Los proyectos de continuidad todavía se comen el POA 2019

El Plan Operativo Anual para 2019 de la Gobernación de Tarija ya está en la Asamblea, y mientras se espera la previsible ampliación del plazo otorgado por el Ministerio de Economía, similar al de los años precedentes, los números globales se analizan al detalle pero en líneas generales se coincide en que las imposiciones del nivel central, que obligan a concluir los proyectos de la gestión de Lino Condori, se comen buena parte del presupuesto.

En general, el presupuesto departamental en su capítulo de ingresos por renta petrolera bordea los 1.700 millones de bolivianos de los que el 45 por ciento es administrado directamente por el Chaco, por lo que no es objeto de debate en la Asamblea Legislativa, que si lo debe consolidar después tras el tratamiento del tema en la Asamblea Regional, mientras que la Gobernación de Tarija administrará alrededor de 940 millones de bolivianos para las cinco provincias restantes y los proyectos concurrentes con los municipios no chaqueños.

En particular, el capítulo de regalías alcanza 775.827.211 bolivianos (de los que aproximadamente un millón corresponde a regalías mineras y forestales); el del Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHID) que asciende a 56.488.569 bolivianos mientras que lo correspondiente al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) suma 109.943.757 bolivianos. Fuentes de la Gobernación indicaron que en este presupuesto el Ministerio de Finanzas si asignó correctamente los recursos del IDH correspondientes al Gran Chaco en su presupuesto regional, por lo que no se contempla el problema generado en este presupuesto vigente.

De la renta petrolera se deben extraer los recursos destinados a la Universidad, que suman 11.297.714 bolivianos; los recursos de la Renta Dignidad, que ascienden a 32.983.130 bolivianos y los del Fondo de Fomento a la Educación Cívico – Patriótica, que suma 219.892 bolivianos. Estos descuentos han sido observados por distintas autoridades departamentales, puesto que son de competencia nacional que se descuentan del presupuesto departamental.

Del capítulo del 55 por ciento de regalías tarijeñas también se contemplan los recursos para dotar la Ley 206, de proyectos concurrentes con los municipios, conocida popularmente como Ley del 8%. La Gobernación ha previsto los 61 millones de bolivianos correspondientes a las regalías.

El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Álvaro Ruíz, también alcalde de Uriondo y gestor en la práctica de la Ley del 8% indicó que “se han contemplado proyectos de continuidad, pero no la Ley 206”, por lo que espera que a lo largo de su tramitación en la Asamblea Legislativa se puedan enmendar algunas consideraciones.

Presupuesto “social”
En la práctica, el presupuesto de 2018 viene condicionado por la todavía voluminosa carga adquirida durante la gestión de Lino Condori, donde se comprometieron obras por un volumen muy superior al de su capacidad de pago. Si bien nunca se ha conciliado el monto y la Gobernación llegó a hablar de hasta 8.000 millones de bolivianos, el Ministerio de Economía lo colocó más próximo a los 2.000.

La mayoría de aquellas obras contaban con anticipo y porcentajes de avance, aunque fueran pequeños. En los años sucesivos, luego de la caída del barril de petróleo, que pasó de rondar los 100 en 2014 a tocar los 30 dólares en enero de 2016 con el consiguiente impacto en los ingresos por regalías de la venta de gas, cuyos precios se vinculan, la Gobernación se dedicó a gestionar continuidades y cierres de proyectos. En 2016 el Ministerio de Planificación vetó 133 proyectos que se pretendía iniciar en esta gestión, dejando claro que el objetivo debía ser la continuidad, y desde entonces cualquier proyecto que se pretende abrir es una negociación.

Entre los proyectos más delicados se encuentran los recursos para el Fondo Rotatorio, los recursos para la planta de tratamiento de San Blas y algunos caminos prioritarios, como la tercera frontera o la culminación de la vía Bermejo – San Antonio.

En el presupuesto de 2019 se percibirá un incremento del servicio de deuda, puesto que se deberá empezar a amortizar los créditos privados a los que ha accedido el Gobierno Departamental para pagar obligaciones pasadas. Todavía no se contabilizarán los pagos de los fideicomisos, puesto que tienen hasta dos años de gracia para iniciar con la devolución.

Gobernación destaca la inversión social

El secretario de Planificación e Inversión de la Gobernación, Karim Leytón, manifestó que este es el POA de “las grandes prioridades”, admitiendo que dicha planificación se sustenta en cubrir las necesidades primordiales de la sociedad, resaltando la inversión en Salud, tanto en servicio, como en infraestructura y equipamiento.

“El POA 2019 incluye los recursos para concluir por ejemplo la gran infraestructura de salud que está en actual ejecución el Hospital Materno infantil, el Oncológico, la total refacción del Hospital San Juan de Dios, el mejoramiento de los hospitales en las provincias, el equipamiento, está con claridad marcado el presupuesto para el resonador magnético que es una demanda social necesaria y prioritaria de nuestra población”, señaló Leytón.