¿Alianza electoral o unidad política?

Octubre, octubre, nunca deja de traer sorpresas para este país. Esta vez, la ciudadanía recibió una noticia inesperada, como si ya no tuviéramos muchas otras. La disputa interna de la bancada de LIBRE, de Tuto Quiroga, entre Lissa Claros y Rafael López por su jefatura se hizo pública hace unos días en los medios de comunicación nacionales. Ambos bandos sostienen diferentes interpretaciones respecto a la legitimidad de sus respectivas elecciones.

La controversia se da en un momento de organización de directivas y comisiones legislativas, lo que otorga importancia institucional a la conducción de la bancada. No obstante, antes de poder realizar el análisis respectivo del caso, es pertinente esclarecer los términos que tanto se mencionan en los medios de comunicación. En Bolivia, la Ley N.º 1096 de Organizaciones Políticas reconoce a los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos como diversas formas de organización política, además de regular la constitución de alianzas para la participación en procesos electorales.

Aunque una alianza electoral puede reunir organizaciones que conserven estructuras propias, dirigencias e identidades políticas, ello no equivale automáticamente a que exista un partido único. Al contrario, apunta a una unidad heterogénea, mas no homogénea. El caso de LIBRE no es muy distinto: la alianza está conformada por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), el Movimiento Demócrata Social (MDS) y otras quince agrupaciones ciudadanas.

En el marco de este análisis, será útil basarse en la obra Partidos y sistemas de partidos, del ilustre politólogo Giovanni Sartori. Sartori estudia los partidos políticos como actores vitales en la competencia política y las relaciones que estos mantienen dentro del sistema político. Este enfoque particular permite diferenciar entre las organizaciones que compiten y los acuerdos mediante los cuales coordinan su participación en el sistema electoral.

Aplicando este enfoque a la coyuntura actual de LIBRE, la situación revela una tensión que deja ver una contradicción. Por un lado, el acuerdo electoral coordinado por LIBRE para participar en el sistema de partidos parecía mostrarse, en primera instancia, como un acuerdo realizado para hacer frente a la izquierda en las elecciones nacionales de 2025, con intereses comunes orientados al bien común del ciudadano de a pie. Sin embargo, esta aparente cohesión encontró su ruptura frente a la tensión entre dos sectores por el control de la bancada. Parece ser que la disputa por su conducción está por encima del fin mismo de la coalición. La tensión se desenvuelve entre un sector que apoya a Lissa Claros y otro a Rafael López.

El trasfondo de estas dos autoridades presenta distintas reivindicaciones de legitimidad. Por un lado, Claros fue elegida el 19 de octubre por el sector afín a Quiroga, reivindicando una elección respaldada por la conducción orgánica de LIBRE. Por otro lado, López fue elegido el 20 de octubre por el sector respaldado por legisladores de Demócratas y el FRI, defendiendo que su legitimidad se fundamenta en el Reglamento de Diputados. Esta situación muestra una contradicción institucional entre una parte que reivindica la autoridad organizativa de la alianza y otra que se sostiene en los procedimientos de elección parlamentaria.

Esto nos permite plantear una pregunta al respecto: ¿La autoridad para dirigir la bancada nace de la conducción política de la alianza, de la decisión mayoritaria de los parlamentarios o de un procedimiento que articule ambas instancias?

Para ello, debemos remontarnos a los hechos. La confrontación por las jefaturas no apareció de manera extraordinaria en octubre. Durante los meses anteriores ya se habían manifestado diferencias entre Demócratas y la conducción de Jorge Quiroga respecto de la relación que debía mantener la alianza con el Gobierno. Estas diferencias posteriormente se trasladaron al ámbito parlamentario y organizativo. Ambos sectores empezaron a cuestionar los procedimientos para designar a sus autoridades legislativas. Esta confrontación adquirió dos dimensiones: una política, relacionada con la orientación de la alianza, y otra institucional, vinculada a los procedimientos para tomar decisiones.

La Ley N.º 1096 de Organizaciones Políticas indica, en su artículo 50, que toda alianza debe contar con un documento regulador que contemple su estructura organizativa, instancias de decisión y mecanismos de resolución de controversias. Ello señala que una coalición no depende solamente de la voluntad de sus líderes. Sin embargo, que una alianza tenga un sistema normativo no garantiza que todos sus dirigentes interpreten sus disposiciones de la misma manera. LIBRE parece tener dificultades en este aspecto: la bancada se encuentra fraccionada y su capacidad resolutiva interna parece debilitada o ineficiente, lo cual conduce al enfrentamiento entre distintas reivindicaciones de legitimidad, una de carácter orgánico y otra de carácter parlamentario. La alianza parece olvidar que, en esencia, no constituye una unidad homogénea; al contrario, representa una heterogeneidad política donde coexisten múltiples organizaciones con identidades, intereses y dirigencias distintas. La disputa, en el fondo, parece reflejar el olvido de esa unidad y su sustitución por una conducción partidaria sesgada hacia una visión única, dejando de lado la heterogeneidad que caracteriza a la alianza. Esta heterogeneidad no explica por sí sola una ruptura interna, pero sí lleva a cuestionar la eficacia de los mecanismos conjuntos para sostener una actuación parlamentaria coordinada después de las elecciones de 2025.

El problema, aunque interno, puede afectar gravemente la conducción de la bancada, la coordinación legislativa, las negociaciones y la conformación de comisiones, recordando, en ciertos aspectos, a la división del MAS en 2023. Lo más preocupante es el anuncio de Claros de llevar a cabo medidas internas contra algunos legisladores.

Esta controversia devuelve una cuestión fundamental de la realidad política boliviana: ¿Basta simplemente con unir organizaciones para consolidar una unidad? La heterogeneidad, por sí misma, no constituye una debilidad, pues toda alianza supone y necesita de la convergencia de distintas voces, voluntades e intereses. El problema inicia cuando los mecanismos de resolución no encuentran una forma efectiva de conducir esas diferencias hacia una solución. La unidad electoral puede ser alcanzada mediante un acuerdo circunstancial, pero una unidad política en toda su extensión exige algo más: instituciones efectivas, reconocimiento mutuo y una voluntad compartida orientada a la acción. Porque una cosa es unirse para conquistar la representación y otra muy distinta es permanecer unidos para ejercerla.