Fiscalía asegura que la aprehensión se ejecuta, no se notifica
Defensa de Evo se contradice en las críticas al proceso
El Ministerio de Gobierno asegura que la Policía está en condiciones de ejecutar la orden de aprehensión vigente, los abogados de Morales dudan de la legalidad
La imputación formal de Evo Morales Ayma por presunta trata de personas generó múltiples repercusiones entre este lunes y martes. Los miembros de su equipo jurídico se pronunciaron por separado dando versiones contradictorias sobre supuestas irregularidades del proceso. Mientras una parte señala que no se le permite dar “su verdad”, otra niega que vaya a apersonarse.
El Ministerio de Gobierno asegura que la Policía está en condiciones de ejecutar la orden de aprehensión vigente.
Proceso
El lunes el Ministerio Público imputó y activó la alerta migratoria para ambos ciudadanos y confirmó que el 16 de octubre se emitió el mandamiento de aprehensión.
La Fiscalía ratifica que pedirá la detención preventiva, tanto del ex mandatario como de Idelsa Pozo, madre de la supuesta víctima a la que Morales habría embarazado siendo ella menor de edad en 2015. En febrero de 2016 habría dado a luz a una hija del sindicado.
Contradicciones
Los abogados del ex jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) hablaron ante distintos medios, pero sus versiones no coinciden entre sí.
En una conferencia de Cecilia Urquieta y Marcelo Galván, la jurista aseveró que el mandamiento de aprehensión de fecha 16 de octubre es el primero y que “se ha dejado sin efecto por una acción de libertad”.
Pero en realidad la primera orden es la que se anuló el 2 de octubre, fecha en que hubo un supuesto intento de rapto a la víctima, Cindy S.V.P. junto a su hija, y que también se destituyó a Sandra Gutiérrez como fiscal departamental, que luego fue restituida.
Galván señaló que en 2020 ya hubo un rechazo a la denuncia por estupro, que hay una actividad procesal defectuosa y que “es la primera vez en la historia que se abre una imputación sin haber recibido la declaración del encausado”.
Ambos dijeron que Morales no fue citado a declarar, pero negaron que esto se deba a que no habite su domicilio formal de Villa Tunari, como informó la Fiscalía.
Galván incluso aseveró que el ex presidente “está llevando una vida normal en su casa, en su chaco, haciendo su actividad política”. Esto se contradice con las mismas declaraciones del ex mandatario que dijo públicamente que hace más de mes y medio permanece en Lauca Eñe, en instalaciones de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, específicamente desde el 27 de octubre cuando hubo una balacera con la Policía, hecho aún no esclarecido.
A la pregunta de la prensa de por qué se rehúsa a declarar, respondieron que no tiene obligación a presentarse a un proceso “ilegal”. Aunque sí estuvo en otras audiencias virtuales.
También hubo un pronunciamiento del Comité Impulsor de Justicia en Radio Kawsachún Coca que indica que “Evo Morales Ayma no ha dado su versión porque no se le permite la oportunidad”.
Él mismo se pronunció en redes sociales asegurando que es “víctima de una brutal guerra jurídica” y que “se inventan delitos”.
Proceso
La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, respondió a esas aseveraciones indicando que la orden de aprehensión se emitió luego de que ninguno de los encausados se presentara a declarar el 10 de octubre sin que su defensa presentara justificativos para su ausencia, aunque en esa ocasión fueron notificados. Pero posteriormente ya no fueron hallados en sus domicilios formales ni apersonarse tras un edicto público.
“Es una aberración que digan que su cliente no ha sido notificado. El mandamiento de aprehensión no se notifica, se ejecuta”, apuntó a tiempo de indicar que ya recibió amenazas por parte de legisladores afines al ex presidente, pero dijo no tener miedo.
Señaló que hasta la tarde de este martes no recibió la notificación sobre la fecha y hora de audiencia cautelar, aunque ratificó que pedirá la detención preventiva de los dos imputados.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, respaldó la imputación e informó que aún no llegó una respuesta de las autoridades argentinas sobre el proceso abierto en el vecino país por cargos similares contra Morales.