Cómo implicar en la lucha contra el hambre al G20

Una alianza mundial para erradicar el hambre y cumplir el segundo de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) es el gran legado que Brasil pretende construir en su presidencia del Grupo de los 20 (G20) de mayores países industriales y emergentes, que culmina en noviembre.

La propuesta ganó mayor legitimidad por la gran mejora lograda por Brasil en el informe sobre el “Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024” (Sofi, en inglés), elaborado por cinco agencias de las Naciones Unidas y divulgado el 24 de julio, durante la Reunión Ministerial de Desarrollo del G20 en Río de Janeiro.

En esa reunión, que saludó la probable creación de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, si se formaliza en la cumbre del G20 en noviembre, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció “el compromiso más urgente” de sacar de nuevo su país del Mapa del Hambre de Naciones Unidas durante su gobierno, que termina el último día de 2026.

Esa meta exigirá esfuerzos especiales, ya que 8,4 millones de brasileños seguían padeciendo hambre en el trienio 2021-2023, contra nueve millones en el trienio anterior. Permaneció en subnutrición 3,9 % de la población nacional en los tres últimos años.

“La estrategia para erradicar el hambre pasa necesariamente por la mitigación y adaptación al cambio climático. Los eventos extremos, ya presentes, afectan los más vulnerables a la inseguridad alimentaria”: Elisabetta Recine.

Salir del mapa exige bajar a menos de 2,5 % esa tasa, condición que Brasil alcanzó en 2014, pero volvió a perder en 2022.

Pero los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras cuatro agencias apuntan que el hambre aumentó en África y varió poco en Asia, mientras América Latina y el Caribe registraron “progresos notables”, especialmente en Brasil.

Además, si se considera el año de 2023 aisladamente, y no el trienio, “el resultado es absolutamente sorprendente, por la velocidad en la reducción de la inseguridad alimentaria grave”, cerca de 85 % en relación al año anterior, detalló Elisabetta Recine, presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), órgano asesor del gobierno.

Esa caída brusca se explica por los índices muy elevados en los años anteriores, debido a la política económica, la alta inflación y el deterioro de programas sociales durante el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro (2019-2022), además de la pandemia de covid-19 (enero de 2020 a mayo de 2023).

En 2023, ya con Lula como presidente, se restablecieron las políticas sociales de su anterior gobierno (2003-2010), como la Bolsa Familia, el Programa Nacional de Alimentación Escolar, los comedores populares y cocinas solidarias, además de la elevación del salario mínimo y la inflación en baja, recordó Recine a IPS, por teléfono desde Brasilia.

Ejemplo internacional

“Por todo eso la propuesta de la Alianza Global es muy oportuna. Sabemos cómo hacerlo”, sostuvo el economista Francisco Menezes, consultor de Action Aid, organización internacional enfocada en la justicia social, quien también presidió el Consea entre 2004 y 2007.

La reanudación y el refuerzo de algunas políticas sociales que tuvieron éxito anteriormente pueden sacar nuevamente el país del Mapa del Hambre en 2026, que tomará en cuenta los bajos índices en promedio de 2023-2025, el trienio contemplado por las agencias de las Naciones Unidas, evaluó para IPS en Río de Janeiro.

Para Menezes el período más crítico del hambre ocurrió en 2021 y el primer semestre de 2022, cuando se suspendieron las clases debido a la pandemia y la alimentación escolar se interrumpió o se redujo a productos industrializados, con “fuerte impacto negativo en la población más pobre”.

En el segundo semestre de 2022, hubo una sensible mejora porque Bolsonaro amplió la ayuda gubernamental a los pobres, en cantidad de familias beneficiadas (21,6 millones) y las sumas pagadas, en su fracasado intento por ser reelecto en los comicios de octubre de 2022.

La suspensión o la mala gestión de los programas sociales durante todo su gobierno no solo diseminaron el hambre sino que contribuyeron a la gran mortalidad provocada por la covid-19 en Brasil, más de 700 000 víctimas mortales, señaló Menezes.

