Presidenta Boluarte presenta sexto informe de gestión

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó este martes el balance de gestión del año 2023 –el sexto de su Gobierno–, acompañada del premier Alberto Otálora y el resto del gabinete.

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Boluarte dijo estar consciente que "el problema central de los peruanos es la inseguridad ciudadana"

En su exposición se enfocó en las acciones del Ejecutivo en materia de gobernabilidad, economía, seguridad y programas sociales.

Gobernabilidad, economía e inversiones

"Recibí un país al borde de un abismo, fragmentado y polarizado", sostuvo Boluarte al inicio de su comparecencia, en la que destacó que en este año se centró en garantizar "la estabilidad democrática" necesaria para gobernar a partir del establecimiento de "un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado".

A este respecto apuntó que el Congreso debe "concluir el debate sobre la reforma, que debe discutir también el modelo político híbrido presidencial-parlamentario y resolver temas constitucionales como la incapacidad moral permanente y la cuestión de confianza".

En términos económicos, aseguró que su Gobierno puso en marcha "un plan de reactivación económica" orientado a "dinamizar la demanda interna" y promover "la agricultura familiar".

"Ha sido fundamental construir un escenario de gobernabilidad con estabilidad jurídica y reglas claras, y afianzar la imagen del Perú como destino de inversiones en el que hemos avanzado en los últimos meses. El 2024 debe ser el año de nuestra economía", sostuvo.

En relación con la inversión pública destinada a mejorar la calidad de vida, refirió que "están en marcha diversos proyectos" para garantizar el acceso al agua potable que hoy le falta a miles de personas, pese a que se trata de "un elemento básico para la vida y la salud".

Criminalización de la protesta y expulsión de migrantes

Boluarte dijo estar consciente que "el problema central de los peruanos es la inseguridad ciudadana". "Soy madre de familia y veo con estupor cómo los hechos de violencia son cada vez más escabrosos, llegándose al extremo de secuestrar a menores de edad", indicó.

En su argumentación atribuyó parte de la crisis de seguridad interna al estado en el que se encontraban las fuerzas policiales cuando asumió el poder.

Empero, la aparente precariedad del cuerpo no impidió que, en su decir, la Policía Nacional ejecutara "más de un millón de operativos", que se tradujeron en la captura de "66.000 requisitoriados" y la desarticulación de 167 grupos delictivos y en la detención de "cabecillas del Tren de Aragua y Los Gallegos".

Adicionalmente aludió al "endurecimiento de las sanciones para quienes bloquean impune y violentamente las carreteras" –"ese delito ahora contempla una severa pena de 10 a 15 años de prisión", agregó–, así como "a la expulsión de extranjeros que cometan actos delictivos en el país y la prohibición de su reingreso" a través de medidas judiciales expeditas. 

Con respecto a los señalamientos sobre la actuación de su Administración en materia de derechos humanos en el contexto de las protestas, argumentó que se había pedido perdón a las víctimas y a sus familiares y se amplió el presupuesto de la Fiscalía "para que pueda investigar aquellos fallecimientos".