Entre el 8 de noviembre de 2025 y el 5 de noviembre de 2026, el gobierno publicó en la Gaceta Oficial 158 decretos supremos, 120 decretos presidenciales y 86 leyes. Este medio cruzó cada una de esas 364 normas con las 117 estrategias de la “Agenda 50/50”. Como resultado 15 estrategias (13%) tienen una norma que las ejecuta, 34 (29%) avanzaron en parte, dos se dictaron y se revirtieron, y 66 (56%) no tienen ninguna norma detrás.

La frase que dio nombre al programa, “50/50”, aparece una sola vez en los considerandos del Decreto Supremo 5503, el “Fast Track” de diciembre de 2025, que fue abrogado 27 días después.

Del 50/50 al rescate

Se prometió redistribuir el presupuesto entre el nivel central y las gobernaciones, alcaldías y universidades, denunciando que el gobierno central concentraba más del 80% de los recursos. Ninguna ley tocó la coparticipación tributaria ni el reparto del IDH, que siguen como los dejó el gobierno anterior.

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El 1 de agosto, Samuel Doria Medina retiró su apoyo al gobierno por “corrupción”. Cuatro días después, en Sucre, Paz firmó con los nueve gobernadores el Acuerdo 001/2026, “Agenda 50/50”, que promete un proyecto de ley sobre impuestos departamentales en 90 días y una ley de coparticipación aplicable desde 2027. El plazo venció y ninguna de esas leyes figura en la Gaceta. El proyecto enviado el 3 de noviembre ofrece a las gobernaciones el 1% de los impuestos coparticipables desde 2027; ellas piden 5%. Además, el acuerdo choca con el memorando firmado con el FMI una semana antes, que reserva las rentas de hidrocarburos y minería para “el gobierno central”.

Lo que ha llegado a las regiones, con el DS 5686, es un programa de readecuación financiera territorial para que las entidades endeudadas pueden reprogramar sus deudas si aceptan “medidas de ordenamiento”, supervisadas por el Viceministerio del Tesoro. La Ley 1771 trasladó al Tesoro el pago del prediario carcelario y del bono de vacunación, que antes cubrían las gobernaciones. Alivio con tutela, no autonomía.

En el centro, el Ejecutivo pasó de 17 ministerios a 15 y luego a 12. Desaparecieron Planificación, Turismo y Justicia. A cambio, el Ministerio de la Presidencia absorbió los viceministerios de Transparencia, Autonomías y Tierras, e Igualdad de Oportunidades, además del nuevo Centro de Gobierno.

El ajuste, por partes

El DS 5503 era el programa hecho decreto. Elevaba los combustibles y daba estabilidad jurídica de 15 años a los inversionistas. También perdonaba con tasa cero los capitales que se repatriaran, creaba un monotributo del 5% y liberaba las exportaciones. Tras la presión sindical, el DS 5516 lo reemplazó en enero. Se quedaron los nuevos precios de los combustibles, los bonos y el aumento del salario mínimo a Bs 3.300.

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En agosto, el diésel se liberó para los grandes consumidores. El 19 de septiembre subió 83% para todos y quedó en 17,95 bolivianos por litro, a precio de importación. La gasolina sigue en 6,96, congelada hasta diciembre con hasta Bs 2.000 millones del Tesoro para YPFB. La guerra en Medio Oriente hizo más caro ese congelamiento.

Se prohibió contratar personal en el nivel central, se ordenó diagnosticar en 30 días a todas las empresas públicas y se autorizó liquidar las deficitarias. Según la OFEP, 15 de las 67 empresas estatales están en quiebra técnica. En 2025, 24 de ellas cerraron con pérdidas.

Una vez: La frase “50/50” aparece una sola vez en 364 normas, en un decreto luego abrogado

En 2025, YPFB reportó una utilidad de Bs 2.787 millones, pero vendió por debajo de su costo: ingresó Bs 28.364 millones y gastó Bs 43.341 millones en lo que vendió. La diferencia la cubrieron Bs 18.379 millones en compensaciones por el subsidio. En julio, el COSEEP ordenó a los ministerios presentar un plan de acción para cada empresa. La lista de cierres todavía no se conoce.

