Sistema de pensiones: estatizar para extranjerizar las jubilaciones

El 19 de agosto, el vicepresidente Álvaro García Linera, afirmó que “el aportante, el trabajador, tiene que estar seguro que sus ahorros están totalmente garantizados, nadie toca eso”. También se mostró orgulloso de que en su gestión de gobierno los ahorros jubilatorios de los trabajadores se hayan “incrementado notoriamente”, pasando de 2.700 millones de dólares a más de 16 mil millones.

En efecto, el ahorro jubilatorio ya supera, y por mucho, el nivel de Reservas Internacionales (RIN), que según información del Banco Central de Bolivia (BCB), esta semana continuó su caída hasta los 9.174 millones de dólares actuales, que implica una reducción de 10,5% respecto a la cifra registrada en diciembre de 2017. Así, mientras las RIN bajan, los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP, o sea el ahorro jubilatorio) suben.

Sin embargo, el vicepresidente García Linera no mencionó en su intervención dos aspectos fundamentales sobre el funcionamiento y el devenir de la administración de las jubilaciones de los bolivianos, uno que explica la verdadera razón del incremento del ahorro jubilatorio y otro que implica la continuación de políticas neoliberales y que pone en entredicho que los fondos estén “totalmente garantizados”.

Existen antecedentes de que los países desarrollados tienen la práctica de “congelar” los activos, reservas de divisas y otros recursos de quienes “invierten” en sus jurisdicciones. El más reciente: “la congelación de activos rusos por valor de cientos de millones de dólares en EEUU”, que esta semana anunció la subsecretaria del Departamento del Tesoro de EEUU, Sigal Mandelker.

Más contribuyentes y más contribuciones, una tendencia de 20 años
El crecimiento de los fondos del SIP, se debe en realidad al incremento del número de contribuyentes y por tanto de las contribuciones de éstos al SIP -que se ha acentuado especialmente después de la Ley de Pensiones 065 de 2010-, y no a una administración eficiente de las AFP ni a un rol especial que haya tenido el gobierno central.

Así lo revela la Memoria Institucional 2016 de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS): “El crecimiento de Asegurados, fruto de los nuevos beneficios de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, así como el seguimiento al pago de Contribuciones de Asegurados Independientes y de Empleadores sumado a las distintas campañas informativas de la APS y las gestiones de cobro implementadas, entre otros, han permitido un crecimiento de la recaudación del 183,16% desde diciembre de 2010 a diciembre de 2016”.

Si bien el número de asegurados y contribuyentes al SIP se acentúa desde 2010 –con el consiguiente aumento de la cartera de fondos del SIP- la tendencia ha sido constante e invariable desde 1997. Ello también se puede verificar en la misma memoria institucional.
Asimismo, según afirma el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arze, la implementación del SIP creado por la Ley 065, ha generado nuevos adicionales “provenientes de los recientemente creados aportes solidarios”.

Por tanto, no ha habido una mejora en la rentabilidad de los fondos SIP (en realidad todo lo contrario). Tampoco ha habido aportes adicionales desde el Estado ni desde el sector privado que hayan aumentado los fondos. Son los trabajadores los únicos artífices del incremento de la cartera de fondos SIP.

La continuidad neoliberal
Otro tema que García Linera omitió en sus comentarios tiene que ver con la continuación y extensión de la política de utilizar el ahorro interno de los bolivianos para potenciar a economías extranjeras desarrolladas. ¿Cómo?

La nueva Ley de Pensiones 065, del año 2010, crea la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo (GP), que reemplazará a las AFP, tras años de retraso, supuestamente desde 2019.

Pero el meollo del asunto está en el Artículo 143 de dicha ley, que dice textualmente: “Las inversiones realizadas en el extranjero no deberán ser mayores al cincuenta por ciento (50%) de cada Fondo administrado”.

Cuatro años después, en 2014, la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó su beneplácito con la exportación de ese 50% del ahorro jubilatorio (que hoy en día superaría los 8 mil millones de dólares considerando que el total alcanza a 16.261.955.358 dólares, según la APS al 30 de abril de 2018), con el argumento de aumentar los rendimientos de los aportes de los trabajadores.

En efecto, los rendimientos en los últimos años han sido sumamente magros: en 2014 estaban por encima del 3%, en 2015 por encima del 4%, en 2016 por encima del 5% y en 2017 en poco más del 3%.

Sin embargo, el argumento de exportar el ahorro jubilatorio para mejorar sus rendimientos no tiene ningún sustento real, ya que los mercados financieros internacionales donde se pretende prestar estos recursos siguen en sus niveles históricos más bajos. Como referencia se tiene que la inversión de las RIN en el extranjero el 2016 generaron retornos acumulados de menos del 1%, y en 2017 de apenas 1,17%, menos de la mitad de lo que generan las AFP actualmente.

Mientras tanto, la medida significará en los hechos potenciar fábricas, empresas y bancos de los países que reciban estos dineros y, en consecuencia, mejorar la situación de los trabajadores de aquellos países, mientras las empresas bolivianas no podrían contar con ese ahorro interno, debilitándose el desarrollo de los propios trabajadores bolivianos.

