Medio millón de pobres

Desde 2020 hemos pasado por pandemia sanitaria, contracción económica, pero también fuerte repercusión en el plano social con más desempleo, menos ingresos y más pobreza.

En nuestro caso, las estadísticas oficiales indican que 300 mil personas en 2020 volvieron a la pobreza. Cabe aclarar que un pobre, según la definición oficial, es aquel que percibe un ingreso menor de Bs 900 al mes si vive en las ciudades o Bs635 si vive en el campo.

No obstante, un problema de la anterior medición es que se elaboró sólo con información de noviembre y diciembre del año pasado. En ese sentido, las 300 mil personas son en realidad el piso del alza de la pobreza.

La semana pasada el Banco Mundial publicó el informe El aumento gradual y la abrupta caída de la clase media en Latinoamérica. Mediante el uso de estadísticas comparables entre países, sugiere que la pobreza en Bolivia habría subido de 20% a 26% (casi 700 mil personas). Este aumento responde a que la población vulnerable habría vuelto a la pobreza y la clase media sería menor en más de 650 mil personas.

Debo señalar que las definiciones son distintas. Por ejemplo, un pobre es quien gana menos de Bs 700 al mes, mientras que la clase media comprende a quienes ganan entre Bs 1.600 y Bs 8,800 por mes. Vale decir, que el ingreso de más de 650 mil personas tuvo una caída brusca como resultado de la pandemia.

Este aumento se dio pese a las políticas de ayuda, principalmente bonos. Sin esas transferencias, el número de pobres habría aumentado en 175 mil personas adicionales. Una de las paradojas es que, según el Banco Mundial, la ayuda en Bolivia tuvo la mayor cobertura en Latinoamérica, pero la segunda más baja en impacto. Esto es una señal de la ausencia de una red de protección social que focalice la ayuda a los más necesitados.

La solución obvia para revertir esta caída es retomar el dinamismo económico con fuerza, que habría sido el principal motor para la transformación social. Gracias al crecimiento en lo que va del siglo, tres millones salieron de la pobreza y subieron al estrato vulnerable; y tres millones adicionales engrosaron la clase media.

Sin embargo, para crecer más y combatir la pobreza eficazmente, tenemos que apuntar los problemas estructurales que impiden que el país y la región crezcan más rápido y tengan mejores políticas públicas.

En esa dirección, rescato el aporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en Latinoamérica, que apunta a tres factores subyacentes a estos dos problemas.

El primero se refiere a la concentración de poder o intereses corporativos y gremiales, que distorsionan las políticas públicas y el funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, resaltan las colusiones de empresas en el extranjero que implicaron precios más altos en ciertos bienes o servicios; o también los intereses de sindicatos, que resultaron en políticas contrarias a la creación de más empleo.

 

El segundo, la violencia en todas sus formas, hace que las actividades cotidianas no puedan realizarse normalmente e implican, por tanto, menor productividad. Énfasis especial merece el crimen organizado, relacionado con actividades ilícitas, dentro de las cuales se cuenta el contrabando, lamentablemente extendido en el país.

Y el último se refiere a las ineficaces políticas de protección social, que mencioné previamente. Tenemos cuantificaciones adecuadas de la pobreza, pero no pudimos identificarlos para proveerles ayuda. Por ejemplo, en Chile ha sido clave el Registro Social de Hogares, para que se pueda canalizar las ayudas.

Por tanto, se requiere mejor regulación, mayor fuerza de la ley y buen diseño de políticas públicas. Esas son tareas urgentes e importantes para encarar la reactivación, como también la gestión sanitaria.

Tareas definidas y alcanzables al respecto bien podrían ser los puntos de reencuentro de nuestro país, dividido y polarizado como está, pues en torno a medio millón de nuevos pobres así lo requieren.

*Pablo Mendieta es Economista


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