Perú: A un año de la destitución de Castillo y la llegada de Boluarte

Hace un año, el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente peruano Pedro Castillo ofreció un mensaje a la nación que cambiaría el panorama en el país andino. Antes de ser destituido en una sesión que ya estaba pactada, disolvió el Congreso y anunció otras polémicas medidas que facilitaron el fin de su mandato.

Casi de forma instantánea el pleno activó la renombrada vacancia presidencial, Castillo fue rápidamente detenido y su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el poder del país, a pesar de que había expresado su "total lealtad" a su compañero de fórmula.

"Mi total lealtad con el presidente Castillo está a prueba de balas. Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente", gritó Boluarte precisamente dos años antes en un acto en Puno, bajo el aplauso de la muchedumbre y del propio Castillo.

Sin embargo, al final las balas fueron disparadas, pero bajo la gestión de Boluarte, quien tuvo que enfrentar masivas manifestaciones desde el mismo mes de diciembre. El resultado: 67 muertes, de las cuales 49 se dieron durante "enfrentamientos" con las fuerzas del orden.

Varias ONGs y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentaron que las 49 personas, varias de ellas provincianas y de orígenes indígenas, murieron a causa de proyectiles de armas de fuego.

"Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos", exhortó la CIDH.

Pese a que la Fiscalía ha identificado algunos policías por estos hechos, hasta el momento ninguno ha sido separado de su cargo públicamente ni tampoco hay sentenciados.

Herida punzante

Cuando el profesor rural cajamarquino superó en 2021 a la excongresista, exaspirante presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, muchos en Perú y América Latina leyeron el triunfo electoral como una reivindicación del "Perú profundo" contra el 'statu quo' de Lima.

Pero la dicha fue pequeña: cuando esos miles de personas de la sierra, de la costa o del sur peruano vieron al exmandatario tras las rejas, con Boluarte en el Palacio de Gobierno, la ira aumentó. Si con Castillo las manifestaciones antigubernamentales eran mayormente limeñas, con Boluarte la tendencia cambió.

En el último año departamentos como Puno, Arequipa o Ayacucho han encabezado las concentraciones. Durante meses se instaló el apelativo 'Toma de Lima', como parte de las movilizaciones desde las regiones hasta la capital, centro neurálgico del poder desde la época virreinal.

"La impronta golpista"

"Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de derecho, a la institucionalidad", aseveró Boluarte un día antes de la tercera 'Toma de Lima', en julio pasado. "Y nosotros, como Gobierno democrático, no lo vamos a permitir, ni aceptar", añadió.

Un año después de su accidental llegada al poder, Boluarte cuenta con la aprobación más baja de las dos últimas décadas, con un 11 % registrado en noviembre.

La mano derecha de Boluarte, el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, conmemoró el primer aniversario de "la impronta golpista" y la asunción de Boluarte. "Mi reconocimiento sincero a los hombres y mujeres que, día a día, construyen un Perú más justo y democrático, priorizando la institucionalidad", escribió en las redes sociales.

Casi todo el 2023 la mandataria y sus ministros se dedicaron a criminalizar las protestas, inclusive con mensajes antiprovincianos, en medio de una represión estatal denunciada tanto a nivel local como internacional. "Puno no es el Perú", declaró Boluarte a menos de dos meses de haber asumido el cargo.

Un informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) del mes pasado mostró una "demanda mayormente fuera de Lima Metropolitana": el 41 % de la población desea diálogo entre las autoridades y el pueblo para llegar a un acuerdo.

Visión sobre Castillo

Otras encuestas también han revelado un pesimismo mayúsculo en Perú, tanto que para el 58,3 % de las personas consultadas a mitad de año, el Gobierno de Boluarte es peor que el de Castillo.

"Objetivamente hay algún sustento para [pensar] eso", contestó el analista político José Carlos Requena. "La situación económica es peor, aunque también por desórdenes en el Gobierno de Castillo, como la gran fuga de capitales que hubo", apuntó.

El experto considera que "el contexto internacional es más complejo" ahora que cuando gobernaba Castillo (2021-2022), en la misma línea de lo esbozado por el Ejecutivo, que ha mencionado el ciclón Yaku o el fenómeno del Niño como causas del declive de la economía peruana.

Además, en múltiples ocasiones, Boluarte ha responsabilizado al exdignatario por los problemas que aquejan actualmente a la nación latinoamericana, aunque el paso del maestro rural por el poder fue relativamente breve.

"Actos obscenamente nulos"

Castillo también cumple un año privado de libertad. La justicia peruana determinó 36 meses de prisión preventiva contra él por ser el presunto líder de una organización criminal y otros 18 meses por presunta rebelión y conspiración.

Su controvertido discurso llevó a varios de sus ministros a abandonarlo en su hora aciaga, mientras especialistas pedían su encarcelamiento. No obstante, también existe un sector que denuncia incumplimiento del debido proceso.

"El proceso constitucional de vacancia en su contra tiene vicios de nulidad insalvables. No hay forma alguna de convalidar ese acto", subrayó Edison Tito Peralta, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Peralta aseguró que "son actos obscenamente nulos" e indicó que "no se cumplieron los requisitos de votación ni el derecho a la defensa", que "son derechos humanos básicos".

Además, consideró que se trata de una "vejación, un atropello desde el punto de vista jurídico". Una postura que los jueces peruanos han desacreditado en cada audiencia.

"Desde el día uno, Castillo tuvo en contra a todos los poderes porque representaba simbólicamente al indigenismo peruano, a las clases pobres", agregó Peralta a RT.

El Parlamento peruano presentó una oposición férrea contra el profesor rural, que contempló un intento fallido de vacancia presidencial y negatorias de salida del país, entre otras medidas.

Pocos podían imaginar que la mujer que fue la número dos de Castillo, que también era integrante del partido izquierdista Perú Libre, terminaría respaldada por ese Congreso de la República.

"El Perú ha cambiado en términos de equilibrio político porque hemos estado en años recientes en una tensión constante entre Ejecutivo y Legislativo. Ahora no hay nada de eso", expresó Requena.

En su opinión, compartida por gran parte de analistas en Perú, "más bien hay un cogobierno, sin duda, un pacto tácito de permanencia".

En sus primeros días en el puesto, la presidenta se había mostrado a favor de un adelanto de elecciones, pero cuando los legisladores votaron en contra, cambió el discurso y enfatizó que completaría el mandato, hasta 2026, por el cual fue votado Castillo.