La reforma constituyente y la autoconciencia del Estado

Bolivia se sacude entre una crisis económica, política y social. Los cimientos del Estado Plurinacional, que durante años fueron un orgullo para una parte de la población, al representar la soberanía y emancipación de la opresión “imperialista” para los pueblos originarios, hoy miran su propio reflejo. El Estado, una vez más, tras 20 años, se mira al espejo y ve grietas, errores y problemas que antes no veía. La autoconciencia del Estado se manifiesta en órganos centrales de su composición que advierten problemas y errores de la Constitución de 2009.

La bancada “LIBRE”, a la cabeza de Quiroga, ya habla de una reforma constitucional de 111 puntos, señalando que la misma es un “imperativo nacional” y una salida a la crisis económica, proponiendo reformas económicas en la Ley de Hidrocarburos con el fin de atraer capitales de inversión y reactivar los sectores hidrocarburífero, minero y energético. Desde el Tribunal Supremo Electoral, su actual presidente, Gustavo Ávila, propone una reforma que contempla modificaciones a la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley 026 del Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, mencionando, en suma, la necesidad de fortalecer la independencia del Órgano Electoral para evitar que sentencias puedan “alterar” o “vulnerar” procesos electorales. Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, declaró: “Abramos la Constitución. Veamos qué rumbo le vamos a dar al país, pero que participe la integridad de nuestro país. Que no sean intereses políticos del momento los que quieran tener una justicia sometida a la voluntad de ellos”, mostrando una disposición a discutir una reforma constitucional, junto a la iniciativa que ya propiciaba el Ejecutivo desde el inicio de su gestión.

Esta disposición de los principales funcionarios del Estado muestra la existencia de esta autoconciencia del cambio y la necesidad de llevarla a cabo. Sin embargo, aunque la Constitución pueda cambiar las reglas del poder, ello no implica que la sociedad cambie su entendimiento y ejercicio del poder. La Constitución no es simplemente un documento jurídico; es también una forma en la cual se organiza el poder. Modificarla significa reescribir las reglas mediante las cuales el Estado actúa en la sociedad: cómo acciona, a qué se limita o dónde puede interferir o no.

No obstante, cambiar las reglas del juego no significa que las prácticas y la cultura política cambien con ellas. La Constitución establece nuevas reglas, pero la práctica política puede continuar reproduciendo antiguas formas de ejercer el poder y antiguos discursos. La reforma que ahora se plantea propone cambios en los ámbitos económico, electoral y político y, por consecuencia, puede tener efectos sociales. Pero esto no garantiza que automáticamente estas normas funcionen como fueron concebidas. La sociedad boliviana, después de la reforma constitucional de 2009, fue desarrollando una cultura política en la que se asentaron determinadas formas de entender el mundo, el Estado y su estructuración. Las instituciones, por consecuencia, no existen únicamente porque estén escritas y normadas; adquieren realidad efectiva cuando también la sociedad y quienes ejercen el poder por medio de ellas actúan conforme a esas normas y las integran como parte de su deber-ser.

Aunque las reglas del juego puedan cambiar, no hacen que los jugadores automáticamente piensen y jueguen de otra manera. Aunque el país pueda modificar sus instituciones y sus leyes económicas, electorales o políticas, el personalismo puede seguir existiendo, la polarización puede permanecer y muchas de las formas de hacer política desarrolladas durante las últimas décadas pueden continuar reproduciéndose como algo normal dentro de la sociedad. El problema, de tal modo, no siempre está únicamente en las reglas, sino también en la cultura política que las utiliza y las institucionaliza.

Ahora bien, resta una pregunta: ¿La Constitución debe diseñarse pensando en quien gobierna hoy o pensando en quien podría gobernar mañana?

La experiencia del MAS ofrece un ejemplo. Cuando la estructura constitucional responde excesivamente a los intereses de un presente y se olvida de que existe un mañana, puede estar construyendo algo útil para sí mismo, pero peligroso para sus sucesores. Quienes pagan los platos rotos hoy son la población y el gobierno de Paz. La verdadera prueba de una reforma constitucional no es si beneficia al gobierno que la impulsa, sino si seguiría siendo aceptable cuando gobierne su adversario.

En este entendido, el cambio de gobierno de 2025 puede haber modificado quién ocupa el poder, pero eso no determina que automáticamente hayan desaparecido las formas de hacer política desarrolladas durante las últimas décadas. En esencia, la reforma constitucional debe buscar estabilidad jurídica, para que las reglas no cambien a voluntad de quien gobierna; limitaciones al poder, para que ningún gobierno pueda utilizar las instituciones únicamente para consolidarse; y, por último, continuidad, haciendo que la Constitución pueda sobrevivir a diferentes gobiernos, ideologías y mayorías.

Esto no significa que las instituciones sean irrelevantes. Las reglas importan porque condicionan el comportamiento de quienes ejercen el poder, distribuyen competencias y establecen límites. Pero ninguna regla puede sustituir por completo la cultura política que debe darle vida.

Una institución no debería estar diseñada para el gobierno de hoy, sino para el Estado que se heredará mañana. Una Constitución puede escribir nuevas reglas para el poder; solamente una sociedad puede aprender a ejercerlo de otra manera.