Desaparecidas: la agonía sin fin de las familias que no dejan de buscar

La lluvia empapa a Abigail y su pareja, oriundos de Tarija, quienes recorren las calles de Santa Cruz en motocicleta, preguntando garaje por garaje, repitiendo una rutina constante desde hace seis años: buscar el camión y, con él, alguna pista de su madre, Alejandra Iriarte Guerrero.

Se refugian en el primer alojamiento que encuentran. Tras instalarse, Abigail se dirige al patio a colgar su ropa y, mientras lo hace, levanta la mirada casi por inercia. Entonces lo ve. El camión.

Se queda inmóvil unos segundos, como si su mente necesitara confirmar lo que sus ojos ya reconocieron. Se acerca, lo rodea, lo observa con detenimiento. No hay duda: es el vehículo que desapareció junto a su madre el 30 de septiembre de 2011, el mismo que buscó sin descanso por carreteras, terminales y barrios enteros de Cochabamba, La Paz y ahora Santa Cruz. Está ahí, frente a ella, intacto y silencioso.

La búsqueda, tal como la conocía, terminó ese instante. Pero inició de otro largo viacrucis.

¿Dónde están?

En Bolivia, en promedio, seis de cada 10 desapariciones afectan a mujeres (60,6%), según datos del Observatorio de Trata y Tráfico del Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (Cecasem). Solo en 2025 se reportaron 437 personas desaparecidas en el país, más de un caso por día. De ese total, 265 corresponden a mujeres y 172 a hombres.

La tendencia en este 2026, lejos de disminuir, se mantiene. Solo entre enero y febrero ya se registraron 48 nuevos casos, lo que confirma que este fenómeno —y en particular la ausencia de mujeres— sigue siendo una realidad persistente.

La desaparición de personas puede estar vinculada a distintos delitos como la trata de personas, el feminicidio, el secuestro u otros, pero no siempre responde a una misma causa. En el país existe una fuerte confusión conceptual: muchas desapariciones se asocian automáticamente a la trata, cuando en realidad responden a fenómenos distintos, según explica la especialista en el tema, Wara del Castillo, del Cecasem.

Persona desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce y cuya ausencia no ha sido explicada, generando una situación de incertidumbre para sus familiares. La desaparición puede ocurrir en diversos escenarios —violencia, conflictos familiares, accidentes o delitos—, pero en todos los casos implica la falta de información sobre el destino o ubicación de la persona y la necesidad urgente de activar mecanismos de búsqueda.

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Antonio Vaca recuerda con precisión el día en que su hija desapareció: Es marzo de 2026, Valeria tiene 18 años, es estudiante y madre de una niña de dos años. Debe viajar desde Montero (Santa Cruz) para reunirse con su familia en Santa Rosa, pero nunca llega.

Sus allegados recorren calles, preguntan a vecinos y peregrinan por oficinas policiales donde, en lugar de respuestas, reciben sospechas y desinterés. “Decían que seguro se había ido con algún chico”, recuerda Antonio. Días después, llega una llamada. “Papá, estoy secuestrada”, alcanza a decir Valeria antes de que la comunicación se corte.

Ese rastro lleva a la captura de un hombre —un albañil de la zona, con varios hijos pequeños y cuya esposa ha fallecido—, quien inicialmente afirma que la joven es su pareja, pero luego cambia su versión y niega conocerla. Aunque es detenido, sale en libertad tras pagar una fianza y la investigación se diluye entre cambios de fiscales, audiencias suspendidas y negligencias.

Antonio tiene que dejar el caso para sostener su hogar y no perder su casa por una deuda bancaria. Hoy, tras casi 12 años, recorre las calles de Montero en una bicicleta adaptada, vestido con un traje de torero, vendiendo refresco de coco. A su lado está su nieta, que ya tiene 14 años y crece sin su madre, entre preguntas que aún no tienen respuesta.

“Uno sale a la calle y piensa que en cualquier momento la va a ver”, dice entre un llanto que no logra contener. Y aunque el tiempo pasa, hay algo que no cambia: la espera. “No pierdo la esperanza de que algún día mi hija vuelva”.

El impacto del duelo ambiguo

“El no saber qué ha pasado genera una incertidumbre total”, explica el psicólogo y docente universitario Javier Bladés.

El duelo ambiguo ocurre cuando una persona desaparece y no se sabe si está viva o muerta, lo que genera una incertidumbre constante, explica el especialista. A diferencia de una muerte confirmada, este tipo de pérdida es más difícil de procesar porque no hay un cierre emocional ni una despedida clara. La mente se llena de preguntas y posibles escenarios, lo que provoca altos niveles de ansiedad, angustia y desesperación.

