Pulso político en Tarija
El debate autonómico cobra fuerza a días de renovar la ALDT
El legislativo no ha aportado soluciones a la crisis estructural del departamento, no ha aceptado recortes ni ha propuesto un reajuste. Alan Barca sigue siendo el aspirante a renovar mandato



La Asamblea Legislativa Departamental abordará en pocos días su última renovación de Directiva y Comisiones. Será la última de una Legislatura infructuosa y marcada por la crisis, en la que los legisladores no han sabido acompañar la gestión ni dar soluciones, y en ese marco, algunos asambleístas tratan de instalar el debate de contenidos mínimos para tratar de darle un rumbo al menos a la última de las Directivas y cerrar así el ciclo.
El debate es de fondo, pues se trata de ajustar la autonomía a la realidad financiera nacional y departamental para que se sigan cumpliendo las funciones, sin embargo pocos quieren asumir la trascendencia del momento y confían en algún golpe de suerte o, peor, en que sea el gobierno nacional el que acabe ordenando la casa.
Ya sucedió en las elecciones de 2021. La Asamblea Departamental guardó en un cajón durante meses la Ley que redistribuía y acomodaba las circunscripciones electorales por simple temor al qué dirán. Finalmente fue el Tribunal Electoral el que actuó de oficio quitando el curul de Yunchará y sumando a Cercado, además de oficializar la no elección de subgobernadores, como ya había ordenado el Tribunal Constitucional hace muchos años.
Reforma de estructuras
La Asamblea Legislativa Departamental es con diferencia la más poblada del país y también la más cara. En el pasado sumaba 30 millones de bolivianos para 30 asambleístas titulares y 30 suplentes, en la actualidad el presupuesto ronda los 18, pero ahora representa un 10% del ingreso por regalías, lo cual es desproporcionado.
Con el fin de ajustarse a la realidad se han emitido diferentes criterios para reducir la estructura, pero hasta hoy no hay una propuesta de Ley, que en realidad debería tratarse de una reforma del Estatuto a través de referéndum. El número de asambleístas es de 30 titulares, con sus suplentes: 12 se eligen por provincia, tres son de los pueblos indígenas Tapieta, Guaraní y Weenhayek, y 15 se reparten por población, correspondiendo seis a Cercado, cuatro al Gran Chaco, dos a Arce y uno en Méndez, Avilés y O’Connor. El plan es reducirlos proporcionalmente llegando a la mitad.
Sobre el tema de subgobernadores, el último en pronunciarse ha sido el asambleísta Mauricio Lea Plaza, último prefecto de Tarija y que tuvo un papel muy activo en la definición del texto en 2008. Lea Plaza sugiere incluir también una reforma que elimine el siempre polémico rol de los subgobernadores. En su momento se les dio consideración de electos y por tanto, se les dio una estructura costosa y unas pocas competencias que entraban en colisión con las Alcaldías (los subgobernadores son por municipio y no por provincia). Ya desde 2021 los subgobernadores son designados por el Gobernador, que nunca fue el espíritu, por lo que se plantea reforzar la coordinación con los Gobiernos Municipales. «Consideramos que es necesaria achicar el Gobierno Departamental, consideramos que este podría ser un elemento muy importante, que ayude, que contribuya, justamente a avanzar en ese sentido», señaló Lea Plaza.
Medidas de ahorro
Más allá del tema estructural, que requiere de referéndum y que se debería hacer coincidir con la próxima elección departamental para ahorrar recursos, hay otras medidas concretas de ahorro que desde la Gobernación se han ido planteando y que la Asamblea ha rechazado de plano, evidenciando la escasa cintura política de unos y otros.
De entrada el gobernador Óscar Montes planteó suspender las leyes testimoniales que asignan recursos para festejos o promociones, pero no se hizo.
Después pidió un marco legal para cerrar el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), pero apenas pudo convertirlo en Dirección.
Más recientemente planteó una Ley de Emergencia Financiera para ligar el Prosol a un porcentaje fijo de regalías; depurar las listas de la canasta del adulto mayor, eliminar ítems de salud, etc., y el tema ni siquiera fue puesto a consideración.
En paralelo planteó una nueva escala salarial con reducciones de hasta el 50% y los asambleístas apenas aceptaron 10%, así que el fiasco es evidente.
En este contexto, Alan Barca, electo por Caraparí en las filas de Unidos del Óscar Montes, pero revelado como crítico en la segunda gestión hasta alcanzar la presidencia con apoyo del MAS, parece ser el único con posibilidades de revalidar la gestión, aunque no esté claro para qué la quiere.