Gobernaciones abren 4 frentes contra el “ahogo financiero”

Este jueves desde las 10:00 de la mañana, ocho gobernaciones intentarán convertir en propuestas concretas el debate sobre el nuevo pacto fiscal y el modelo 50-50, con una agenda que apunta a resolver primero los problemas más urgentes de las finanzas departamentales. Equipos técnicos de ocho departamentos se reunirán en Tarija para definir medidas que posteriormente serán negociadas con el Gobierno nacional.

El secretario de Finanzas de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, explicó que existen compromisos asumidos por el nivel central que todavía no se han traducido en medidas concretas. Entre ellos está la readecuación de las deudas departamentales con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que constituye una de las principales cargas financieras para las gobernaciones.

“Se ha comprometido un programa de readecuación de deudas con el FNDR, pero hasta ahora no nos han mandado nada”, señaló Romero consciente que el Ministerio de Economía ha “sufrido” un relevo traumático con el cese de Gabriel Espinoza en medio de un escándalo personal, pero cuyo relevo fue de continuidad con el hasta entonces viceministro Christian Morales.

Romero también apuntó a otro problema que las gobernaciones consideran estructural: el financiamiento de obligaciones que corresponden al nivel nacional. La propuesta fue impulsar una norma que permitiera dejar de cargar a los gobiernos departamentales con el pago de prediarios, bonos de vacunación y otras competencias nacionales. El propio presidente celebró esta norma que para Tarija eran unos 17 millones de bolivianos de alivio.

Sin embargo, esa iniciativa permanece estancada en la Asamblea Legislativa. La ley que busca poner fin a estas obligaciones “duerme el sueño de los justos” en el Senado, según Romero, por lo que el alivio que podría representar para las finanzas departamentales tampoco se ha concretado.

El tercer frente tiene que ver con la solicitud de abrogación del Fondo de Incentivos a la Exploración Petrolera, que desde 2017 se nutre con el 12% de los recursos de IDH departamentales y que apenas ha dado algún resultado.

Una primera porción de la coparticipación

A estos tres frentes se suma una apuesta de mayor alcance: que las gobernaciones ingresen al esquema de coparticipación tributaria a partir del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.

La propuesta no pretende, al menos inicialmente, disputar recursos a municipios ni universidades. El planteamiento es conseguir una participación del 75% de atribución nacional, aunque sea pequeña, que permita comenzar a modificar la estructura de financiamiento de los gobiernos departamentales.

Deudas La deuda de Tarija ronda los mil millones de bolivianos, de los que 500 corresponden a proyectos con el FNDR

La discusión coloca el presupuesto de 2027 como uno de los primeros escenarios concretos para medir si el nuevo discurso autonómico se traduce en recursos.

El director de Autonomía de la Gobernación de Tarija, Esteban Ortuño, había señalado que los departamentos necesitan atacar el problema de fondo: el centralismo económico que limita su capacidad de gestión.

“Tenemos una autonomía descafeinada”, sostuvo Ortuño, al cuestionar que las gobernaciones tengan competencias y responsabilidades crecientes sin contar con una estructura de ingresos que permita financiarlas.

Del 50-50 a las medidas urgentes

El modelo 50-50 continúa siendo el horizonte político de la discusión. El ministro de Economía, Christian Morales, planteó esta semana que para avanzar hacia ese esquema primero es necesario sanear y readecuar las finanzas de los municipios, pero las gobernaciones quieren que la discusión las incluya de manera explícita y que se realice de forma inmediata. Para Tarija, señalan fuentes de la Gobernación, no tiene sentido hablar de una redistribución futura de recursos mientras persisten obligaciones nacionales financiadas con presupuestos departamentales, deudas que presionan las cuentas y una estructura de ingresos que mantiene a las gobernaciones fuertemente dependientes del nivel central.

Por ello, el encuentro técnico previsto en Tarija buscará articular una propuesta común de aplicación inmediata, dentro del actual marco jurídico, para que las máximas autoridades departamentales puedan llevarla posteriormente a una negociación con el presidente y el Ministerio de Economía.

La agenda tendrá, por tanto, tres tiempos: aliviar las obligaciones actuales, reordenar las deudas y comenzar a modificar el esquema de distribución de recursos desde 2027.

El desafío será conseguir que esta vez los compromisos asumidos en el debate autonómico de agosto se traduzcan en normas, programas y recursos concretos.

El fantasma de la inacción planea de nuevo

Después de cuatro meses de gestión, las diferentes gobernaciones se adentran en el momento de la verdad y particularmente Tarija, que lleva casi una década entonando una justificación relacionada a la crisis económica y a la ausencia de recursos para explicar la ausencia de cambios o proyectos de fondo.

En los prolegómenos del 6 de agosto, el gobierno nacional encabezado por Rodrigo Paz Pereira planteó cambios de fondo para profundizar las autonomías, pero hasta el momento no se ha avanzado. La falta de liquidez en el nivel central es patente y los créditos gestionados apenas llegan. En cualquier caso, la estrategia de utilizar el centralismo ha sido recurrente en los últimos 20 años para explicar las gestiones departamentales.