Jueces que actuaron en el caso de Evo pueden perder cargos

El caso por trata de personas contra Evo Morales Ayma dio un nuevo giro este lunes con la aprehensión de la jueza Lilian Moreno, que previamente había anulado los actuados de la Fiscalía de Tarija y ordenado el traslado de la causa a Cochabamba, pero también con la confirmación de que recobra vigencia la imputación y mandamiento de aprehender al expresidente.

La jueza enfrenta cargos penales por presunta desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad.

Paralelamente se pronunció el Consejo de la Magistratura indicando que los conflictos por definir la jurisdicción donde radicar una causa es una competencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que tanto la jueza Moreno de Santa Cruz como el juez Franz Zabaleta, que revirtió el dictamen de la primera, hubieran extralimitado sus atribuciones. Ambos podrían perder sus cargos.

Caso de trata

El proceso inicial es el que abrió el Ministerio Público de Tarija el 26 de septiembre contra Morales Ayma por presuntamente haber embarazado a una adolescente en 2015, relación de la cual habría nacido una hija en 2016.

La defensa interpuso una acción de libertad ante la jueza de Sentencia Penal 14 de Santa Cruz, Lilian Moreno, quien falló a su favor el 2 de octubre. Argumentó que el sindicado es de la tercera edad, que corresponde que el proceso se lleve en Villa Tunari y anuló la primera orden de aprehensión.

El 14 de octubre el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) presentó otra acción de libertad ante el Juzgado Anticorrupción y Contra la Violencia a la Mujer 13 de La Paz de Franz Zabaleta, quien determinó que la causa se mantenga en Tarija.

Persecución Según Jorge Pérez, existe “una persecución desalmada” que “busca que Evo Morales no pueda ejercer sus derechos políticos”

Las dos resoluciones deben ser evaluadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Sin embargo, antes de una respuesta, los abogados de Morales presentaron una queja que la jueza Moreno resolvió el 24 de abril ratificando que el proceso se derive al trópico y tumbando todas las actuaciones que realizó la Fiscalía desde el 2 de octubre en adelante. El juez Zabaleta emitió otro dictamen para anular lo que ella dictó.

La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, defendió que la causa radique en Tarija porque deben “prevalecer los derechos de la víctima” y de su hija por encima de “una persona de la tercera edad procesada por un delito de lesa humanidad, como la trata”.

Además, señaló que el equipo jurídico el exjefe de Estado ya interpuso incidentes y excepciones que les fueron denegadas. Mostró los registros que desvirtúan que se haya omitido el procedimiento al abrir la causa a fines de septiembre.

Por ello la causa continuó ante el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Quinto de Tarija al mando de Nelson Rocabado, que en audiencia cautelar en enero mandó la aprehensión de Morales, su anotación de bienes, su arraigo y lo declaró en rebeldía.

“En todo momento se han apersonado, incluso en la audiencia cautelar han presentado certificados médicos del imputado”, aseveró, al reiterar que “el caso se mantiene en Tarija, al igual que el mandamiento de aprehensión, la imputación y todos los actuados”.

Jueza aprehendida

La jueza Lilian Moreno se dirigía a su oficina cuando fue aprehendida el lunes por la mañana. Luego fue trasladada de Santa Cruz a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde debía dar su declaración en el marco del proceso que le inició el Ministerio de Justicia por presunta desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad, que es un delito que tiene penas de dos a seis años.

El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, señaló que el caso está bajo la dirección funcional del Ministerio Público de La Paz y se abstuvo de adelantar si se solicitará su detención preventiva en su audiencia cautelar.

Defensa

A horas de la aprehensión de la jueza, los abogados del expresidente se pronunciaron.

Según Jorge Pérez existe “una persecución desalmada” que “busca que Evo Morales no pueda ejercer sus derechos políticos”, pero aseguró que asumirán su defensa “hasta las últimas consecuencias”.

El exmandatario usó sus redes sociales para denunciar “una guerra judicial” contra su candidatura a la Presidencia.

Aún no hay fecha para que el TCP emita un pronunciamiento final que dirima la jurisdicción, mientras, la causa permanece en Tarija.

Magistratura evalúa procesos disciplinarios

El Consejo de la Magistratura evaluó las resoluciones tanto de la jueza de Santa Cruz como del juez de La Paz y anunció un proceso disciplinario por faltas gravísimas, lo que podría derivar en la destitución de ambos.

“No habrían analizado correctamente la norma. Tenemos elementos indiciarios de que ha existido una falta administrativa gravísima, han actuado sin competencia. Han resuelto acciones constitucionales que fácilmente se resuelven en vía ordinaria. El procedimiento dice que cuando jueces de diferentes departamentos se creen competentes, se tramita ante el Tribunal Supremo de Justicia”, dijo el presidente de la Magistratura, Manuel Baptista.