Qué quieren los que no quieren elecciones

La fecha de elecciones está confirmada para el 6 de septiembre. Es seguramente una mala fecha, pues tal como va la gestión de la crisis del coronavirus, según los expertos, para esa época probablemente seguiremos en crecimiento exponencial de casos positivos y fallecimientos. Con todo, es la fecha que hay.

El Gobierno interino llegó al poder en noviembre luego de los turbios hechos de octubre y noviembre con la única misión de convocar elecciones, para lo que se entendía necesaria la pacificación. Las primeras apuestas hablaban de una elección inmediata que permitiera incluso tener nuevas autoridades electas el 22 de enero de 2020. El más interesado entonces era Luis Fernando Camacho, que precipitó su postulación con la estela “victoriosa” de noviembre y sus opciones pasaban, precisamente, porque no se rebajara la euforia.

También la Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa creía que la rápida convocatoria le podía ayudar, aunque primó el estilo que impone el líder para este tipo de asuntos: esperar a ver qué es lo que pasa.

El MAS tenía sus bandos, como toda la vida. Los envalentonados querían elecciones inmediatas, los más cerebrales creían que había que dejar pasar el subidón violento y tal vez dejar gobernar en serio para desnudar las limitaciones del Gobierno transitorio para volver a convertirse en la “solución de la estabilidad”. Otros, incluso desde dentro, planteaban ya la disolución del instrumento y su agregación a otros frentes.

De transitorio a candidato

Los únicos que remoloneaban con la convocatoria inmediata eran los miembros del propio Gobierno de Jeanine Áñez, o más concretamente, su círculo de confianza entre los que se cuenta Arturo Murillo, Yerko Núñez y el secretario privado – toda la vida en la embajada de EEUU - Erik Foronda. También el empresario y sempiterno candidato Samuel Doria Medina. Ya por entonces se intuían las intenciones.

El Gobierno transitorio, a través de Óscar Ortiz, lograron consensuar un criterio con la presidenta del Senado Eva Copa, por entonces interesada también en calmar las aguas. La fecha clave quedó fijada para el 3 de febrero, fecha de inscripción de candidatos, mientras que la elección tendría lugar el 3 de mayo.

Para algunos, Áñez tenía perfil de candidata nada más que dijo sí a sustituir a Morales en aquella sesión accidentada y aquel ingreso a Palacio con la Biblia en mano. Para otros, la posibilidad se fue abriendo con el paso de los días y fruto de las reacciones positivas que tuvo entre el “núcleo duro” de los “pititas”. Camacho y Tuto Quiroga eran un manojo de nervios.

En lo que sí hay consenso es que el día que se fulminó a Jerjes Justiniano del Ministerio de la Presidencia – hombre fuerte de Camacho – la decisión ya estaba tomada y no tenía nada que ver con lo de ser abogado de “la manada” o sus escarceos familiares anteriores. Justiniano era de los que más presionaba por acelerar el proceso.

Después vino el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, militarizado unos días antes, y cuyo discurso – que sirvió de parteaguas - vino precedido por una extraña campaña en redes protagonizada por varios Ministros y con un más que evidente: “¿Y si fuera ella?”. Tres días después se presentó como factor de unidad y dijo aceptar la candidatura por el bien del país.

En su presentación estaban los de casi siempre: Los Demócratas de Ortiz y su circunstancial aliado Óscar Montes, que esta vez no se había bajado del barco, facciones del MNR, Revilla y Oliva, que dejaron a Mesa, y una semana después apareció Samuel Doria Medina como candidato a la Vicepresidencia. Lo de la renovación y el nuevo tiempo se había convertido en otra cosa, y la “unidad” volvía a ser una parte, pues ni siquiera estaba Tuto Quiroga además de Camacho y Mesa.

Los primeros sondeos dejaron claro que nada había cambiado y que el MAS seguiría siendo primera fuerza. Ahí llegó el virus y el cielo se abrió en canal para que todos trataran de buscar la misma solución de siempre.

¿Otra oportunidad?

Las aceleradas medidas de cuarentena, que posteriormente se han evidenciado como negligentes en tanto no han servido para contener el virus, obligó al TSE a suspender el calendario electoral y por ende, pedir una nueva Ley que fijara una nueva fecha de elecciones.

El MAS, en su confusión intrínseca, exhibió sus dos tercios para fijar fecha hasta primeros de agosto y hacer enojar a casi todo el mundo, pues “lo peor” del virus no llegaba y se temía que pudiera coincidir con esas fechas. Era primeros de mayo. Un mes después, la mayor parte de los partidos políticos acordaron el 6 de septiembre, y los análisis de que vendrá “lo peor” se retrasaron coincidentemente a esos mismos días.

La agrupación de la Presidenta, Juntos, primero exigió fecha al TSE, y cuando la fijó, dijo que no le gustaba. Áñez ha llegado a asegurar que promulgará la Ley contra su voluntad para que no le digan prorroguista, aunque “para nosotros lo primero es la salud”. Sus contendientes le recuerdan que ella ha firmado el decreto que levanta la emergencia tirando la responsabilidad a alcaldes y gobernadores, amén de lo que pasa con los ítems y los respiradores que nunca llegan, tres meses después.

El otro frente en contra es el de Luis Fernando Camacho, cuarto en las encuestas y cada vez más retrasado, que es el más perjudicado por las nuevas reglas que ha impuesto la pandemia. Camacho habla de salud, pero para diferenciarse, además de apelar a su nicho más caudaloso de votos, ha hecho campaña para reabrir el padrón y permitir el registro de los jóvenes que cumplirán años hasta el 6 de septiembre, y que tal vez estuvieron en las protestas del año pasado y lo recuerdan como líder. Tardó tan poco en conseguir ese punto que ahora señala que también es pertinente permitir que sean elegidos.

Hay quien ve en esta insistencia un intento por paralizar el proceso y volver a foja cero para inscribir candidatos, que al fin y al cabo, permitiría una integración de listas y candidatos en el territorio nacional, es decir, en la práctica, nuevos frentes.

No son las únicas estrategias que parecen encaminarse a paralizar la elección de nuevo, e incluso a bajarla. En los últimos días se intensifica la presión para que se esclarezca el famoso “fraude electoral” y se pidan responsabilidades al MAS, cuya anulación de sigla en este momento provocaría seguramente disturbios, y otra línea que cuestiona a estas alturas la Ley electoral y el reparto de escaños, que como en prácticamente todo el mundo prioriza el territorio sobre las capitales más pobladas y que corresponden a un discurso casi filosófico que no tendríamos espacio para explicar aquí.

De momento, la fecha está fijada y los estrategas se concentran ya en cómo ganar; aunque para algunos, la suspensión sea en sí la victoria soñada.