El dueño del calendario

“No voy a pedir plata al Fondo Monetario Internacional. En Bolivia si no roban, alcanza”, dijo Paz en agosto de 2025, en plena campaña. Su programa no mencionaba al FMI, pero el Fondo terminó ordenando el año. El 2 de octubre aprobó un crédito de 36 meses por unos USD 1.900 millones, con un primer desembolso de USD 214 millones, exigiendo a cambio un presupuesto reformulado (Ley 1755, 30 de julio), la autorización de la Asamblea para girar sus recursos (Ley 1765, 18 de septiembre), ningún crédito nuevo del Banco Central al sector público, y la libre negociación del dólar en los bancos.

La subida del diésel no era condición, pero el gobierno adelantó por su cuenta un ajuste que el Fondo esperaba para enero de 2027.

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Al crédito se suman USD 1.780 millones en catorce préstamos multilaterales aprobados por ley y USD 1.000 millones en eurobonos colocados en mayo al 9,45%. Aun así, hasta septiembre el país pagó USD 1.744 millones de deuda externa y recibió 1.280 millones. El programa criticaba que el gobierno anterior buscara USD 3.000 millones en bonos. El presupuesto de 2026 autoriza hasta USD 3.500 millones.

Para estabilizar, el gobierno exigió a los bancos el 6% de sus utilidades para fines que fija el Ministerio de Economía. Obligó a los exportadores de oro a liquidar el 80% de sus divisas. Reprogramó créditos del Banco Central a empresas estatales y amplió los bonos: la Renta Dignidad subió Bs 150 al mes, el Juancito Pinto pasó a Bs 300 y se creó el PEPE.

Ahorro sin protección

La Ley de Servicios Financieros de 2013, diseñada bajo la vicepresidencia de Álvaro García Linera y aplicada por Luis Arce, permite que un banco controle su propia agencia de bolsa y su administradora de fondos de inversión. La Gestora de pensiones sigue sin el directorio que la ley le ordenó en 2010. Ninguna de las 364 normas de Paz cambió esas reglas.

Con la devaluación, el fondo de pensiones perdió USD 8.298 millones de su valor en dólares. Casi la mitad de ese ahorro, el 46,64%, está en la banca privada. Entre enero y septiembre, el BCP ganó 66% más que en todo 2025. BISA, con USD 1.407 millones del fondo, repartió la mitad de sus utilidades hacia una cadena de propietarios que termina en Panamá, donde abrió una sucursal en septiembre.

Con el DS 5693 del 31 de agosto, el gobierno autorizó certificados patrimoniales por 90 días para bancos que no cumplían el mínimo de solvencia, como el Banco PYME de la Comunidad. Un mes después, el memorando con el FMI pidió evitar la “indulgencia regulatoria”. Mientras, Frigorífico BFC, filial de una matriz paraguaya que suspendió pagos en octubre, no repuso el 28 de octubre los fondos usados para pagar cupones de sus bonos. La Gestora tenía USD 42,4 millones en esos papeles y no publica su cartera desde junio de 2025. En Paraguay, un directivo de Ueno Bank, intervenido el 3 de noviembre, citó los problemas de esa misma matriz entre las causas de la caída de sus bonos.

Energía abierta, pozos quietos

La reforma más profunda llegó por decreto, bajo una emergencia energética aún vigente. El gobierno abrió a privados la importación y venta de combustibles, crudo y hasta gas natural licuado. También el comercio internacional de electricidad y la generación renovable distribuida. YPFB y la ANH fueron intervenidas.

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La exploración, el centro de la política de hidrocarburos del programa, no tuvo ninguna ley. Tampoco hay un decreto sobre el litio, mientras YLB arrastra pérdidas crónicas, patrimonio negativo y una deuda de unos Bs 5.500 millones con el Banco Central.

