Ajuste de 8,5% del PIB y fin de la subvención en 2027: el acuerdo con el FMI

El Gobierno boliviano plantea una profunda reconfiguración de la política económica del país en el marco de su acuerdo de 36 meses con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según el Memorando de Políticas Económicas y Financieras que acompaña el programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y que finalmente en Ministerio de Economía ha remitido a la Asamblea Plurinacional para su valoración junto a la Ley de aprobación.

DESCARGA EL DOCUMENTO AQUÍ

El documento establece como objetivo central recuperar la estabilidad externa y fiscal y llevar el déficit global del sector público no financiero hasta el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2029. Para ello, el Gobierno se compromete a ejecutar un ajuste fiscal equivalente a aproximadamente 8,5% del PIB entre 2026 y 2029, concentrado principalmente en la etapa inicial del programa.

El memorando atribuye la crisis heredada a un déficit fiscal que alcanzó el 11% del PIB en 2025, una monetización equivalente al 7% del PIB y una deuda pública superior al 80% del PIB. También identifica como problemas centrales la caída de la producción de gas, el agotamiento de las reservas internacionales y la distorsión del mercado cambiario.

Combustibles, el ajuste más sensible

Uno de los compromisos centrales es la eliminación de la subvención a los combustibles.

Aunque el Gobierno mantendrá los precios internos durante 2026, el memorando establece que desde enero de 2027 los precios nacionales deberán alcanzar niveles de recuperación de costos y que el Presupuesto General del Estado de 2027 no contemplará subvenciones a los combustibles.

El propio documento reconoce que la medida puede provocar presiones inflacionarias y riesgos sociales, razón por la cual plantea ampliar y focalizar los mecanismos de asistencia social.

Adiós al tipo de cambio fijo

Otra transformación central es el abandono del tipo de cambio como ancla nominal.

Bolivia avanzará hacia un régimen cambiario flexible determinado por el mercado, con intervenciones limitadas del Banco Central. Los bancos podrán negociar libremente sus operaciones de compra y venta de divisas.

El programa también establece que el BCB no otorgará nuevo financiamiento neto al sector público no financiero. Paralelamente, se prepara una reforma para fortalecer su autonomía, transparencia y gobernanza.

Más mercado y revisión de empresas estatales

El memorando plantea además una modificación estructural del modelo económico.

El Gobierno se compromete a eliminar progresivamente controles de precios y restricciones a las exportaciones y a promover una mayor participación del sector privado. En hidrocarburos y minería se realizará una revisión de los marcos regulatorios y tributarios para incentivar nuevas exploraciones privadas.

Asimismo, se plantea reestructurar las empresas estatales que no sean viables financieramente y mejorar sus mecanismos de gestión, inversión, contabilidad y gobernanza.

La reforma tributaria llegará después

El ajuste inicial descansará fundamentalmente sobre el gasto. Sin embargo, el Gobierno prevé elaborar una Estrategia de Movilización de Recursos Internos, que incluirá medidas tributarias, administración de ingresos y reformas aduaneras para incrementar la recaudación.

Estas medidas de mayor alcance tributario están previstas para el segundo y tercer año del programa, cuando el Gobierno espera que la economía vuelva a crecer.

Seguimiento trimestral

El cumplimiento del programa será sometido a revisiones trimestrales. Entre los principales indicadores se encuentran las reservas internacionales netas, el resultado primario del sector público, la prohibición de nuevo financiamiento del BCB al Estado y límites sobre la base monetaria.

El primer examen está previsto para diciembre de 2026, tomando como referencia los resultados correspondientes a septiembre.

El memorando señala finalmente que Bolivia está solicitando la aprobación del acuerdo por parte del Directorio Ejecutivo del FMI y que la autorización para que el Gobierno efectúe desembolsos requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.