La gran empresa moral del Estado

En la contemporaneidad intelectual, dentro de la ciencia política, la sociología y la filosofía política, existe un concepto universal, ampliamente difundido y compartido entre múltiples estudiosos de estas áreas sociales: el concepto de Estado. Según la clásica definición weberiana de Estado, entendemos que este constituye una asociación institucional de dominación que ejerce el monopolio del uso legítimo de la violencia sobre un determinado territorio. No obstante, aunque dicha definición haya sido acertada, aún resta una pregunta: ¿Es realmente la violencia el único monopolio del Estado?

Parece ser que el Estado es una estructura que posee monopolios no conocidos a simple vista para los estudiosos. Siendo este un dominio indirecto, no cuestionado, sobre asuntos cotidianos que muchos desconocen o pasan desapercibidos. Y algo tan cotidiano e implícito en la ontología del Estado es la moral. Analizando de manera profunda la actividad interna que genera el Estado, entre la cual se encuentra el aparato legislativo, ha de hacerse una observación. Y es que toda ley creada es un proceso racional que implica un juicio de valor; un legislador pone en tela de juicio una ley con base en su sistema de valores morales, en el que creció. Por ende, toda aprobación, negación o prohibición expresa una preferencia. Toda política pública expresa un conjunto de valores morales que fueron lo suficientemente mayoritarios como para producir una determinada política pública. Y el sistema educativo no se aleja de esta especie de empresa moral; la educación estatal, en esencia, transmite ciertos valores de turno que fueron implantados por el gobierno del momento o por un gobierno pasado. Como consecuencia, el Estado no solo administra la convivencia, también participa en la formación moral de la sociedad.

Un caso histórico que manifiesta este interesante fenómeno es el gobierno de 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS). Aparentemente, el MAS, con la reforma constitucional que dio vida, en el año 2009, al Estado Plurinacional, instauró una empresa moral. Cuestiones tan simples como la amistad con los Estados Unidos de América u otros países afines a Occidente fueron tachadas de ser "malas", al considerarse como "países imperialistas". Dicha narrativa moral se vio altamente impregnada en la mentalidad de sectores poblacionales y, en especial, de los sectores rurales. Que no nos sorprenda que este sea un caso conocido, pues 20 años son suficientes para formar múltiples generaciones bajo una educación orientada por cierta estructura de valores beneficiosa para el Estado y el gobierno de turno. Aunque es importante reconocer que este fenómeno no es exclusivo de un gobierno o de una ideología determinada; todo Estado, en mayor o menor medida, institucionaliza una determinada visión del bien común. Siendo así, el Estado por sí mismo no crea toda la moral, pero posee una capacidad única para institucionalizar una determinada concepción del bien común. Sin embargo, resta preguntarse: ¿Qué ocurre cuando un Estado deja de promover principios comunes y comienza a imponer una visión moral única?

Pues la educación, que en un inicio se presenta como una herramienta contra la ignorancia, pasa a convertirse en un instrumento de adoctrinamiento. El adoctrinamiento sistémico produce estudiantes afines a una visión única del mundo, donde la tolerancia a lo distinto se ve como una amenaza y la imposición ideológica es el pan de cada día. Para cuando ello ocurre, el debate político deja de preguntarse si el Estado influye moralmente sobre la sociedad. Lo hace inevitablemente. La discusión consiste en determinar qué valores puede promover legítimamente y cuáles debe dejar al juicio libre de los ciudadanos.

Toda ley regula conductas, pero también educa conciencias. Quizás, la mayor empresa del Estado no sea administrar el territorio, sino formar al ciudadano.