Bonos sí, reformas no

La educación trilingüe, la acreditación ISO para escuelas y el nuevo modelo hospitalario no tienen correlato normativo. El deporte, la población LGBTI y la protección animal, todos mencionados en el programa, tampoco. En medio ambiente, el gobierno aprobó una estrategia de biodiversidad, pero ordenó revertir concesiones forestales en Pando y Beni para entregarlas a asentamientos, la misma dinámica que culpaba de los incendios de 2024.

La justicia, dimensión estructural del programa, terminó el año sin reforma, sin comisión y sin ministerio.

El orden antes que la justicia

Durante las siete semanas de bloqueos de mayo y junio, la Asamblea aprobó una nueva ley de estados de excepción que da “presunción de legalidad operativa” a policías y militares. El 20 de junio, Paz declaró estado de excepción en todo el país. El 14 de septiembre lo amplió otros 90 días por decreto y pidió después la autorización de la Asamblea. Los bloqueos dejaron al menos 16 muertos y pérdidas de más de USD 3.000 millones.

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El nombre de Edmand Lara no figura en ninguna de las 364 normas; las leyes las firma el senador Diego Ávila como presidente en ejercicio de la Asamblea. La distancia quedó escrita desde que el DS 5515 dispuso que el presidente ejerza funciones “a través de medios tecnológicos” cuando está de viaje, evitando dejar el mando al vicepresidente. El asesor argentino Fernando Cerimedo admitió haber ayudado a redactarlo.

Lo que viene

La inflación bajó de 20,96% a 5,02% entre noviembre y agosto, pero el FMI proyecta 14% a fin de año. A mediados de octubre, de USD 3.978 millones de reservas, solo 647 millones eran divisas utilizables. El Banco Central subió el encaje legal al 7,5%, y el crédito será más caro en 2027. La deuda pública superará el 100% del PIB por efecto de la devaluación.

Para 2027, la gasolina pasará a precio de costo en enero y habrá un registro social para focalizar los bonos. Desaparecerán los topes a las tasas de interés y el Banco Central tendrá más autonomía. El gobierno se comprometió incluso a compensar el artículo 9 del presupuesto, que la Asamblea agregó para eximir de aranceles e IVA, durante cinco años, a insumos y bienes de capital.

El FMI se convirtió en garante de las promesas que el gobierno no llegó a legislar, incluida la revisión de la banca: pruebas de tensión hasta marzo y reglas sobre partes vinculadas hasta junio de 2027. Y la promesa que le dio nombre al programa depende de una ley que todavía no existe y que hoy ofrece el 1%.

El dólar flexible no tiene decreto

La reforma económica más importante del año no está en la Gaceta Oficial. El fin del tipo de cambio fijo, después de 15 años, se decidió con una resolución ministerial de cuatro páginas.

La Resolución Ministerial 245, del 26 de junio de 2026, establece “un régimen cambiario flexible” y encarga al Banco Central ejecutarlo según la oferta y la demanda diaria de divisas. La firmó José Gabriel Espinoza, el mismo ministro del fallido decreto 5503, dos meses antes de dejar el cargo. Invoca el artículo 326 de la Constitución, que encarga al Ejecutivo fijar la política cambiaria. Su base legal es el decreto de organización del Ejecutivo del gobierno anterior. El informe técnico que la sustenta es del 12 de mayo, cuando el país estaba bloqueado.

El Banco Central la puso en marcha con su Resolución de Directorio 88/2026. El tipo de cambio oficial pasó a calcularse con las compras diarias de dólares de los bancos a sus clientes, aunque se mantuvo un tope de diez centavos para la venta. El FMI pidió eliminar ese tope como condición previa de su crédito. El 24 de septiembre, la Resolución 142/2026 reemplazó todo el reglamento: suprimió el tope y cambió el promedio por una mediana ponderada, más difícil de distorsionar.

Las resoluciones llevan la firma de un directorio de interinos. Ni la Asamblea ni la Gaceta registran la decisión, y otra resolución podría revertirla.

El efecto se vio enseguida en el precio. El tipo oficial pasó de 6,96 a cerca de 10 bolivianos a fines de junio y llegó a 12,42 el 10 de septiembre. Según el FMI, se depreció más de 20% después del salto inicial.