Disparos, bloqueos, elecciones
La situación social y económica tiende a deteriorarse y casi todos los actores ya han dicho lo que tienen que decir, en consecuencia, parece oportuno darle la voz al pueblo antes de que la sangre
Los hechos denunciados por el expresidente Evo Morales revisten de una gravedad extraordinaria y merecen de una condena absoluta paralela a la exigencia de una investigación profunda sobre los hechos, pues la relevancia política o el criterio de oportunidad no pueden ocultar ni desviar la atención del principal mandato constitucional y cristiano, que es el de proteger la vida.
De una u otra forma se deben encontrar las fórmulas para esclarecer lo sucedido, sea esto un montaje para desviar la atención sobre las nuevas denuncias de índole sexual como aseveran los enemigos políticos del expresidente, sea un operativo militar – policial fallido ordenado desde las más altas instancias del Estado, como denuncian los partidarios del mismo.
Los hechos denunciados por el expresidente Evo Morales revisten de una gravedad extraordinaria y merecen de una condena absoluta paralela a la exigencia de una investigación profunda
El precedente sentado tras el surrealista “golpe de Estado” de junio no ayuda, pero la posibilidad de que la persecución acompañada de disparos haya formado parte de un operativo del Estado causa zozobra y ya hay un precedente: la aprehensión de Luis Fernando Camacho a finales de 2022 también estuvo acompañada de grandes dosis de violencia.
El asunto ha tenido una respuesta internacional contundente, sumando condenas y palabras solidarias con el expresidente Morales no solo desde la izquierda, sino también desde diferentes instituciones, y el propio presidente Luis Arce ha instruido una investigación, que debería dar resultados rápidamente. O no. El Estado de derecho en Bolivia hace tiempo que dejó de ser un Bien Público y la confianza popular en sus actuaciones es mínima.
Dicho esto, cabe volver a la reflexión que nos ocupa desde hace ya varias semanas y que no es otra que la urgente necesidad de aplicar criterios racionales y democráticos para resolver una crisis que es exclusivamente de un partido político pero que está afectando por demás a todas las instancias de la sociedad, que enfrenta una fuerte crisis económica, pero también de valores y de credibilidad. La sensación de desamparo crece y nadie debería creer que puede provocar una convulsión controlada, porque justamente afecta a la definición misma de los estallidos.
Todo está conectado, pero cada cosa debe ser ponderada en su medida. El ministerio Público investiga acusaciones de estupro y trata de menores por parte de expresidente Evo Morales que hasta hoy no ha negado y por las que ha rechazado ir a testificar, aunque cabe señalar que hasta que no se le abra un proceso no se le puede considerar imputado. Al mismo tiempo, los partidarios de Evo Morales respaldan un bloqueo concentrado en Cochabamba que sobre todo tiene por fin protegerlo y también velar por su candidatura electoral de 2025, pues nadie puede considerar que dos semanas de cierre contribuyen en nada a mejorar una situación económica controvertida.
Es evidente que el Gobierno está dedicando demasiados esfuerzos en enfrentar a su rival en el partido – aunque luego voten juntos al Fiscal – y el país está pagando las consecuencias. Y es evidente que todo el interés es electoral, ni siquiera político.
Tal vez la única decisión tomada en este año por los actores políticos en conjunto ha sido la de suspender las primarias, justamente el único instrumento que había para resolver esta trifulca por la vía que corresponde y por la que necesariamente, por el bien de todos, se tendrá que resolver: por las ánforas.
El escenario es complejo, la situación social y económica tiende a deteriorarse y casi todos los actores ya han dicho lo que tienen que decir, en consecuencia, parece oportuno darle la voz al pueblo antes de que la sangre de los bolivianos vuelva a teñir las carreteras y plazas.
