Romper el silencio en la UAJMS: La violencia sexual en primera persona

“Él mostraba ser un tipo serio, jamás se quedaba a charlar con las alumnas o hacía chistes. Por eso es que nunca sospeché nada y no tuve ese temor de ir a su consultorio” relata Andrea con voz trémula, al recordar lo ocurrido aquel 5 de diciembre de 2024. Andrea, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, es una estudiante de quinto año de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, UAJMS, en la ciudad de Tarija.

5 de diciembre: un secreto a voces

No fue poca la sorpresa de la estudiante cuando fue citada por el catedrático de “Psicoanálisis II” en su consultorio privado. Acudió con la esperanza de tomar un examen recuperatorio que le permitiera aprobar la materia. Su amiga la esperaba afuera, pero al verla salir en un estado de perturbación, no pudo más que preguntarse qué había sucedido. Tuvieron que pasar semanas para que la joven de 22 años pudiera hilvanar en palabras lo que vivió.

“Hay docentes que piden a sus estudiantes que vayan a sus consultorios fuera de la U y ahí es donde se aprovechan” alega una estudiante de la misma carrera que prefiere mantener su identidad en el anonimato. Este modo de proceder se habría convertido en el modus operandi de algunos docentes o, al menos, así lo expresa Luis Araoz, primer ejecutivo del Centro de Estudiantes, “es el modus operandi que venían efectuando por muchos años, en el que les dicen a las chicas “como te falta un punto, te espero en mi consultorio privado”.

El portador de la voz estudiantil relata que en aquel encuentro el docente habría procedido a besar y manosear, por la fuerza, a la universitaria.

En la UAJMS, el 84,7% de los estudiantes aseguran haber presenciado o escuchado casos de acoso sexual en la universidad, según un cuestionario levantado por este medio de comunicación en el que participaron 60 encuestados.

Enero 2025: el miedo

La pesadilla no había terminado allí. Una mañana de enero, una notificación en el teléfono de Andrea la descompensó automáticamente. “Sentí pánico, mi corazón latía horrible. Todo mi cuerpo sudaba. Le hablé a mi mejor amiga. Tenía mucho miedo”. Poco sospechaba la estudiante que el día de ver a su agresor estaría cerca.

Andrea es una de las tantas víctimas que prefieren guardar silencio ante un acto de abuso de poder. El miedo a las represalias, la falta de garantías de defensa, el sentimiento de vergüenza y la inacción de la universidad son las barreras que las víctimas deben enfrentar para denunciar estos abusos.

El 10% de las estudiantes de la UAJMS aseguraron haber sido víctimas de acoso sexual y el 2%, de violencia sexual en el entorno universitario, según un estudio del Centro Integral de Prevención de la Violencia de Género CIPV/UAJMS, realizado el año 2019.

A la fecha, poco ha cambiado esa situación. Según datos recientes recabados por El País, el 11,9% aseguró haber sido víctima de acoso sexual en el entorno universitario. Sin embargo, son pocos los casos que llegan a sentarse como denuncias.

Tras cuatro años de funcionamiento, el CIPV/UAJMS fue cerrado. Actualmente, la UAJMS se encuentra en vísperas de publicar los resultados de una investigación reciente que aborda esta problemática, así lo dio a conocer la representante de la Defensoría Universitaria Estudiantil – Prevención de la Violencia, DUE-PREVIO, Ilsen Ortega, quien también recalcó que la UAJMS actualmente encabeza la Red Universitaria Boliviana de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres (RUB-LCVM).

18 de febrero: sin protocolo contra la violencia sexual

No fue hasta febrero de 2025, tras momentos incómodos en los ambientes universitarios, que Andrea decide contar a Araoz lo sucedido. Los años compartidos como compañeros y amigos, sembraron confianza en la joven para hablar. “Me daba mucho miedo, pero fue él quien me dio la seguridad de que sí se iba a hacer justicia y que iba a estar todo el tiempo acompañándome”.

Sin embargo, los jóvenes se darían de bruces contra un sistema universitario carente de un protocolo específico y público para la prevención y atención de la violencia sexual y de género.

Dado que UAJMS es una universidad pública boliviana, está sujeta a la Ley No. 348 ‘Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia’, que establece la obligación de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Ortega ratificó que, en casos enmarcados dentro de dicha ley, estos son tipificados como faltas gravísimas en el nuevo ‘Código de ética y Reglamento de procesos Universitarios’ y la universidad debe brindar las garantías necesarias a la víctima.

Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con un protocolo específico. Ya en el año 2022, la abogada Eulalia Alvarado Arroyo, a través de un estudio exhortaba a la implementación de protocolos para la atención de hechos de violencia hacia las mujeres en la UAJMS y una ruta clara y eficaz para denunciar estos hechos.

El abogado Samuel Grover Mita Aquino, especialista en materia penal, planteó que la universidad debería contar con una unidad especializada en género que brinde apoyo psicológico y jurídico a víctimas, con espacios de orientación permanente y campañas informativas claras.

“Es necesario formar a los docentes y estudiantes para que conozcan la Ley No. 348 y sepan cómo proceder ante una situación de violencia y puedan actuar con responsabilidad y criterio” Samuel Grover Mita Aquino, abogado

Para Andrea, la peregrinación en busca de ayuda había iniciado aquel 18 de febrero, cuando la denuncia contra el catedrático fue sentada ante la fiscalía general del Estado. La joven no pudo evitar sentir inquietud ante aquel panorama de desamparo institucional. Según datos recabados por este medio de comunicación, seis de cada diez estudiantes consideran que la universidad no brinda el apoyo y protección adecuada a las víctimas de violencia sexual.