Durante los primeros meses, las personas atraviesan una fase intensa de búsqueda, donde intentan encontrar respuestas por todos los medios posibles. Sin embargo, al no obtener resultados, aparecen sentimientos de frustración y, con el tiempo, pueden derivar en depresión. Este proceso se vuelve crónico y afecta la estabilidad emocional.

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En Bolivia, estos casos ocurren en medio de un vacío legal que dificulta una respuesta clara y oportuna. Wara del Castillo, del Cecasem, advierte que el país no cuenta con una normativa específica que establezca cómo deben actuar las autoridades ante la desaparición de una persona.

Actualmente, el principal marco legal es la Ley N° 263, que aborda la trata y el tráfico ilícito de migrantes, pero no establece procedimientos ni una ruta clara para casos de desaparición.

“Cuando una persona desaparece —sobre todo si es adulta—, no hay una ruta definida para la búsqueda y las acciones dependen de criterios dispersos o improvisados”.
Wara del Castillo CECASEM

Hasta encontrarte

En medio de esa falta de rutas claras, cada caso se vuelve una lucha solitaria. Es el 18 de febrero de 2026 y Juana, de La Paz, se desespera cuando su hija no regresa tras salir a entregar un trabajo escolar. Recorre casas de familiares y acude a la Policía, donde la derivan de una oficina a otra. “Señora, vuelva en 48 horas para formalizar la denuncia”, le dicen.

Pero no espera. Revisa cámaras por su cuenta y encuentra una pista que la lleva a la terminal: el nombre de su hija aparece en la lista de pasajeros de un bus rumbo a Tarija. Informa a la Policía, pero no obtiene respuesta.

Viaja por su cuenta. Camina durante días buscándola. “Ya no tenía plata y tenía que volver a La Paz, pero dije: ‘Dios, hoy es mi último día, ayúdame a encontrar a mi hija’”. Ese mismo día, 26 de febrero, la encuentra: su sobrino la tenía trabajando en una tienda de ropa, incomunicada, tras llevársela con engaños. Hoy están juntas, pero no todas las historias terminan así.

En Bolivia, la búsqueda de personas desaparecidas recae principalmente en los propios familiares, que deben recorrer oficinas, insistir ante fiscales y sostener la investigación con recursos propios.

Aunque ninguna ley boliviana establece explícitamente que la Policía deba esperar 48 o 72 horas para recibir denuncias de personas desaparecidas, este plazo se ha convertido en práctica recurrente por una interpretación errónea de la Ley Nº 3933, que solo fija 72 horas para la FELCC en casos de menores de edad—si no los ubican, presumen delito—. Para adultos, sin normativa específica, aplican el mismo protocolo por defecto, generando inercia burocrática que retrasa búsquedas vitales. 

Las primeras 48 horas son fundamentales: según la ONU (Protocolo de Palermo) y la OEA, el 80% de las personas desaparecidas se encuentran en ese lapso crítico, cuando las evidencias aún están frescas y los testigos recuerdan detalles clave. 

“Me he convertido en detective”, dice Julia, una mujer de la tercera edad que, desde hace más de 20 años, busca a su hija, Claudia María Bravo Ayala, la tercera de nueve hermanos.

Lo recuerda con nitidez. Su hija tiene 18 años, acaba de salir bachiller y está feliz porque consigue un trabajo en un café internet, en Santa Cruz. Durante tres meses va y viene, hasta que un día, el 5 de marzo de 2013, no regresa. Julia la busca en cada lenocinio, en cada restaurante, en cada calle, hasta que, años después, en vísperas de elecciones nacionales, su otra hija —aún adolescente— le dice: “Yo vi que Claudia va a sufragar”.

El día de la votación, Julia hace guardia durante toda la jornada hasta que finalmente aparece. Es su hija, pero no es la misma. Está escoltada por un hombre que no le permite hablar con su madre. Tras insistir, logra llevarla al baño y, ahí, Claudia le dice: “Mamá, yo ya no soy digna de usted”.

Claudia ya no puede decidir por sí misma. Le pide a su madre que deje de buscarla, porque teme por su seguridad y la de sus hermanos. “A mi hija la prostituían”, dice Julia, conteniendo el dolor.

“Yo solo necesito un investigador y un abogado que me ayuden a encontrarla”, agrega, entre el llanto y una herida que no deja de abrirse, como ocurre con quienes viven buscando a alguien que no vuelve.

En la mayoría de los casos, las familias no reciben apoyo psicológico, pues no hay un seguimiento estatal, por lo que poco a poco, su salud emocional empieza a degradarse con una herida que aún sigue abierta.

