Los planes del FMI y la campaña electoral

Los economistas no se ponen de acuerdo respecto a la profundidad que podrá adquirir la crisis económica post-covid en Bolivia. Lo único que por el momento está claro es que para navegarla se pretenden aplicar los planes de la ortodoxia liberal que dicta el FMI y que no están tan lejos de lo que el MAS venía haciendo en sus últimos cinco años de Gobierno.

Lo que ya es evidente es que el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, al frente de la comisión interministerial a la que se le encomendó diseñar un plan de salvataje para salir de la crisis, y que básicamente no ha buscado ningún consenso por fuera de sus aliados, es más la propuesta electoral en materia económica de la alianza Juntos que un plan de emergencia.

Austeridad

Los analistas coinciden en que apenas hay dos medidas que dependen del Gobierno, mientras que las demás están infradotadas o dependen de terceros, que en las circunstancias económicas actuales parecen poco probables.

La primera es la del recorte de “gasto innecesario” que han cifrado en un 20% del gasto corriente y un 15% de los gastos de consultoría en línea. Es básicamente la austeridad que propugna el Fondo Monetario Internacional (FMI) como política de Estado y que ya en 2008 se evidenció equivocada y sus consecuencias se han sentido en esta nueva pandemia: los países de Europa tiraron de déficit y Estados Unidos puso en marcha la máquina de hacer dinero, incluso para nacionalizar la automoción. Países como España e Italia, fustigados en aquella crisis y obligados a recortar sus gastos públicos en Sanidad y Educación entre otras cosas, han pagado con creces en el Covid.

Desde los círculos económicos del estímulo de la demanda no acaban de entender que en un mismo plan se plantee incentivar la creación de empleo y por otro lado, se proponga recortar en personal de por sí precario, sin embargo, adelgazar el Estado es el punto número uno del pliego del FMI ante cualquier planteamiento de ayuda. En un país en el que según los datos del propio FMI, más del 70% de la población es informal, vendrá a incidir en el “problema”.

El otro punto que contempla el plan es el de someter a evaluación las “empresas del Estado”, que bajo otros eufemismos camufla un evidente cierre o privatización de algunas unidades de negocio de las conformadas durante los 14 años del MAS.

El cierre o venta de empresas públicas deficitarias o que compitan con otras empresas nacionales sin riesgo de que esas mismas empresas abusen de su posición de mercado al constituirse en monopolio parece coherente siempre que la evaluación sea pública y transparente, pues Bolivia sabe bien qué pasó en la década de los 90 con las privatizaciones y cómo finalmente acabaron en manos de los mismos que impulsaron su “capitalización” y que curiosamente, han vuelto al Gobierno. También es cierto que muchas de esas empresas se crearon al calor de los acontecimientos y para gestionar favores políticos dentro del anterior Gobierno, por ello es necesaria la transparencia. En cualquier caso, no es una medida urgente ni que se pueda consumar en los dos meses que quedan hasta elecciones, por lo que parece más propia de un programa electoral que de un plan de salvataje.

Industrializar

De entre todas las medidas, aquella que tenía un claro cariz ideológico - político era la inclusión en las medidas de la reorientación del crédito del Banco Central de Bolivia, con base en las Reservas Internacional Netas y destinado por ley a la petroquímica de Yacuiba, pero que se pretendía llevar hacia proyectos de empleo y otros, que no estaban precisamente en concurrencia siquiera con la ortodoxia liberal y sus postulados sobre la “hucha” de todos los bolivianos.

El monto era de más de 13.800 millones de bolivianos, es decir, casi la mitad de lo que contempla el plan de reactivación pergeñado por Ortiz, pero que tenía escasas posibilidades de salir adelante en el corto o en el largo plazo, ya que requería de una Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional y una alta traición del MAS a sus principios fundacionales.

En el Chaco sospechaban que la propuesta incluida en el decreto era solo una provocación para poder decir: El MAS traba el desarrollo del país, y, en su momento, criminalizar a Tarija por no ceder la inversión comprometida en su territorio – pero con beneficio para todo el país y daño local – a pesar de ser la “gran agraciada” de la política de regalías.

Los argumentos sobre la industrialización - que mañudamente se contraponen a los de la exportación del gas, cuando en la práctica se trata de una extracción de unos licuables para su utilización mientras que el gas natural sigue fluyendo – se diseñaron en aquellos aciagos Comités Cívicos de principios de siglo, muy preocupados en las regalías y nada en las utilidades.

El principal suele ser que no hay gas, aunque igualmente se pretenden firmar contratos de exportación a largo plazo. El argumento de la falta de energético conlleva revisar las posturas sobre el fracking o la exploración en áreas protegidas.

El otro es que no es rentable por los costos de traslado de cualquier material, como si de China vinieran los plásticos mecidos en las nubes. En Campo Durán, a 50 kilómetros de Bermejo, y en los complejos petroquímicos del oeste de Brasil, se usan los licuables tarijeños desde hace dos décadas sin mayores problemas.

El otro es que no es rentable por los costos de traslado de cualquier material, como si de China vinieran los plásticos mecidos en las nubes. En Campo Durán, a 50 kilómetros de Bermejo, y en los complejos petroquímicos del oeste de Brasil, se usan los licuables tarijeños desde hace dos décadas sin mayores problemas.

Varios de los que siguen de cerca el asunto señalaban que el objetivo de redirigir los 13.800 millones de bolivianos hacia “el empleo” tenía que ver también con los planes de ampliación de la frontera agraria y el uso de semillas genéticamente modificadas. Dos ejes impulsados o protegidos por el Gobierno desde que llegó al poder y que tampoco acaban de encajar en un proyecto transitorio, sino en un plan electoral que debe ser sometido a las ánforas.

Bajo presión o por lo que sea, el Gobierno dio un paso atrás solo tres días después de la publicación del plan de reactivación y mantuvo la planta petroquímica como proyecto con fondos pero sin iniciativa de llevarlo adelante, cosa que está bien en este periodo de transición. Seguramente el asunto volverá a sonar en campaña. Será buen momento para el debate.