La desmaterialización del poder del Estado

El pasado 19 de septiembre, Rodrigo Paz, junto a una comitiva, viajó a las Naciones Unidas; consecuentemente, el vicepresidente Edmand Lara viajó a Paraguay tres días después. Sin embargo, la Presidencia no queda paralizada. Las nuevas tecnologías permiten participar de reuniones, impartir instrucciones y ejercer determinadas funciones a distancia. No obstante, ello no evita el surgimiento de una contradicción: el Estado se ha construido históricamente sobre una dimensión territorial y material. Las instituciones de este se encargan de ejercer el poder en un territorio determinado, mediante funcionarios presentes físicamente y una cadena formal, jerárquica y reglamentada de sucesión de autoridades. Pero, en el caso boliviano, el poder contemporáneo puede ejercerse digitalmente y a distancia. Entonces, inevitablemente, uno se pregunta si el poder puede realmente ejercerse cuando quien lo representa está físicamente ausente.

La tecnología está modificando la forma en la cual el poder puede ser ejercido, pero las instituciones que le dieron legalidad al poder tienen una genealogía histórica y han sido construidas sobre determinadas concepciones de presencia, territorio y autoridad. Por un lado, las instituciones permanecen, pero, por otro, las condiciones materiales sobre las cuales fueron construidas comienzan a cambiar. La tensión entonces se hace lo suficientemente visible entre la forma institucional histórica y la nueva realidad que esa forma pretende ordenar.

Si bien es pertinente diferenciar entre una presencia física e institucional, una autoridad puede estar físicamente fuera del territorio, pero aun así continuar teniendo presencia institucional si jurídicamente conserva sus atribuciones y puede ejercerlas. Sin embargo, ello hace que una nueva pregunta surja: ¿Hasta dónde puede desmaterializarse el ejercicio del poder sin que se desmaterialice también la responsabilidad política? O, incluso más, ¿Qué significa realmente ejercer el poder desde dentro y fuera, y quién se responsabiliza ante la sociedad por las decisiones tomadas?

La tecnología parece haber resuelto una parte del problema: hoy es posible que una autoridad participe del gabinete, imparta instrucciones y ejerza sus funciones sin encontrarse físicamente en el territorio. Pero haber resuelto la posibilidad de ejercer el poder no es lo mismo que haber resuelto la cuestión institucional de quién debe ejercerlo.

La controversia entre Paz y Lara muestra esta tensión. Mientras que el Ejecutivo sostiene que el Presidente puede sostener sus actividades desde el exterior por mecanismos digitales, Lara invocó el artículo 169 de la Constitución para defender la posición de que, ante la ausencia del Presidente, le corresponde la suplencia constitucional. No se está solamente frente a una disputa de quién ejerce el poder temporalmente. Se está frente a una situación en la que se pregunta si la tecnología puede modificar la forma material clásica del ejercicio del poder sin modificar previamente la estructura jurídica mediante la cual ese poder se encuentra organizado.

La desmaterialización del poder no significa que el poder haya dejado de necesitar de instituciones, territorio o autoridad para funcionar. Significa que las condiciones materiales bajo las cuales el poder es ejercido ya no son necesariamente indispensables para ejercerlo. El Presidente puede estar ausente, pero permanecer institucionalmente presente. La dependencia ya no es de su ubicación física, sino de su conexión, comunicación y ejercicio remoto de atribuciones.

Pero si las tecnologías permiten desmaterializar el ejercicio del poder, también obligan a preguntarse por los límites de esa desmaterialización. Las instituciones no solamente determinan quién ejerce el poder, sino cómo lo ejerce, desde dónde y cuándo puede hacerlo. Si estas condiciones fueron pensadas para una autoridad física, el auge de la gobernanza digital comienza a tensionar no solo cómo se ejerce el poder, sino las formas mediante las cuales este es controlado. Si bien estas tecnologías pueden eliminar la distancia desde la que se gobierna, no deben eliminar la responsabilidad que acompaña al ejercicio del poder. También debe ser claro determinar quién tomó una decisión y frente a qué institución debe responder. La desmaterialización del poder no puede convertirse en una desmaterialización de la responsabilidad.

Lo que hoy ocurre puede parecer una controversia circunstancial provocada por la ausencia simultánea de las principales autoridades del Ejecutivo. Sin embargo, el problema es más profundo. Las instituciones fueron construidas para ordenar una determinada realidad, pero cuando las condiciones materiales de esa realidad cambian, también cambia la relación entre la institución y aquello que pretende ordenar. La tecnología ha modificado las condiciones materiales mediante las cuales el poder puede ejercerse y las instituciones tendrán, tarde o temprano, que responder a esa transformación.

La pregunta ya no es si un Presidente puede gobernar desde el exterior, sino qué significa estar presente para ejercer el poder de un Estado cuando la presencia ya no es una condición absoluta para gobernar.

El problema ya no es únicamente dónde está quien gobierna, sino si las instituciones están verdaderamente preparadas para gobernar un poder que ya no necesita estar físicamente presente para ejercerse.