En la desesperación, sin la ayuda gubernamental en varios períodos, “los pobres tuvieron que salir a trabajar en las calles para sobrevivir y se contagiaron, así la explosión de covid-19 se sumó a la explosión del hambre”, explicó.

Hambre casi cero en 2026

Con la reanudación de las políticas sociales y una mejor gestión, también Recine cree factible lograr que el hambre se reduzca a menos de 2,5 % de la población durante el gobierno de Lula.

Para obtener resultados similares en el mundo, la Alianza Global tendrá dificultades para financiar los programas necesarios al ODS 2, el del Hambre Cero, como ya ocurre con los fondos ilusoriamente previstos para enfrentar la emergencia climática en los países del Sur en desarrollo, en particular los más pobres.

“Entre 713 y 757 millones de personas podrían haber padecido hambre en 2023: una en cada 11 personas en todo el mundo y una en cada cinco en África”, según el Sofi.

Asegurar que los pobres tengan acceso a una alimentación sana y suficiente, doblar la productividad de los pequeños productores de alimentos y ampliar la infraestructura y los servicios incluso tecnológicos para impulsar la producción agrícola son algunas de las metas que componen el ODS 2 a alcanzar para 2030.

Las metas exigen “una financiación más cuantiosa y más eficaz”, constató el informe de las cinco agencias de la ONU, aunque reconoció que los datos financieros en esa área de seguridad alimentaria carecen de mejor definición, para medir su disponibilidad actual y necesidades futuras.

Es más difícil obtener fondos para reducir el hambre que para combatir la crisis climática, opinó Menezes. Esta afecta a todo el mundo, mientras la pobreza es local y la migración que produce se busca enfrentar con muros y otros tipos de barreras, arguyó.

Una alternativa para ambos desafíos sería gravar a los superricos, una propuesta que el ministro brasileño de Hacienda, Fernando Haddad, viene defendiendo en distintos foros como una posible fuente de 250 000 millones de dólares anuales en impuestos. Sus colegas del G20 aprobaron inicialmente la idea, aunque sujeta a lo que se decida en la cumbre.

Simbólicamente, la Reunión Ministerial se desarrolló en la sede central de Acción de la Ciudadanía, una oenegé brasileña reconocida por sus campañas contra el hambre, con comités por todo el país y cuyo origen fue una gran movilización impulsada por el ya fallecido sociólogo Herbert de Souza, Bethino, famoso internacionalmente por su lucha contra el flagelo.

En el marco del G20 no se trata solo de obtener nuevos fondos, sino también de establecer nuevas reglas para el pago del servicio de las deudas externas, o la condonación en algunos casos, y para que los países tengan mayor soberanía en el uso de los recursos y definición de sus estrategias, matizó Recine.

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, saluda a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, durante la reunión de los titulares de Economía del Grupo de los 20, celebrada el 24 de julio en Río de Janeiro, donde defendió un impuesto especial a los hiperricos del mundo, para a financiar acciones contra el cambio climático y el hambre, con una meta anual de 250 000 millones de dólares. Imagen: Diogo Zacarias / MF

Clima adverso

Otro escollo es que “el hambre y el cambio climático son dos flagelos que se agravan mutuamente”, reconoció Lula al defender la Alianza Global ante los ministros del G20 y representantes de organismos internacionales.

“La estrategia para erradicar el hambre pasa necesariamente por la mitigación y adaptación al cambio climático. Los eventos extremos, ya presentes, afectan los más vulnerables a la inseguridad alimentaria”, acotó Recine, nutricionista con doctorado en Salud Pública y profesora de la pública Universidad de Brasilia.

“Los eventos extremos están generando nuevas hambres”, advirtió Menezes, al recordar las inundaciones en el sur de Brasil en mayo y nueva sequía en la Amazonia que afecta la pesca e paraliza las embarcaciones. “Salir del Mapa del Hambre exige adaptarse a las emergencias climáticas”, concluyó.

 

Nota de apoyo

Bolivia: una década de lucha contra el hambre

En la última década, Bolivia ha experimentado avances significativos en su lucha contra el hambre y la malnutrición, pero los desafíos persisten, especialmente en las zonas rurales y entre los sectores más vulnerables de la población. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y la colaboración con organizaciones internacionales, la erradicación del hambre sigue siendo una meta lejana para el país andino.