Migajas en las empresas bolivianas
Expertos bolivianos han advertido que tanto los políticos del oficialismo y la oposición, como los dirigentes de los trabajadores y empresarios bolivianos, deberían mínimamente acordar que las RIN de Bolivia sean invertidas dentro del propio país que las genera y dejen de enviarse al exterior, con la finalidad de dinamizar la economía boliviana en todos sus aspectos, lo que, a su vez, generará más acumulación de divisas.

Proponen además que ese mismo principio sea aplicado para el uso del ahorro jubilatorio, la mayor parte del cual se deposita en los bancos bolivianos y en préstamos al propio Estado boliviano.

“El mecanismo de asignación de recursos a los diferentes sectores productivos de la economía debe ser normado por el Estado, impulsando el mercado de valores, como alternativa al sector bancario, por ser este altamente restrictivo, ya que presta sólo al que ya tiene”, explicaba una fuente consultada.

En efecto, bajo el esquema actual, la gran mayoría del ahorro jubilatorio beneficia a la gran banca privada y otros intermediarios financieros privados. El siguiente beneficiario es el Estado.

Según el reporte oficial (APS), apenas el 6,54% de los fondos SIP se invierten directamente en las empresas bolivianas. El 22,58% beneficia al Estado boliviano, y casi el 65% están depositados en los bancos privados y negocios afines.

Las AFP también compraron parte de los bonos bolivianos soberanos vendidos en las bolsas extranjeras.

La Ley 065 y el acuerdo firmado entre el gobierno y la COB, coadyuvarán a que ese 5,11% invertido actualmente en el mercado extranjero crezca hasta el 50%, en lugar de que sean las empresas privadas bolivianas las que se beneficien con el ahorro generado por sus propios trabajadores.

Premiando a las “ineficientes”

A raíz de la noticia de que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), accionista principal de la AFP BBVA Previsión, inició una demanda de arbitraje contra el Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el exministro de Economía, Luis Arce Catacora, afirmó que las AFP que operan en Bolivia son “ineficientes” y que fueron favorecidas por los gobiernos neoliberales para lograr utilidades a costa del Estado.

Según el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, las AFP que operan en Bolivia tuvieron el año pasado el “peor desempeño” en la región, ubicándose en último lugar entre los países donde rige el sistema de capitalización individual, dando razón al exministro.
Por su parte, el investigador del CEDLA, Carlos Arze, concuerda en que las AFP fueron favorecidas desde un principio gracias a que recibieron de entrada más de 300 mil clientes (como afiliados obligatorios por la reforma neoliberal), y que el Estado a través de préstamos “les garantizó altas tasas de rendimiento” sin tener que hacer “mucho trabajo”.

Sin embargo, el experto advierte que durante la gestión de Evo Morales las AFP mantuvieron altísimas ganancias, que crecieron aún más desde la vigencia de la Ley 065 de 2010.
Ello ocurre porque desde su comienzo, las AFP tiene derecho a cobrar varias comisiones: 1) comisión por la administración de los portafolios de inversiones del Fondo de Capitalización Individual y del Fondo de Capitalización Colectiva (acciones de las empresas “capitalizadas”), de 0,2285% del valor de los mismos; 2) comisión por la administración de prestaciones de Riesgo Común y Riesgo Profesional/laboral (RC/RP/RL), consistente en el 0,85% sobre el monto recaudado de las primas; 3) comisión por la administración de las cuentas individuales de los aportantes al sistema, consistente en el 0,5% del salario cotizable del afiliado.

Según Arze, el pago de estas comisiones, en especial la 1 y la 3, “no está sometido, de ninguna manera, a la condición de obtener resultados positivos para los aportantes”. A estas se suma la comisión por el pago de las pensiones, que “alcanza un porcentaje que equivale a 2,62 veces el porcentaje de comisión recibida por la administración de los fondos de los trabajadores activos”.

Con la Ley 065, el gobierno autorizó a las AFP a continuar cobrando las tres comisiones otorgadas por la reforma neoliberal, sin ninguna condición sobre los rendimientos de los ahorros jubilatorios. Pero además, la implementación del SIP creado por la Ley 065, “ha generado nuevos recursos provenientes de los recientemente creados aportes solidarios y con servicios ampliados de pago de rentas solidarias”, lo que “se tradujo en enormes utilidades netas” para las AFP, agrega el experto del CEDLA.

Las ganancias acumuladas por las dos AFP hasta el año 2016 (hasta donde existe información) superaron los 53 millones de dólares. En términos relativos, el crecimiento de las utilidades netas en el año posterior a la reforma de 2010 fue de 77,5%. “Este incremento extraordinario resalta aún más si tomamos en cuenta que en los tres años anteriores a la aprobación de la Ley 065 las utilidades habían mostrado una tendencia a la baja, llegando en 2010 a rebajar en 40%”.

Además, agrega el análisis de Arze, “el incremento de las ganancias de las AFP luego de la reforma del MAS resulta mayor que el verificado en los años previos: mientras el promedio del período 2005-2010 era de 6,2 millones de dólares, la ganancia anual promedio del período 2011-2016 llega a los 8,9 millones de dólares”.

[gallery ids="54167,54168"]