28J: El derecho a vivir sin miedo
Bolivia mantiene pendientes debates esenciales sobre derechos civiles: ninguna convicción religiosa, política o cultural puede justificar la discriminación entre ciudadanos iguales
Cada 28 de junio se conmemora en todo el mundo el Día del Orgullo, una fecha que sigue despertando debates intensos, adhesiones entusiastas, rechazos viscerales y no pocas incomodidades culturales. En sociedades como la boliviana, profundamente diversas, tradicionalistas en muchos aspectos y todavía atravesadas por tensiones entre lo religioso, lo político y lo civil, esta jornada suele convertirse en terreno fértil para discusiones que muchas veces olvidan lo esencial.
Y lo esencial es bastante sencillo.
Todavía hoy miles de personas siguen enfrentando discriminación, exclusión social, violencia verbal, agresiones físicas e incluso limitaciones institucionales simplemente por ejercer algo tan elemental como su libertad de amar y construir un proyecto de vida en coherencia con quienes son.
Ese hecho, por sí solo, explica por qué esta fecha sigue siendo necesaria.
Idealmente, una sociedad verdaderamente democrática no necesitaría dedicar un día específico a reivindicar que ninguna persona debe ser perseguida, humillada o violentada por razones vinculadas a su orientación sexual o identidad personal. Debería tratarse de una discusión superada, como progresivamente ha sucedido en buena parte del mundo, donde la convivencia ha terminado imponiéndose por encima de prejuicios históricos que durante décadas parecían inamovibles.
Bolivia, sin embargo, sigue arrastrando importantes asignaturas pendientes.
Más allá del reconocimiento social — siempre desigual y muchas veces condicionado por el entorno familiar, económico o cultural — persisten debates fundamentales vinculados a derechos civiles que tarde o temprano deberán ser resueltos con seriedad institucional. No es razonable que discusiones vinculadas a libertades individuales sigan bloqueadas por consideraciones de naturaleza religiosa cuando en cualquier democracia madura el principio resulta claro: Iglesia y Estado son esferas distintas, ambas legítimas, pero no intercambiables.
Tampoco resulta saludable que la nueva ola conservadora que recorre buena parte del mundo termine justificando discursos discriminatorios bajo el argumento de defender determinados valores tradicionales. Toda sociedad tiene derecho a debatir sus principios culturales, por supuesto, pero ninguna convicción ideológica puede servir de excusa para negar dignidad o igualdad básica a otros ciudadanos.
Al final, esta jornada no debería entenderse como una celebración exclusiva de una comunidad específica ni como una provocación cultural.
Se trata, simplemente, de recordar algo que toda democracia debería garantizar sin discusión: que ninguna persona merece vivir con miedo por el simple hecho de ser quien es.
Quizá el mejor futuro posible sea precisamente ese en el que este día deje de ser necesario.
Pero mientras siga habiendo ciudadanos discriminados por ejercer su libertad más íntima, seguirá existiendo una razón legítima para recordarlo.