Desde 2014, Bolivia ha implementado diversas políticas para mejorar la seguridad alimentaria, con un enfoque en la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la producción local. Estas medidas han incluido subsidios a la agricultura, programas de alimentación escolar y campañas de educación nutricional. Como resultado, se han observado mejoras en varios indicadores clave. Por ejemplo, la tasa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años ha disminuido de manera significativa, pasando del 27% en 2008 al 20,3% en 2015 [1].

No obstante, estos avances han sido insuficientes para erradicar el hambre. Según datos de la FAO, Bolivia sigue enfrentando altos niveles de inseguridad alimentaria, con un porcentaje considerable de la población que aún no tiene acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes. Esta situación se ha visto agravada por factores como la variabilidad climática, que afecta la producción agrícola, y la pobreza persistente en muchas áreas rurales [2].

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto devastador en la seguridad alimentaria global, y Bolivia no ha sido la excepción. Las medidas de confinamiento, la interrupción de las cadenas de suministro y la reducción de ingresos han llevado a un aumento significativo del hambre en el país. Según el informe de 2023 de la FAO, entre 691 y 783 millones de personas en el mundo no tuvieron suficiente comida el año anterior, un aumento de 122 millones desde 2019, con Bolivia contribuyendo a esta alarmante estadística [3].

El gobierno boliviano ha adoptado varias estrategias para mitigar el impacto de la pandemia en la seguridad alimentaria. Entre estas medidas se incluyen la distribución de canastas alimentarias, el fortalecimiento de los programas de alimentación escolar y el apoyo a pequeños productores agrícolas. Sin embargo, estas acciones han tenido un alcance limitado, y muchos hogares continúan enfrentando dificultades para acceder a alimentos nutritivos.

Uno de los principales desafíos ha sido la falta de infraestructura adecuada para el almacenamiento y la distribución de alimentos en las zonas rurales. Esto ha llevado a pérdidas significativas de productos agrícolas, reduciendo la disponibilidad de alimentos frescos en los mercados locales. Además, la volatilidad de los precios de los alimentos ha exacerbado la inseguridad alimentaria, afectando especialmente a las familias de bajos ingresos [4].

Para abordar de manera efectiva el problema del hambre en Bolivia, es crucial adoptar un enfoque integral que combine medidas de corto plazo con estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo. Esto incluye invertir en infraestructuras agrícolas, promover prácticas agrícolas resilientes al clima y mejorar el acceso a mercados para los pequeños productores.

Asimismo, es esencial fortalecer las redes de protección social, asegurando que las familias más vulnerables tengan acceso a programas de apoyo alimentario y nutricional. La colaboración entre el gobierno, las organizaciones internacionales y la sociedad civil es fundamental para diseñar e implementar políticas que aborden las causas subyacentes del hambre y la malnutrición.

En resumen, aunque Bolivia ha logrado avances en la lucha contra el hambre en la última década, los desafíos persisten y se han visto agravados por la pandemia de COVID-19. La erradicación del hambre requiere un enfoque integral y sostenido, que combine políticas de apoyo inmediato con estrategias de desarrollo a largo plazo. Solo a través de un esfuerzo coordinado y multifacético será posible garantizar la seguridad alimentaria para todos los bolivianos y avanzar hacia un futuro sin hambre.

¿Qué es el hambre y la inanición?

Se considera hambruna a la carencia grave de alimentos, que casi siempre afecta un área geográfica grande o un grupo significativo de personas. La consecuencia, generalmente, es la muerte por inanición de la población afectada, precedida por una grave desnutrición o malnutrición. La inanición es una condición patológica en la que la falta de consumo de alimentos amenaza o causa la muerte.

Los seres humanos pueden morir por frío extremo después de seis a 12 horas de exposición o por sed después de unos cuantos días sin consumir agua o líquidos; pero de hambre solamente después de algunas semanas si estaban en buen estado de salud cuando se los privó de alimentos por primera vez.