en el Art. 410 de la CPE, ya que un decreto departamental no puede abrogar normas de mayor jerarquía como leyes nacionales o decretos supremos.
• Asimismo, el TCP determinó que el Decreto Departamental 021/2022 invadió competencias privativas y exclusivas del nivel central del Estado en materia laboral, contraviniendo los artículos 298.I.21 y 298.II.31 de la CPE.
• Finalmente, se evidenció una contradicción en el régimen laboral establecido por el decreto departamental, que desconocía normas de mayor rango que garantizaban la aplicación de la Ley General del Trabajo a los empleados del SEDECA.

Injerencia Autonómica

Esteban Ortuño, doctor en Derecho Constitucional, consideró que la sentencia “se constituye en un peligroso acto de centralización del Estado, pues constituye un retroceso al Estado Autonómico, al impedir que el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, aplique de manera plena su competencia exclusiva de Administración las Carreteras Departamentales conferida por la CPE”.

Ortuño explicó que la sentencia se fundamenta en “meras citas doctrinales y Resoluciones Constitucionales del año 2005, es decir emergentes de un régimen centralista, aparentemente superado con la constitución de 2009”.

“La autonomía ha sufrido un nuevo golpe centralista, perpetrado esta vez por los llamados magistrados auto prorrogados (los magistrados electos votaron en disidencia), que  a través de una Sentencia forzada, pretenden quitar efectividad autonómica, de la Constitución a la cual se supone deben proteger”.

Montes y el siguiente paso

El gobernador Oscar Montes, en contacto con El País, explicó que los 200 trabajadores ya habían sido restituidos a sus puestos de trabajo con las mismas condiciones en la DAV, por lo que entiende que lo que se desprende de la sentencia es la restauración del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) con su autonomía y la transferencia de los trabajadores mencionados en la sentencia a esa institución. “Han anulado la parte transitoria donde se cierra el Sedeca, no el resto del decreto en el que se crea la DAV, por lo que la DAV seguirá cumpliendo su función y se reabrirá el Sedeca para los fines que los creó el nivel nacional, porque ellos aquí dicen así que nosotros la restituiremos y será el nivel nacional el que de órdenes y ojalá presupuesto para que funcione”.

“El personal ha sido reincorporado hace ya dos años, pero se restituirá al Sedeca y ahí estará, con el presupuesto que le asigne el nivel nacional y me imagino que con eso tendrán que funcionar. Nosotros vamos a cumplir” señaló Montes, quien consultado sobre si le asignaría presupuesto señaló que “tendríamos que hacer modificaciones presupuestarias ¿a quién le quitamos?” al tiempo que recordaba que van a llegar al menos 100 millones menos de los que se han presupuestado.

El Sedeca cuenta con los recursos de la transferencia que hace la ABC para el mantenimiento de los caminos. “Esa plata sí o sí se la vamos a transferir entera” dijo Montes al tiempo de indicar que nombrarían un gerente o un director para ponerse a las órdenes del nivel central. “Ellos están reclamando que esa institución ha sido creada por una Ley Nacional, entonces será esa Ley Nacional la que rija. La autonomía no sirvió para administrar el tema de caminos, así que se tendrá que volver al anterior sistema, al sistema preconstitucional”.

Montes adelantó que pedirá al TCP un auto de aclaración y enmienda para que determine quién debe pagar esos sueldos, ya que dependen del nivel nacional por Ley.

La discusión de competencias, arrollada

El experto en derecho Constitucional recuerda que “Cuando la discusión se trata de competencias, se resuelve mediante un conflicto de competencias, así lo ordena el Código de Procedimiento Constitucional y la Sentencia Constitucional Plurinacional 2055/12, mandato que ha sido incumplido por los Magistrados Constitucionales, que fundamentan su fallo indicando que el Gobierno Departamental ha invadido competencias del Nivel Central”.