Así lo reiteró Araoz, “en la carrera de Psicología, tenemos el Gabinete Psicológico que es, justamente, para brindar atención a un costo de Bs. 2, sin embargo, la demanda es altísima. En cuanto a lo legal, se supone que la universidad da asesoría y apoyo, pero es casi nulo. Tuvimos que buscar otro abogado por fuera”.

Tanto la Oficina Jurídica, que presta asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos económicos, como el Gabinete Psicopedagógico, enfocado a lo académico, no se especializan en tratar con víctimas de violencia sexual y de género.

La psicóloga Bertha María Delgado aseguró que todas las instituciones educativas deberían contar con protocolos para brindar acompañamiento a las víctimas, además que podría ser una manera de agilizar su denuncia.

24 marzo: un grito colectivo

Poco sospechaban los estudiantes de la Facultad de Humanidades que la mañana de aquel lunes 24 de marzo rompería con su rutina y los llevaría a levantar pancartas al aire con la denuncia “yo sí te creo”, pidiendo justicia por la vulneración a una de sus compañeras. Para las 8:30 am, la alerta de abuso sexual a la estudiante había tomado por sorpresa tanto a docentes como a universitarios, incendiando la indignación de estos últimos.

Aquella denuncia pública contra el catedrático de Psicología, destapó la caja de pandora y las historias que circulaban como acallados murmullos por los pasillos, se hicieron tangibles. Desde miradas sugestivas, mensajes en horas de la madrugada, insinuaciones y piropos fuera de lugar, eran el común denominador del acoso normalizado en casos que se conocen, pero se denuncian poco.

11 de abril: un largo camino aún por recorrer

Tras la audiencia llevada a cabo la mañana del 11 abril de 2025, el juez dictaminó detención preventiva para el catedrático de Psicología, en el penal de Morros Blancos, por el lapso de un mes.

Este parece ser sólo el inicio de un largo camino de recuperación para Andrea, que no sólo ha hecho frente al proceso legal, sino también a las represalias sociales y los comentarios de los mismos estudiantes. “Así como hay comentarios de apoyo, hay comentarios malos donde, literalmente, me echan la culpa, dicen que “yo sabía a lo que iba”, que porque soy floja y no he estudiado quería nota”.

La activista social y defensora de los derechos humanos, Cinthia Mamani, señala que cuando una víctima no es creída, se convierte en blanco de estigmatización. Para la activista, hay una frase que retrata esta situación: para el agresor siempre hay una excusa, para la víctima, la culpa.

La falta de comprensión sobre el contexto de manipulación, el hostigamiento constante y el impacto emocional que provoca este tipo de violencia, hace que las víctimas se sientan aún más afectadas, sobre todo cuando las instancias a las que acuden no les brindan respaldo. A esto se suma la revictimización, el juicio social, la intimidación y la culpabilidad, que sólo profundizan el daño emocional.

Desconocimiento de la Ley 348 en la UAJMS

En la UAJMS, existe un desconocimiento general de la Ley No. 348 ‘Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia’, especialmente en los grupos masculinos. El 68% de los administrativos, el 62% de los docentes y el 63% de los estudiantes varones señalaron no conocer la Ley, según una investigación llevada a cabo por el CIPV/UAJMS, que ha dejado de funcionar dando paso a la Defensoría Universitaria Estudiantil – Prevención de la Violencia, DUE-PREVIO, inaugurada el 27 de mayo de 2024.

El abogado Samuel Grover Mita Aquino, especialista en materia penal, recalcó la importancia de trabajar en la prevención, a través de la socialización de la Ley. Mita propone que “sea obligatorio para los docentes tomar cursos específicos sobre la Ley No. 348 y presentar certificados que avalen su formación en esta materia”. También sugiere que la carrera de Derecho promueva acciones de extensión universitaria para capacitar al resto de la comunidad universitaria.

Un nuevo Código de ética y la ruta de la queja

Para la atención de quejas de toda índole dentro del sistema universitario, la UAJMS se ampara en el nuevo ‘Código de ética y Reglamento de procesos Universitarios’, aprobado en el año 2024.

Para dar inicio al proceso administrativo, se debe presentar una denuncia ante el decano de la facultad correspondiente, este se encarga de llamar al Honorable Concejo Facultativo, que analiza la denuncia y si tiene todos los elementos para ser aceptada, es trasladada a la facultad en menor antigüedad, para evitar susceptibilidades y parcialización. En dicha facultad se establece el Tribunal, conformado por docentes y estudiantes, que va a juzgar el caso.

El Tribunal se encarga de notificar a las dos partes involucradas para que en un lapso de diez días puedan presentar pruebas y testigos. Cumplido el plazo, el Tribunal ingresa en un periodo de tres días más, en los que analizará las pruebas y dictaminar si hay sanción administrativa o no.

Mita aseguró que “el Tribunal no siempre está preparado jurídicamente. En muchos casos, no conocen a profundidad la Ley 348 ni los procedimientos adecuados; esto puede llevar a que, el docente sea eximido de responsabilidad”.