Nueva arremetida contra el PROSOL y los dirigentes campesinos

Desde el lado campesino es destacable la acción legal liderada por Marcela Guerrero, quien presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, y otros nueve funcionarios, por malversación e incumplimiento de deberes, entre otros.De acuerdo a esta denuncia, la Gobernación incurrió en una omisión contable (“chambonada” según un ex aliado), la cual provocó que no haya recursos para pagar el Prosol 2015 y que se acuda al presupuesto del 2016 para costear ese beneficio.Según la dirigente campesina, el presupuesto para el PROSOL 2016 era de 75 millones de bolivianos, pero por la omisión ya se gastaron 25 millones en cubrir el beneficio del 2015, dejando un saldo de 49 millones. Al respecto, el Art. 3 de la Ley Departamental 135 (AUTORIZACION DE INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROSOL), establece que: “De manera extraordinaria y por única vez se autoriza al Órgano Ejecutivo Departamental de Tarija, realizar las modificaciones del POA 2016, a objeto de garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de todas las obligaciones de la ejecución del PROSOL”.Es por demás evidente que el artículo mencionado no autoriza el incremento del presupuesto del PROSOL 2016 para cubrir los devengados del PROSOL 2015, pendientes de pago, por la simple razón de que tales devengados no existen y es esa la “omisión” (chambonada) a que hace referencia la denuncia. Tampoco puede autorizar la modificación del POA 2015 que ya está cerrado, por supuesto. El texto es muy claro: Oliva puede incrementar el presupuesto del PROSOL 2016 para garantizar el cumplimiento total del programa, el 2016, no así para subsanar el incumplimiento flagrante del pago del PROSOL 2015!El Gobernador Oliva, “reglamenta” posteriormente el Articulo 3 de la Ley 135, mediante el Decreto 05/2016, con el objetivo de “garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de todas las obligaciones pendientes del PROSOL”, seguramente pensando que, el modificar tramposamente la Ley 135, introduciendo el concepto de “pendientes”, le autorizaría a efectuar esos pagos “pendientes” del 2015. En el Art 2 de este Decreto, se establece el procedimiento para efectuar el incremento autorizado del Presupuesto, conforme al Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado en abril de 2016. En ninguna parte del texto de este decreto se encuentra la expresión “PROSOL 2015”. A pesar de ello, según la denuncia, ya se hubieran gastado 25 millones en pagar el beneficio del 2015, erogaciones que, evidentemente, carecen de autorización legal!A pesar de ello, y suponiendo que los pagos fueran legales, la situación descrita por Guerrero no se hubiera presentado si, previo al pago, la Gobernación hubiera cumplido con su propio Decreto procediendo al incremento del POA autorizado por la Ley 135. Pagaron parte de lo que no podían pagar y sin incrementar el presupuesto 2016. Una flagrante violación a la norma que genera justamente la acusación de Resoluciones Contrarias a la Ley e Incumplimiento de Deberes, entre otras.Ahora nos explicamos el gesto cínico de uno de los Secretarios que exclamaba en los medios: “…por el amor de dios! dejemos de judicializar la política!”La Gobernación, ni corta ni perezosa, activó de inmediato al sicariato jurídico y, olvidando el piadoso reclamo de su Secretario, planteó una senda querella contra Santos Valdez, el más importante dirigente campesino y otra contra Guadalupe Jurado, distinguida asambleísta campesina, además de desatar una segunda campaña de difamación del PROSOL y de los dirigentes del sector.En esta campaña mediática de difamación, por otro lado, hacen referencia a supuestas declaraciones mías en sentido de que para el pago del PROSOL en comunidades Weenhayek figuraba mi nombre y el de una muchacha pariente mío. Esto es, cuando menos, impreciso y mal intencionado. Nunca figuró mi nombre. Lo que ocurrió es que la Subgobernación de Villa Montes trajo evidencia de un fraude masivo que estaba siendo montado para el pago del PROSOL 2012 en las comunidades indígenas Weenhayek. En un muestreo aleatorio realizado sobre algunas de las carpetas, se estimó probabilísticamente que tan solo un 44% de los registros eran correctos. Un 11% correspondía a carnets adulterados, un 31% a carnets cómplices de ciudadanos de Villa Montes que recibían una parte del bono, un 6% a carnets robados o fotocopiados en otros departamentos o ciudades, un 2% a ciudadanos que residen en Villa Montes pero sin registro en el padrón y un 6% no tenían registro alguno en el padrón. Estaban solicitando ese bono un total de 5.124 familias con 118 carpetas. Entre las carpetas que contenían carnets robados figuraban personas con nombres y apellidos no hispanos, como el de esta muchacha y el de Katherine Pinkert, por ejemplo. La “gringa” Pinkert, que es hoy parlamentaria cruceña de oposición, aparecía cobrando PROSOL en la comunidad Tsinnukat! Se hicieron los informes respectivos y se solicitó una investigación exhaustiva de la complicidad de algunas de las autoridades del pueblo con comerciantes inescrupulosos que proveían los carnets robados. No se pagó un centavo del PROSOL 2012 a la comunidad Weenhayek, pagando así justos por pecadores en ese año y en los años subsiguientes. Lo que quedó en investigación fue el pago del PROSOL 2011 que mostraba en escala mucho más pequeña el fraude realizado y esta investigación continúa a la fecha.Son estas irregularidades, que no son significativas en relación al total del Programa Solidario Comunal, las que, sin embargo, facilitan a sus enemigos el argumento para su drástica reducción en perjuicio del sector campesino departamental. Reducción que no se dará sin nuevos conflictos.