Del batacazo de Unidos a las “manos limpias” de Arce

El entorno emenerrista del alcalde Johnny Torres jura que no ha sido venganza y en el Movimiento Al Socialismo (MAS) no todos están contentos con el movimiento en la Asamblea Legislativa Departamental, pero lo cierto es que el gobernador Oscar Montes ha recibido su primer varapalo serio en la que va de gestión y todos hacen cálculos de qué puede suponer esta nueva realidad.

Cuando se habla de cinco asambleístas sobre doce no se puede hablar de transfugio, sino de escisión. Y en realidad, cuando se trata de vueltas dentro de una alianza puramente electoral que nunca tuvo más ideología común que las expectativas de inversión en las provincias de referencia, apenas se puede hablar de traición.

Cinco legisladores de los 12 de Unidos decidieron crear un frente independiente apelando a su condición de provincia

La cuestión es que el jueves Alan Barca se convirtió en el presidente del legislativo departamental con el apoyo de otros cuatro asambleístas de Unidos de provincias, como él, y de buena parte de la bancada del MAS, que no veía la ocasión de moverle el piso al Gobernador. Se acaban así dos años de paz absoluta en el que el legislativo y el ejecutivo han funcionado a las mil maravillas para proteger la gestión: presupuestos, recortes, volteos y sobre todo, la eliminación de la cláusula de débito automático en la Ley del 8% que tanto benefició a los alcaldes en el pasado. Barca asegura que va a estar “del lado del Gobernador” pero nadie le cree.

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A Barca en la Directiva también le acompañan, la legisladora del MAS, Juanita Miranda, como primer vicepresidente; el asambleísta guaraní, Nicolás Montero, en la segunda vicepresidencia; el asambleísta de Unidos, Diego Gutiérrez Aguilera, como Secretario de Directiva; y finalmente como vocal, la asambleísta del MAS, Flavia Aparicio Quiroga.

¿Pero qué pasó en la Asamblea?

Walter Ferrufino, posesionado en abril como nuevo coordinador gubernamental para Tarija en reemplazo de un Marcelo Poma que también intentó tomar la Asamblea en 2022 sin éxito, se anota el primer tanto: el MAS recupera un espacio para hacer oposición aún sin ocupar la presidencia, por lo que casi no se nota.

Hay sin embargo más teorías. Una señala efectivamente a los operadores del Gobierno Municipal que quisieron devolver el golpe padecido en el Concejo Municipal en abril, cuando el concejal más afín al gobernador Montes, Alberto Valdez, trató de volar la alianza de Unidos para tomar la presidencia del Concejo con el MAS y, así, “revitalizar la fiscalización” y todas esas cosas que se versan cuando pasan estas cosas. El MNR sigue siendo un partido con historia y ciertos códigos y Torres es algo así como el último baluarte.

La otra habla de una suerte de “autogolpe”; una voladura controlada de la bancada con autorización de Montes para cumplir con los nuevos presagios de la “coordinación” que embandera Ferrufino. El MAS necesita espacios de poder y visibilidad y por lo pronto, lo ha conseguido antes siquiera de formalizar las contrapartes: la planta de tratamiento de aguas residuales sigue en proyecto y el puente de Tomatitas lo hará la UPRE.

Hay heridos múltiples en la operación. El principal, Mauricio Lea Plaza, adalid de Montes en la Asamblea y quien ha tratado de mantener el control luego de delinear la estrategia y operar golpes magníficos, como el del 8%, pero que se ha visto “traicionado”. Se le vio ciertamente agotado en la sesión y sus mensajes posteriores auguran un paso al costado.

También quedan tocadas Marina Hoyos y Deysi Torres, ambas del MAS pero desligadas desde la primera gestión en que convinieron cerrar filas con Unidos a cambio de comisiones y otras prebendas. Cosas de la política, ambas quedan ahora totalmente expuestas.

Por último, Montes pierde pisada en las provincias, lo que le puede llegar a complicar en el futuro en el caso de que busque su reelección, pues en 2021 fueron determinantes tanto para la elección como sobre todo, para el control de la Asamblea.

Corrupción y oscuridad cercan a Arce

La semana política nacional empezó con un sobresalto de los que dejan huellas. El auditor del banco Fassil caía del piso 14 de la Torre Embassador justo cuando había acabado de resolver los problemas de ahorristas y trabajadores y empezaba a concentrarse en destrabar la trama de corrupción y estafa que había anidado en el segundo banco más grande de Bolivia.

El asunto, que debía ser técnico por lo obvio, se ha convertido en arma arrojadiza: hay quien en occidente quiere vincular a la quiebra del banco el ocaso del modelo cruceño, más basado en la especulación inmobiliaria que en la soya, aunque también, mientras que desde el oriente se trata de responsabilizar a la ASFI por su falta de control, algo que supuestamente vendría motivado por opacos negocios de altas autoridades de este y del anterior gobierno.

Como nadie demuestra nada y ultimátum puede haber para todos, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo del Carpio, ha hecho de juez y ha sentenciado suicidio, un veredicto que no deja tranquilo a nadie, aunque algo se ha relajado el asunto. La salida fácil para quien no quiere hacerse demasiadas preguntas.

El otro tema de la semana tiene que ver con el intempestivo cambio de los ministros de Salud y Minería. Luis Arce es poco afecto a este tipo de cambios, pero ya ha aprendido que es mejor hacerlos antes que después, cuando el escándalo ya está maduro. En este caso fue unas horas antes: la denuncia habla de padres contratando a hijos para subir transmisiones al Facebook a razón de 20.000 bolivianos al mes. Casi nada.

Los dos puntos fuertes que llevaron a Arce al Palacio Quemado – manos limpias y experiencia en la gestión económica – se está poniendo en entredicho: el dólar tembló aunque va a mejor y los casos de corrupción afloran como setas en todos lados.