Tarija: No hay protocolo para los casos de violencia entre estudiantes

Un caso de abuso sexual contra niñas de entre 7 a 9 años al interior de una unidad educativa de Tarija, en el que el presunto autor es otro estudiante de 12 años, ha generado versiones encontradas entre las autoridades judiciales y educativas sobre el proceso legal que se debería aplicar para promover la rehabilitación del adolescente que habría cometido estas agresiones, y en resguardo de las cuatro víctimas, que es la principal demanda de sus padres, quienes aseguran que las menores están desprotegidas.

La declaración de las familias que salieron ante la prensa como último recurso para acceder a justicia se asemeja a la búsqueda de los periodistas para obtener información sobre el marco legal vigente, al haber versiones opuestas entre abogados de las menores afectadas y las instituciones públicas.

A pesar de que las primeras agresiones datan de hace varios meses atrás, desde la Unidad de Prensa de la Dirección Departamental de Educación se informó que no había ningún reporte sobre este caso, pero que sería competencia exclusiva de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). La declaración fue similar por parte del subdirector de Educación Regular, Guillermo Cincko, que aseveró no haber escuchado del hecho hasta que los padres denunciaron la falta de acciones del Estado.

De acuerdo al reporte del director Distrital de Educación, Félix Tapia, no recibió un reporte de parte de la directora de la escuela, ni de la Defensoría hasta mediados de semana. Luego dijo haber confirmado con esta instancia, a la que señaló como la única con competencias de acción.

A pesar de las sesiones y de que la primera denuncia se presentó en mayo, la agresión se habría repetido en al menos tres ocasiones con otras víctimas.

“Está en manos de la Defensoría, como son menores de edad no nos concierne ese proceso, ellos indican que ya han hecho la evaluación psicológica y se lo ha derivado al INTRAID. Nosotros tenemos que someter al proceso disciplinario cuando la denuncia es contra el plantel docente o administrativo”, dijo Tapia.

Una sentencia da lineamientos

El abogado de las familias y las víctimas, Marco Cardozo, aseveró que existe una irregularidad al interior de la unidad educativa debido a que debería haber llevado adelante un proceso interno, que, si hay reincidencia y se prueba la vejación, se debe gestionar su cambio a otra escuela. Esto según lo establecido en la Sentencia Constitucional 469/2019.

Dicha sentencia establece en sus conclusiones que el Ministerio de Educación tiene la obligación de desarrollar “un procedimiento disciplinario escolar marco y el protocolo para que desde la gestión 2020 las instituciones educativas adopten en sus reglamentos dichos procedimientos y respondan efectivamente cuando se presente un caso de violencia que involucre a los estudiantes”.

Tapia aseveró que existe una contradicción en la legislación y al no haber un reglamento específico, al momento solamente pueden obedecer al derecho constitucional a la educación y que una posible expulsión solamente traería como consecuencia un proceso contra la directora por discriminación, pues ya no está permitido sacar a estudiantes de un colegio.

“El Ministerio tendría que solucionar esta contraposición (…) Tampoco es solución expulsar al adolescente, porque la situación podría repetirse en la unidad educativa a la que vaya”, manifestó.

Aunque el adolescente estaría al momento pasando clases virtuales, al escuchar las diferentes versiones sobre el procedimiento, los padres volvieron a preguntar por qué se respeta el derecho a la educación para el agresor y no los derechos de las niñas víctimas de abuso sexual.

Procesos disciplinarios contra maestros

En cuanto a las denuncias que apuntan a los maestros o personal administrativo, el director distrital, Félix Tapia, mencionó que entre la gestión pasada y la presente se registraron aproximadamente 15. La mitad de ellas corresponden a faltas por incumplimiento de deberes y las restantes tienen que ver con agresiones físicas o psicológicas y un hecho de acoso a estudiantes.

Explicó que las sanciones consisten en suspensiones sin goce de haberes. Las mismas se determinan en un Tribunal Disciplinario, que la dirige junto a dos miembros de la junta de padres.