La política de la desconfianza

Toda sociedad contemporánea necesita algún grado de confianza para funcionar. Ello no implica una necesaria confianza absoluta en sus gobernantes, ni una confianza ciega en las instituciones, sino una mínima confianza en las reglas que existen, que los procedimientos tienen algún grado de legitimidad y que los demás actores están dispuestos a respetarlos. Porque, sin esta mínima confianza, la cooperación por el bien común se vuelve difícil y la política comienza a transformarse en una constante y permanente sospecha sobre las instituciones del otro.

Curiosamente, la democracia contemporánea nace en base a la desconfianza. Una desconfianza al uso del poder, producto del abuso de las monarquías absolutistas; con ello, la humanidad vio al movimiento constitucionalista alzarse. Con este movimiento jurídico y político, los ciudadanos entendieron que no se debe confiar ciegamente en quien tiene el poder; precisamente por ello existen derechos fundamentales del ciudadano, división de poderes, elecciones, fiscalización, prensa, oposición y mecanismos de control. La democracia hace de la desconfianza una institución para impedir que el poder pueda ejercerse arbitrariamente. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre desconfiar del poder y desconfiar de todo.

La primera es una virtud democrática. La segunda puede convertirse en una enfermedad crónica en la política.

La desconfianza hacia el gobierno consiste en preguntarse si se está actuando correctamente. Desconfiar de las instituciones implica exigir que se demuestre su legitimidad. Pero cuando la sospecha ingenua se convierte en el punto de partida de toda interpretación, la situación cambia. Ya no solo se pregunta si una institución actuó correctamente; se parte con el prejuicio de que ha actuado erróneamente. Ya no se examina una decisión antes de juzgarla; la misma se interpreta desde la convicción de que previamente ya existe una intención oculta detrás de ella. Como resultado, la desconfianza deja de ser una herramienta de vigilancia y comienza a convertirse en una forma de conocimiento político. Para el ciudadano, ya no se necesita comprobar que el otro miente para considerarlo un mentiroso. Le basta con que pertenezca al grupo equivocado para ser juzgado.

Bajo esta lógica, aparece una consecuencia particularmente peligrosa: la sospecha se convierte en una herramienta que reemplaza a la evidencia.

Si un gobierno toma una decisión que favorece a un sector específico, sus adversarios resolverán interpretar dicha acción como corrupción. Si, al contrario, se adopta una medida que perjudica a ese sector, sus partidarios pueden interpretarla como una conspiración. El mismo hecho puede ser utilizado para confirmar prejuicios previamente asumidos, a la espera de una mínima acción para confirmar dichas sospechas.

En ese momento, la política deja de ser únicamente una confrontación entre intereses y comienza a convertirse en una confrontación entre interpretaciones.

Este problema queda magnificado cuando alcanza a las instituciones. Una institución puede equivocarse y continuar siendo legítima, puede ser imperfecta y, aun así, cumplir su función. Pero cuando los ciudadanos dejan de creer que esos procedimientos son legítimos, cada decisión institucional puede interpretarse como una imposición. Se produce entonces un círculo difícil de romper: la desconfianza genera sospecha; la sospecha reduce la cooperación; la falta de cooperación debilita las instituciones; y unas instituciones debilitadas producen todavía más desconfianza.

Y Bolivia no escapa de este fenómeno. La desconfianza hacia los partidos políticos, instituciones y actores que ejercen el poder ha acompañado buena parte de nuestra historia contemporánea. No obstante, el problema no es determinar si los ciudadanos confían o desconfían de nuestras instituciones. La cuestión profunda es qué ocurre cuando la desconfianza ya no es solo una reacción a ciertos comportamientos y se convierte en una característica permanente de nuestra cultura política.

Una sociedad puede sobrevivir a un mal gobierno, e incluso corregir instituciones deficientes. Lo que resulta muy complejo es sobrevivir cuando los propios ciudadanos dejan de confiar en la corrección de sus instituciones. Cuando esto ocurre, las reglas se consideran obstáculos y la deliberación, ineficaz. Paradójicamente, la pérdida de confianza termina originando demandas por formas menos democráticas de ejercer el poder.

Por consecuencia, la democracia no debe buscar eliminar la desconfianza, sino organizarla. La ciudadanía no tiene por qué confiar ciegamente en el Estado; debe fiscalizarlo, cuestionarlo y exigir razones. Pero también debe reconocer que el fallo de una institución no la hace ilegítima y que el adversario también puede equivocarse sin actuar necesariamente de mala fe.

La democracia exige desconfiar lo suficiente para vigilar al poder, pero confiar lo suficiente para permitir que las instituciones funcionen. Porque una sociedad puede convivir con desacuerdos, oposición e incluso conflictos profundos. Lo verdaderamente peligroso comienza cuando dejamos de creer que el otro puede actuar de buena fe y la sospecha termina sustituyendo a la evidencia.