El psicólogo Javier Bladez advierte que, frente a estas situaciones, el acompañamiento psicológico es fundamental. Explica que “el psicólogo no resuelve la desaparición, pero sí cumple un rol clave de contención emocional, ayudando a las familias a mantener la claridad mental, sostener la esperanza sin colapsar y evitar que la angustia derive en crisis más profundas”. Además, señala que este apoyo permite ordenar el desborde emocional y fortalecer a quienes, muchas veces, deben seguir liderando la búsqueda pese al dolor.

La mayor concentración de casos de desaparición se registra en ciudades como La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. Los fines predominantes identificados son la explotación sexual —que alcanza el 77,14% de los casos— y la explotación laboral. Estos datos provienen del estudio “Caracterización de las víctimas de trata de personas en Bolivia” elaborado por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD, septiembre de 2025).

¿Qué dice el Gobierno?

A pesar de las denuncias de abandono institucional, desde el Viceministerio de Seguridad Ciudadana aseguran que existen esfuerzos para enfrentar el problema. El viceministro, coronel Rolando Montaño Fernández, afirma que se trabaja de forma coordinada con la Policía, la Fiscalía, la Cancillería e Interpol, especialmente en casos que implican salidas del país o repatriaciones.

Entre las acciones, menciona políticas de prevención, sistemas de alerta temprana, coordinación internacional y campañas educativas. Incluso —dice— se busca incorporar contenidos de seguridad ciudadana en la currícula escolar.

Sin embargo, su explicación contrasta con los testimonios de las familias. “Muchas veces hay personas que salen del seno familiar y no informan a nadie; luego aparecen trabajando en otros lugares”, señala. Bajo esa lógica, las cifras incluyen tanto desapariciones vinculadas a delitos como ausencias voluntarias. En cualquier caso, insiste en que la búsqueda depende de una denuncia formal; sin ella, la Policía no puede intervenir plenamente.

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El viacrucis de Abigail

La rabia es lo primero. Cuando Abigail encuentra el camión en un alojamiento de Santa Cruz, quiere exigir respuestas, pero el miedo la frena: ¿y si son ellos? 

Al día siguiente vuelve con Diprove. El vehículo está remarcado y es secuestrado. Para ella, es una esperanza, pero nunca llegan respuestas.

Quienes lo tenían dicen que era una herencia. No presentan documentos ni son obligados a declarar. El caso se diluye entre trámites y cambios de investigadores. Abigail pide pericias, como luminol en la cabina, pero no se hacen. Suplica que le digan dónde está su madre, pero nadie habla.

Luego viene la pandemia. El proceso se detiene y, cuando se retoma, el camión precintado y los registros han desaparecido. Recibe una advertencia: “No molestes, o te va a pasar lo mismo que a tu madre”.

Con una hija pequeña, deja el caso por seguridad. Regresa a Tarija con las manos vacías. Han pasado casi 15 años. Ya no espera una explicación completa: solo quiere saber dónde está su madre para enterrarla, llevarle una flor y dejar de buscar.

Asafavittp nació del dolor y la búsqueda

En Bolivia, donde las cifras de personas desaparecidas suelen ser fragmentadas y las respuestas institucionales insuficientes, las familias han tenido que organizarse para buscar por su cuenta. En ese contexto surge la Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (Asafavittp), una organización impulsada por madres y padres que comparten una misma herida: la desaparición de sus hijos. Al frente está María Rita Hurtado, quien convirtió su dolor personal en una plataforma de apoyo y búsqueda colectiva.

Su historia es el punto de partida. El 20 de junio de 2015, su hija Dayana Algarañaz, una estudiante universitaria de 20 años, salió de su casa en Santa Cruz y no volvió. Desde entonces, Hurtado ha enfrentado un camino marcado por la falta de respuestas, la pérdida de evidencias y la desatención institucional. Pero también ha sido el motor para la creación de una organización que hoy acompaña a otras familias en situaciones similares.

Asafavittp nació precisamente de esa necesidad de no enfrentar la búsqueda en soledad. Sin recursos económicos ni respaldo estatal constante, sus integrantes han impulsado campañas, elaborado afiches, rastreado pistas y articulado redes de apoyo entre víctimas. La organización ha logrado identificar patrones en varios casos —como el seguimiento previo a las víctimas o los raptos en espacios públicos— y denuncia la posible existencia de redes de trata. “El que vive esto sabe lo que es”, resume Hurtado, al explicar que su trabajo se sostiene en la experiencia directa, la urgencia y la convicción de que, ante la ausencia del Estado, las familias no pueden dejar de buscar.