Huaytari agita los fantasmas electorales con un recurso al TCP

Hace dos meses se celebró una cumbre “por la democracia” a convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El objetivo era “blindar las elecciones” del 17 de agosto. La propia convocatoria de la cumbre admitía amenazas sobre el proceso constitucional, o como mínimo, la posibilidad de que la crisis económica impidiera algunos procesos.

Unos hablaban de la necesidad de liberar recursos en créditos bloqueados en la Asamblea para garantizar, por ejemplo, el voto en el extranjero y otros simplemente de que hubiera gasolina suficiente para poder capacitar a los jurados. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral pedían que se fuera leal, por ejemplo, con el funcionamiento del sistema de Transmisión Rápida de Datos (TREP), pero sobre todo, que les hicieran dos leyes: una para ser juzgados como altas autoridades del Estado, es decir, con autorización de la cámara, y otra, una Ley de preclusión, es decir, que no se pudiera paralizar el proceso vía recursos al Tribunal Constitucional Plurinacional tal como había pasado en las recientes elecciones judiciales de diciembre y que dieron como resultado la mutilación de la renovación del Tribunal Constitucional y por ende, de la credibilidad del propio órgano.

Nada de eso ha pasado, pero además, el fuego lo ha abierto Israel Huaytari, expresidente de la cámara de diputados y uno de los diputados favoritos de Luis Arce. En el memorial, se argumenta que la convocatoria a los comicios de agosto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es “incompatible” con disposiciones constitucionales y otras normas y por ende, Huaytari pide al TCP “conceder la medida cautelar ordenando al Tribunal Supremo Electoral que, en el marco de sus atribuciones constitucionales, emita la normativa que corresponda incluyendo en la convocatoria para las Elecciones Generales 2025 el requisito de paridad y equidad de género en las duplas para la presidencia y la vicepresidencia, conforme al desarrollo realizado ut supra”.

Varios abogados constitucionalistas han considerado una “aberración” la argumentación y la forma, como Eusebio Vara: “Es una aberración que se aplique la equidad de género en elecciones generales que se vincula a la elección de un mandatario de Estado, o una mandataria de Estado, no tiene aplicabilidad la petición mediante un recurso constitucional abstracto”, pero a la vez admite que el TCP no podrá rechazar el recurso y deberá decidir sobre la medida cautelar.

Huaytari y varios de sus voceros se defienden señalando que en la argumentación solicitan que no se paralice el proceso electoral, sin embargo, eso deberá decidirlo el propio Tribunal Constitucional y la sala donde recaiga el recurso.

La Constitución Política del Estado (CPE) en sus artículos 166 y 167 establece la elección del presidente o presidenta del Estado y en ninguno de los dos artículos o posteriores a ellos, señala que debe aplicarse la paridad de género porque son cargos únicos donde no es posible la aplicación de la equidad de género, y en consecuencia, así se ha venido obrando desde las elecciones de 2009, donde muy pocas candidaturas han sido mixtas. No sucede lo mismo en la relación con los parlamentarios, donde sí se exige la paridad y alternancia en todas las listas.

Varias voces han interpretado que el recurso pone en riesgo la elección. El analista Marcelo Silva, por ejemplo, ha recordado que, según el calendario electoral, estamos a casi un mes del plazo para la inscripción de bionomios, tiempo en el que el TCP puede o no manifestarse sobre la demanda de Huaytari. El problema se daría, según Silva, en casos hipotéticos, si hay binomios hombre - hombre o mujer – mujer y el TCP ordena que haya paridad de género. En esos casos, las duplas serían inconstitucionales.

La diputada Lissa Claros, de Comunidad Ciudadana, advirtió que esta demanda tiene la intención de perjudicar las elecciones, mientras otros actores como Marcelo Claure ha advertido de otros riesgos como un posible “fraude”.